Vacunas

Richmond, Figueiras y Sputnik V: lucrando en privado con recursos públicos

Mientras aumenta la crisis pandémica, para unos pocos la salud se convierte en el mejor de los negocios. Richmond aumentó el valor de sus acciones en la bolsa de comercio luego de recibir créditos del Estado por más de $ 29 millones para producir la vacuna ¿Por qué es hora de liberar las patentes y declarar de utilidad pública los laboratorios?”

Mirta Pacheco

@mirtapacheco1

Celeste Vazquez

@celvazquez1

Miércoles 21 de abril | 15:04

El pasado lunes Laboratorios Richmond comunicó que fabricó 21.000 dosis de prueba de la vacuna Sputnik V que fueron enviadas a Rusia para su aprobación. Una vez que esto suceda, en junio podrían comenzar con la producción masiva.

Asesora presidencial Cecilia Nicolini, ministra Carla Vizzotti y Marcelo Figueiras en Laboratorios Richmond

Con un crédito del Ministerio de Desarrollo Productivo de $29.978.089 más la transferencia tecnológica del Instituto Gamaleya de Rusia, Richmond adelantó la fecha prevista de producción. El Gobierno nacional también le facilitó la importación de equipamiento y se comprometió a otorgarle asistencia financiera por otros $13 millones. Richmond tuvo más suerte aún: sus acciones de la Bolsa de Buenos Aires crecieron en minutos un 38%.

Esta no es la primera oportunidad que tiene Richmond de hacer negocios en pandemia. En el 2009, bajo la presidencia de Cristina Kirchner, fue uno de los cuatro laboratorios elegidos por el Gobierno nacional para producir Oseltamivir, una droga que se importaba y fue utilizada para combatir la gripe A. En ese momento, obtuvo una licitación para proveer al Estado nacional con 50 millones de dosis de dicha droga por un total de $250 millones.

Pero sus negocios no empezaron con las pandemias. Veamos un poco de su historia.

Laboratorios Richmond Sacif tiene su origen en una farmacéutica fundada en 1935. En 1970, bajo la dictadura militar de Onganía, cambió su nombre a Laboratorios Richmond y comenzó a producir y vender productos hospitalarios.

A lo largo de los años fue adquiriendo licencias exclusivas de medicamentos que se convirtieron, muchos de ellos, en únicos tratamientos para distintas enfermedades cardiovasculares, VIH Sida y neuronales, entre otras. Hoy tiene el monopolio de muchos medicamentos y decide a qué precio la población, que tiene alguna de esas patologías, debe adquirir remedios imprescindibles para su vida.

Su presidente es Marcelo Figueiras, un empresario de muy buenos vínculos con el kirchnerismo. En Argentina, tiene una planta en el Parque Industrial de Pilar -zona norte de la Provincia de Buenos Aires- y dos oficinas en la Ciudad de Buenos Aires.

En el 2019 comenzó la construcción de una segunda planta en el mismo predio. Tiene filiales en Colombia, Chile y Paraguay y está a punto de tener operativas una planta en México y otra en Brasil, además de tener presencia en 20 mercados internacionales con "socios estratégicos" -como es el caso del laboratorio Hetero Labs - que comercializan sus productos. El último balance público de esta empresa indica que tenía en ese mismo año (2019) un patrimonio neto de más de $2.050 millones y ventas por por $3.568 millones (un 17% más que el año anterior).

En 2011 recibió un crédito del Banco Industrial de Comercio Exterior -BICE-, a cargo del Ministerio de la Producción, destinado a la construcción de una de sus plantas. El dinero otorgado, representó un 40% de la inversión necesaria. Cristina Kirchner, que en ese momento ejercía la presidencia, participó del acto de inauguración en el cual destacó las altas ganancias del sector farmacéutico.

El Estado como fuente de ganancias...del sector privado

A través de las 80 marcas que posee ha sido beneficiado con licitaciones públicas y contrataciones directas del Estado nacional y de la Ciudad de Buenos Aires desde hace más de 20 años.

Desde este medio realizamos un pedido de acceso a la información pública al Ministerio de Salud con el objetivo de conocer el detalle de las mismas y si había devuelto el crédito del BICE, sin embargo al momento de la publicación de esta nota (después de un mes) no hemos recibido respuesta.

Por la información a la que pudo acceder este diario*, solo desde el 2015 Richmond obtuvo un total de 35 licitaciones y 26 contrataciones directas por parte de ambos Estados por un total de $ 2.606 millones

Pero, este dato es engañoso. Porque Richmond, a través de una empresa subsidiaria llamada Fidufar S.A está vinculada (mediante participaciones accionarias, compartir socios o integrantes de Directorios, etc) con otras 23 empresas, de las cuales la gran mayoría se dedican a la producción de medicamentos y a la industria farmacéutica.

Además, casualmente -o no tanto- en muchas oportunidades esas empresas fueron beneficiadas en las mismas licitaciones en las que se presentó Richmond. Estamos hablando de pesos pesados dentro de esta industria como Laboratorios Elea, Bago, Roemmers y Andrómaco, entre otras.

Licitación pública, año 2020. Fuente Nosis

A lo largo de estos seis años, se repitió este sistema mediante el cual pocas empresas se garantizan altas chances de ganar millones de pesos. Y si a eso le agregamos las contrataciones directas en las que ni siquiera tienen adversarios contra los cuales competir, el negocio es redondo.

