Martes 21 de octubre de 2014 Edición del día
El kirchnerismo tiene intención, nuevamente, de pasar "gato por liebre". El proyecto de ley de hidrocarburos es presentado como un importante paso hacia la "soberanía petrolera". Pero en los hechos no es más que un enorme favor a las principales multinacionales del mundo de los hidrocarburos, sedientas de fracturar la Vaca Muerta.
En abril de 2012, con pleno déficit energético tras años de saqueo, de explotación sin exploración de nuevos pozos, y sin el más mínimo control del Estado sobre operadoras petroleras, la presidenta anunció la "nacionalización" del 51% de las acciones de YPF. En el discurso, CFK (quien junto a Néstor impulsó fervientemente la privatización noventista) declaró: “…el modelo que hemos elegido no es un modelo de estatización, que quede claro, es un modelo de recuperación de la soberanía y del control de un instrumento fundamental, porque seguimos conservando la forma de sociedad anónima, seguimos funcionando de acuerdo a la ley de sociedad privada…”.
Al año siguiente, quedó claro a qué se refería CFK. Pinchando el globo a los que se habían entusiasmado con la "mística ypefiana", YPF S.A. selló un acuerdo con cláusulas secretas con la heredera de la Standard Oil: Chevron Corporation. La empresa estadounidense, cuarta en el ranking petrolero mundial, sería la primer gran inversora para explotar por medio del fracking la formación Vaca Muerta. La Chevron fue recibida con una manifestación de repudio de unas 5.000 personas en Neuquén, y con alfombra roja y sonrisa de empleado del mes de McDonald’s del cipayismo criollo.
En ese entonces la Corte Suprema de Justicia rechazó un embargo (aceptado en primera y segunda instancia) que pesaba sobre la empresa por el enorme daño ambiental en Ecuador. Pero la mayor concesión la hizo la propia CFK: en un hecho inédito, 24 horas antes del acuerdo YPF S.A. - Chevron, firmó el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 929, por el que se creó un "Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos". Ese decreto, el precursor de la nueva ley, establecía jugosos beneficios para las empresas que invirtieran más de 1.000 millones de dólares. ¿Habrá rezado CFK un "patria o buitres" aquella noche?
Al frente de la Sociedad Anónima YPF (donde conviven como accionistas los "buitres buenos" como Soros o Slim, con los "malos", como el Black Rock o el Third Point), el gobierno puso nada menos que a Miguel Galuccio, la estrella de Halliburton. Halliburton es una de las más poderosas empresas de servicios petroleros del mundo. En 2005 consiguió que el Congreso de los Estados Unidos apruebe una modificación a la ley sobre política energética, que redujo la capacidad de regulación del Estado sobre las empresas, logrando que no fuera necesaria la información sobre los fluidos tóxicos utilizados en el fracking. Se la conoció como "Enmienda Halliburton".
El 27 de febrero de 2014, el gobierno da un nuevo revés contra los ilusionados "ypefianos". Lejos de los dichos de de Vido y Kiciloff, la española Repsol no sólo no pagó por el saqueo, agotamiento de reservas y desastre ambiental con que arrasaron los pueblos petroleros, sino que recibió el "premio" de una indemnización que costará entre 5.000 y 10.000 millones de dólares.
En mayo de este mismo año, el Subsecretario de Energía de los Estados Unidos, Daniel Poneman, se reunió en nuestro país con la propia CFK, el Jefe de Gabinete Capitanich, los ministros de Planificación y Economía, de Vido y Kiciloff, entre otros (como el rionegrino al frente del bloque del FpV Pichetto, y el "petrolero" del MPN, Guillermo Pereyra). Poneman vino a poner las condiciones: el acuerdo con la Chevron sería el piso. Así se apuró el debate sobre la nueva ley.
Tras meses de disputas por las migajas, en septiembre el gobierno nacional y los gobernadores de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) acordaron el proyecto de ley que esta semana se tratará en Diputados.
Como ya se ha dicho en Izquierda Diario, se trata de una entrega con pocos precedentes. Los beneficios del Decreto "Chevron" (929), se extienden a todas las empresas que inviertan, ya no 1.000, sino 250 millones de dólares. Así, desde el tercer año, podrán disponer libremente de un 20% de su producción, sin ninguna alícuota, (y un 60% en el caso del off shore), y girar ganancias a sus casas matrices. La ley extiende las concesiones a 35 años para el no convencional, pero con la posibilidad de prorrogarlas 10 años más. Pone un tope de 12% para las regalías. Permite a las empresas que tengan concesiones de explotación convencional, solicitar la ampliación de la concesión a los no convencionales. Y por si fuera poco, en medio de la disputa con los buitres, la ley prorroga la jurisdicción en tribunales internacionales de Estados Unidos y Francia, dos de los países de origen de las empresas que invierten en Vaca Muerta.
La ley, que beneficiará, entre otras, a la Chevron, Total, Exxon, Shell, British Petroleum, Halliburton, Schlumberger o Baker Hughes, no establece ninguna modificación en lo que hace a la protección ambiental, como se había anunciado. Se generaliza, así, el método del fracking o fractura hidráulica, cuestionado en todo el mundo por el devastador impacto socio - ambiental que produce. Prohibido en Francia, en distintos estados de Estados Unidos, y hasta en 30 municipios de la Argentina, el fracking utiliza millones de litros de agua dulce que, mezclados con arena y cientos de compuestos químicos, sirven para fracturar la "roca madre", generadora de hidrocarburos (en este caso, la formación Vaca Muerta es la principal). El fracking desplaza comunidades originarias. Contamina el suelo, el aire y el agua. Las enfermedades humanas por contaminación mediante este método, van desde el cáncer, hasta problemas respiratorios, daños cerebrales, desórdenes neurológicos, hipersensibilidad a químicos, entre otras.
La apuesta pragmática a los no convencionales es, además, una apuesta a redoblar la dependencia en nuestro país de los combustibles fósiles (en más de un 90%), en detrimento de la necesaria diversificación tendiente a energías limpias y renovables, de gran potencial en el territorio nacional.
En el Congreso, la única alternativa al proyecto entreguista del gobierno, es el proyecto de ley presentado por el diputado Nicolás del Caño, del PTS en el Frente de Izquierda, que propone la nacionalización de toda la industria hidrocarburífera bajo gestión de los trabajadores. De aprobarse, el proyecto oficial no sólo hipotecará el futuro económico y energético, sino también la salud y el bienestar del pueblo trabajador, que verá pasar el "boom" con penas y sin glorias.
