La sala quinta del STJ (Tribunal Superior de Justicia), que se reunió en el día de ayer para analizar el recurso del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, decidió reducir la pena de Lula de 12 años y 1 mes a 8 años, 10 meses y 20 días.
Miércoles 24 de abril de 2019 | Edición del día
De acuerdo con la pena fijada, Lula tendrá que cumplir 17 meses antes de ir al régimen semi abierto. La mayoría de los ministros también votó por la reducción de la multa de reparación, inicialmente fijada en R$ 29 millones, para R$ 2,4 millones (valor del departamento).
El STJ podría decidir entre mantener la pena tal como fue fijada por el TRF-4 (Tribunal Regional Federal número 4 ), anular la condena, determinando la liberación del ex presidente, o aceptar parcialmente el recurso y reducir la pena del ex presidente, que fue lo que ocurrió.
En el caso de Lula, el TSE (Tribunal Superior Electoral) vetó su candidatura arbitrariamente y las decisiones del STF (Supremo Tribunal Federal) lo mantuvieron preso, negando su libertad.
El STJ reafirmó los atropellos del autoritarismo judicial, haciéndose eco del autoritarismo de la Lava Jato que lograron la detención de Lula, el TSE que vetó su candidatura arbitrariamente y las decisiones del STF que lo mantuvieron preso.
El STJ mantuvo en prisión a Lula por medio de un proceso completamente desvirtuado, sin pruebas, pasando por encima de los derechos elementales y acelerando todos los plazos para sacar a Lula de la disputa presidencial y dar continuidad al golpe institucional de 2016.
En contra del autoritarismo judicial, defendemos la libertad inmediata de Lula, sin embargo, no prestamos ningún tipo de apoyo político al PT, que hasta ahora se ha arrodillado ante el autoritarismo judicial y prepara una estrategia de derrota ante la reforma previsional, fragmentando y desmoralizando a los trabajadores a través de la CUT (Central Única de Trabajadores, dirigida por el PT) y de la CTB (dirigida por el PCdoB).
Es necesario rechazar todos los ataques judiciales contra derechos democráticos de la población. Estos ataques tienen el objetivo central de debilitar las posiciones de los trabajadores en el interior de un régimen político más endurecido, dificultando la organización sindical y las huelgas a fin de descargar crisis capitalistas sobre los trabajadores, comenzando con la reforma previsional.
Como afirmamos en otros artículos, desde el MRT y la Izquierda Diario, el autoritarismo judicial sólo puede ser combatido con un programa anticapitalista. En contra de esta democracia manipulada por juicios políticamente interesados, es preciso defender que los jueces sean elegidos por el pueblo, revocables en cualquier momento y reciban el mismo salario de una profesora, aboliendo sus fondos auxiliares (como el grotesco auxilio-vivienda). Para acabar con la burla de empresarios y políticos corruptos, que afecta a todos los partidos dominantes, todos los juicios por corrupción deben ser realizados por jurados populares, aboliendo los tribunales superiores.
Esta lucha debe estar vinculada al no pago de la deuda pública y la nacionalización de los bancos, del comercio exterior y de los recursos estratégicos de la economía bajo control de los trabajadores, así como la estatización bajo gestión de los trabajadores de todas las grandes empresas de infraestructura, para que los capitalistas paguen por la crisis.
