Política Uruguay

OPINIÓN

Un nuevo episodio de una crisis que parecía cerrada

Cuando parecía cerrarse el capítulo de confrontación y tensiones entre el Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas, surge un nuevo episodio que nuevamente pone en cuestión la relación entre el gobierno y la oficialidad. Enfrentamiento entre Presidencia y Defensa por las omisiones ¿quién dice la verdad?

Martes 2 de abril | 12:53

El mes pasado la crisis de Manini Ríos evidenció la necesidad de intervenir en política de sectores importantes de las Fuerzas Armadas. Este, es un nuevo episodio de una crisis con una institución del estado que, si bien se preservó de intervenir en política desde el fin de la dictadura, fue ganando paso a paso posiciones en el régimen político a tono con su propia impunidad.

Los dirigentes de los distintos partidos del arco político apoyaron la decisión presidencial, aunque le reprochan a Vázquez su omisión al no leer lo que estaba firmando. No importa si son partidos que han defendido la impunidad desde el principio. Este apoyo surge de la necesidad de mostrar a la ciudadanía que los principales partidos “no defienden esas prácticas” (las declaradas por Gavazzo y las faltas del Tribunal) y también de mostrarse un tanto despegados de las ambiciones de las Fuerzas Armadas que ya en tiempos de Manini Ríos había comenzado a trazar un discurso con cierta línea divisoria entre políticos y militares.

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Desde las filas del gobierno se encargaron insistentemente en afirmar que el presidente no conocía el contenido de las actas del fallo al momento de homologarlo. Habrá que ver. Permítasenos el beneficio de la duda. Es difícil poder confiar en la palabra de un gobierno que tuvo a Fernández Huidobro como Ministro de Defensa. Por lo pronto, nos queda que desde el Ministerio de Defensa se alega que Vázquez siempre tuvo en su poder la información sobre las declaraciones de Gavazzo. En la jornada de hoy también se conoció en febrero Menéndez y sus dos abogados concurrieron con el expediente a Presidencia, donde habrían recomendado hacer la denuncia penal. Basta ver las declaraciones del secretario de la Presidencia Miguel Ángel Toma publicadas en El País, donde es incapaz de contestar las preguntas del periodista de forma coherente.

La imagen del octogenario inepto que actuó de buena fe que el entorno presidencial intentó construir, en pocas horas podría ser sustituida por la del político fríamente calculador, dotado de un cinismo como pocos.

La conclusión lógica que surge de esto último es que el gobierno en conocimiento de las declaraciones de Gavazzo apostó a que se mantuviera el secreto. La filtración de las actas en los medios de prensa con el contenido sanguinario de las declaraciones, plantearon la necesidad de tomar la decisión que se tomó. Es decir, no fue una medida producto de un giro a izquierda del gobierno en materia de DDHH, sino como respuesta de contragolpe a una situación (la designación de José González) que ya se había tornado escandalosa e impresentable.

De paso, y en el marco de la campaña electoral el Frente Amplio y el Poder Ejecutivo intentaron utilizar la crisis a su favor. El desenlace con el descabezamiento de la cúpula militar puede ser leído como un guiño a las bases sociales de izquierda que aún sostienen al gobierno y que en este tema no ha tenido muchos argumentos para su defensa.

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Este nuevo episodio nos vuelve a plantear la interrogante: ¿para qué sirven las Fuerzas Armadas? En un país pequeño, sin hipótesis de conflicto serias y sin un rol geopolítico de relevancia, las Fuerzas Armadas en tiempos de “paz” quedan reducidas a ser un mero aparato de decoración. Fue en los momentos de la historia donde la situación social y política no podía ser contenida por los márgenes del régimen democrático, que se recurrió a las Fuerzas Armadas para garantizar la represión interna persiguiendo, asesinando, torturando, violando y desapareciendo activistas sindicales o estudiantiles. Las razones por las que no se ha desmantelado política y organizativamente a la institución militar está, por un lado en su defensa férrea de su interés como casta (y con políticos que han luchado por ellos a “brazo partido”, desde García Pintos a Huidobro), y por otro a la necesidad de las clases dominantes de nuestro país de mantener un aparato profesional preservado y re prestigiado para cuando se vuelva a plantear la hipótesis de conflicto con “enemigos internos”.

Por último. En la declaración del día de ayer Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos plantea un punto importante: “5 – Visto lo anterior confirmamos una vez más que es completamente improcedente e inaceptable la creación de una “Guardia Nacional” integrada por efectivos de estas mismas Fuerzas, que han expresado claramente cuál es su moral y su concepción del deber que tienen con la ciudadanía; según la propuesta que se plebiscitará este año.” Dada también la extraña concepción de “honorabilidad” de las FFAA, resulta cada vez más importante alertar más claramente sobre los peligros de la creación de esta Guardia Nacional que se impulsa desde la campaña “Vivir Sin Miedo”. Los allanamientos nocturnos ya configuran un retroceso de nuestras libertades democráticas, sea bajo el gobierno que sean. ¿Se imagina el lector si los allanamientos los realiza la fuerza que absuelve a Gavazzo?






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