Contratación directa, año 2019. Fuente Nosis

En 2008 y 2009, Richmond fue objeto de dos denuncias que luego no se investigaron hasta el final. Por un lado, por venderle al Estado medicamentos que, según un expediente de la Auditoría General de la Nación “no cumplían con disposiciones de la autoridad sanitaria en la materia” ( informe de ANMAT Nº 478 del 05/05/05 y resolución Nº 46/03 de la Secretaría de Políticas y Relaciones Sanitarias). Por otro lado, quedó envuelto en la causa conocida como la“mafia de los medicamentos”. Sus oficinas fueron allanadas en el marco de una investigación por compras irregulares que realizó el Estado de la droga oseltamivir. A pesar de que existieron escuchas telefónicas en las que un gerente del laboratorio se ponía de acuerdo con otros empresarios para vender más caro esa droga, Figueiras nunca fue llamado a declarar por el ex juez Norberto Oyarbide, que en ese entonces llevaba la causa.

¿Quién es Marcelo Figueiras?

Es el dueño mayoritario de Richmond y además presidente de su directorio. Tiene intereses en el rubro de las aseguradoras como Fianzas y Créditos S.A. y Compañía Aseguradora del Sur S.A. -de las cuales es parte de su directorio- y también en la banca.

Con la presidencia de Néstor Kirchner pegó un salto su relación con los políticos del régimen y funcionarios, lo que terminó de afianzarse durante los gobiernos de Cristina Kirchner. Seguramente ayudó para eso su matrimonio, en el 2013, con la ex senadora peronista María Laura Leguizamón, una de las impulsoras de la reforma laboral neoliberal del menemismo y hoy muy cercana a Cristina.

Este empresario también tuvo un breve paso por medios de comunicación, cuando en 2010, como socio local del español Grupo Marsans -aquel que saqueó a Aerolíneas Argentinas y la dejó endeudada en casi mil millones de dólares-, compró el 22% del paquete accionario del diario Crítica. Pocos meses después de esa adquisición el diario se presentó en concurso de acreedores, mientras su fundador Jorge Lanata abandonaba el barco, dejando un centenar de trabajadores en la calle.

Sus buenos vínculos y que Richmond sea un proveedor privilegiado del Estado, le permiten tener asegurada la renovación de las patentes de toda su producción farmacológica.

En los últimos años, Figueiras formó parte de los directorios de otras 12 empresas de las cuales 7 pertenecen a la industria farmacéutica que también se alzaron con licitaciones y contrataciones directas de medicamentos.

Liberen las patentes, un reclamo que crece

A más de un año de iniciada la pandemia, uno de los principales problemas es la dificultad en el acceso a las vacunas, sobre todo en los países más pobres.
Solo el 11 % de la población mundial estaba vacunada, y de ese porcentaje, el 83 % pertenece a países ricos.

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¿De quién es la responsabilidad de que esto suceda? De un puñado de monopolios farmacéuticos -que hoy son los dueños de las vacunas existentes- y de los Estados imperialistas que tienen la política activa de que esa producción quede en manos privadas y en sus países.

Para estos capitalistas que lucran con la salud, el negocio es más que rentable. En la gran mayoría de los casos reciben fondos públicos, transferencia tecnológica y se valen de investigaciones estatales sin pagar un peso, para producir vacunas que luego venden a los mismos Estados cuyos fondos usaron.

Eso es lo que sucede hoy con la vacuna AstraZeneca que fue financiada en un 97% con fondos públicos, o con Moderna, y la lista sigue.

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En nuestro país, el principio activo de esta vacuna lo produce Hugo Sigman a través de su laboratorio mAbxience, pero luego se exporta para ser envasado en México. El Estado argentino pagó el 60% de 22,4 millones de vacunas que hasta ahora nunca llegaron. Más que un incumplimiento, una verdadera estafa.

Este es el accionar de la industria farmacéutica y laboratorios que ponen por delante de la salud de la población mundial, sus propios intereses económicos.

Richmond, como el resto de los laboratorios que producen actualmente y seguirán produciendo las vacunas, aumentará de manera exponencial sus ya abultadas ganancias.

Si las patentes de las vacunas estuvieran liberadas, los países -como el nuestro- con capacidad instalada para su fabricación, podrían producirlas y envasarlas, como ahora hará Richmond, que ya declaró poder envasar 5 millones de dosis por mes y escalar hasta 500. Por eso, el reclamo de la liberalización de patentes crece, porque es necesaria su producción y distribución masiva para combatir la pandemia.

Efectivamente, como se venía planteando desde el FIT -Unidad, con esas declaraciones del propio laboratorio Richmond queda demostrado que en nuestro país existen laboratorios con capacidad para el envasado de vacunas. Cuestión que negaron muchos funcionarios y diputados del Frente de Todos.

Desde el Frente de Izquierda, se exige además de la liberalización de las patentes, que el laboratorio mAbxience, que a su vez también recibió créditos millonarios de parte del Estado, sea declarado de utilidad pública y se suspendan las exportaciones del principio activo, para poder producir las vacunas necesarias para Argentina y los países de la región que lo necesiten y a un bajo costo.

La intervención estatal de los laboratorios, bajo el control de sus trabajadores, podría garantizar una planificación de la producción y distribución no sólo de las vacunas, también de test y otros elementos necesarios para combatir esta pandemia.

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*Fuente: Nosis-Informes comerciales






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