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Red Internacional

Existen pruebas de un sistema de espionaje sobre personalidades políticas, partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales durante todo el período que va desde 1985 hasta, por lo menos 2009, aplicando los mismos criterios de la dictadura, según una nota de Brecha respecto al informe sobre el archivo del militar fallecido Castiglioni.

Lunes 5 de septiembre de 2016 | 21:56

En la pasada edición del 2 de setiembre del Semanario Brecha se difunde información acerca del contenido de los documentos y carpetas hallados en poder del Coronel Castiglioni, quien fue cesado en 2006 y fue vocero del Foro Libertad y Concordia y activo defensor de los criminales de la dictadura.

A fines del 2015 se había realizado un allanamiento en el domicilio del militar y la documentación encontrada en ese momento está desde entonces en poder de la justicia por orden de la jueza Beatriz Larrieu quien había ordenado y dirigido el operativo.

La información que se difundió en su oportunidad indicaba que entre el material hallado estaba también el archivo del tío del coronel Castiglioni, el inspector Victor Castiglioni, quien fuera una de las principales figuras de la inteligencia policial durante la dictadura y en los primeros años del retorno democrático. Con ese material se esperaba poder acceder a información sobre violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen militar y de esta manera permitir que avanzaran muchos de los juicios actualmente en curso sobre estos hechos.

La nota también expresa que según el material hallado en una de las cajas existieron “conversaciones de la dirección uruguaya de la inteligencia militar con su par argentina para analizar la propuesta del embajador estadounidense Cristopher Ashby sobre la apertura de una oficina de la CIA en Montevideo", dando cuentas una vez más de la coordinación de militares de la región con el servicio de inteligencia de los Estados Unidos.

Espionaje en democracia

De la nota publicada esta semana por Samuel Blixen surge “que la inteligencia militar mantuvo un sistema de espionaje sobre personalidades políticas, partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales durante todo el período que va desde 1985 hasta, por lo menos 2009 (aunque la fecha es tentativa), aplicando los mismos criterios de la dictadura.”

La nota se basa en dos informes elaborados en forma paralela para la jueza Larrieu por Isabel Wschebor de la Secretaría de Derechos Humanos del Pasado Reciente y por el decano de Humanidades Álvaro Rico como coordinador del equipo de historiadores de la UdelaR, quienes realizaron una primera aproximación al contenido de las 65 cajas incautadas.

La documentación encontrada muestra la existencia de una vasta red de espionaje con colaboradores, infiltrados e informantes actuando luego de la restauración democrática.

Tal como plantea el artículo de Blixen se trata “de todo el esquema de espías que, en democracia, hasta hace poco tiempo (si es que no continúa activo) se infiltraba en partidos políticos y organizaciones sociales, y operaba cerca de las personalidades cuyas actividades interesaban a los jefes de la inteligencia militar. Muchos de los informantes fueron reclutados durante la dictadura entre detenidos sometidos a tortura; otros fueron reclutados mediante pagos por sus servicios.”

La documentación da cuenta del espionaje realizado en democracia sobre las organizaciones y partidos políticos de izquierda, sindicatos y organismos de derechos humanos, incluyendo escuchas ilegales, seguimientos y vigilancia sobre políticos y militantes. Los datos muestran como los servicios de inteligencia se mantienen activos luego de la dictadura y la continuidad de estas actividades claramente ilegales así como la autonomía y poder que aún hoy mantienen para actuar por fuera del control de las instituciones democráticas.

El pacto de impunidad y las trabas a las investigaciones

El informe de Isabel Wschebor señala que “El Estado ha tenido la tendencia a privatizar o seleccionar a los actores que tienen la competencia de investigar sobre este período, generando procesos de desclasificación parcial o selectiva de la documentación, lo que constituye una política de poca transparencia con relación al tema.”

Pese a que los tres partidos que gobernaron el Uruguay tienen personalidades que fueron objeto del espionaje militar (aunque mayoritariamente pertenecen a sectores de izquierda), es evidente que todo el régimen político, incluyendo el propio Frente Amplio, no tiene voluntad política de terminar con la impunidad y evita que las investigaciones avancen poniendo mil trabas para acceder a la información. El uso arbitrario, restrictivo y discrecional de los datos existentes impide el conocimiento de la verdad y que se haga justicia, así como oculta y protege a los responsables de las violaciones a los derechos humanos.

La nota también da cuenta de que el allanamiento estaba previsto desde 2008 y que Vázquez fue informado en ese momento de la situación. Llama entonces la atención que no se proceda hasta el 2015, luego de la muerte de Castiglioni, lo que impidió su posible declaración ante la justicia.

Con posterioridad a la renuncia de la ministra Azucena Berruti en el año 2008, en cuya gestión también se habían encontrado otros archivos; sus sucesores José Bayardi, Gonzalo Fernández, Luis Rosadilla y Eleuterio Fernández Huidobro, hicieron todo lo posible para evitar acceder a la información en poder de los militares, mostrando la complicidad de todo el poder político con la impunidad para los responsables de los crímenes de la dictadura.




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