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Red Internacional

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal admitió los recursos extraordinarios presentados por las querellas de soldados torturados durante la guerra, cuestionando así un fallo anterior que había declarado prescriptos estos delitos. Ahora, es el turno de la Corte.

Gloria PagésHermana de desaparecidos | CeProDH | @Gloria_Pages

Viernes 15 de octubre | Edición del día

Se están por cumplir quince años de las primeras denuncias en los Tribunales Federales de Tierra del Fuego por parte de excombatientes que fueron torturados por sus jefes durante la guerra de Malvinas. La causa sufrió todo tipo de obstáculos y todavía están impunes los militares que estaquearon a la intemperie, que enterraron vivos y cometieron todo tipo de vejámenes contra jóvenes soldados que combatieron en las heladas islas, a casi 40 años de la guerra.

En mayo de este año, Casación Penal aceptaba el pedido del militar Jorge Oscar Ferrante, y le daba la razón considerando que los delitos cometidos contra su tropa no debían investigarse como crímenes de lesa humanidad. Ese fallo, firmado por los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña –la jueza Ana María Figueroa votó en disidencia- hizo peligrar toda la causa y sentó un precedente de impunidad.

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Ferrante en 1982 era oficial del Regimiento de Infantería 5 y estaba imputado de apremios ilegales y sometimiento a la tropa y quedó al borde del sobreseimiento.
Ante esto, las querellas de los exsoldados Oscar Torres, Carlos Raymundo Rodas, Jorge Ramón Diez y Oscar Orlando Frías, a cargo entre otros de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas La Plata (Cecim) insistieron con un recurso extraordinario federal, que acaba de ser resuelto por la misma Cámara de Casación favorablemente.

Entre esos hechos denunciados se describen aberraciones como estaqueamientos de soldados a la intemperie por prolongados lapsos, en algunos casos sin abrigo ni zapatos; el enterramiento de pie en pozos que las mismas víctimas debían cavar, golpizas y la deliberada falta de provisión de elementos de subsistencia.

"Los agravios expuestos en los recursos extraordinarios federales resultan suficientes para habilitar al debate de una cuestión federal al vincularse con la interpretación y alcance del derecho penal internacional y humanitario de investigar presuntos delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura y graves violaciones a los derechos humanos", sostuvo en su reciente voto la jueza Figueroa.

Agregó en su fundamento que: “se está frente a un caso en donde dada la alegada gravedad y naturaleza de los eventos objetos de pesquisa, el Estado Argentino se encuentra obligado a continuar con las investigaciones, enjuiciar y sancionar a los responsables por imperio constitucional, convencional y de jus cogens (arts. 75 inciso 22 y 118 Constitución Nacional), por lo que no pude soslayarse dicha responsabilidad internacional hasta tanto no se descarte de manera definitiva que los ilícitos denunciados no son delitos imprescriptibles; lo que habilita la jurisdicción extraordinaria del Máximo Tribunal.”

A partir de ahora el Máximo Tribunal deberá expedirse sobre la cuestión de fondo y determinar si se trata de delitos imprescriptibles y, en consecuencia, señala la querella dela CPM, “que el Estado argentino continúe con la obligación de investigar y condenar a los responsables de estos crímenes”.




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