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PANDEMIA Y TEMPORADA VERANIEGA

Restricción nocturna: la medida que el Gobierno "sugiere" mientras no hace lo que hace falta

Dejó en manos de gobernadores e intendentes la implementación del "toque de queda sanitario". Sigue sin anunciar medidas que sí se necesitan como más presupuesto para salud, salarios del sector y testeos.

Juana Galarraga

@Juana_Galarraga

Viernes 8 de enero | 21:54

Foto: Télam

Este viernes el Gobierno nacional publicó el decreto que tanto anunció sobre la restricción a la circulación nocturna. El texto no decreta la restricción de forma obligatoria, sino que faculta a las provincias para decidir su aplicación. De esta forma deja en manos de gobiernos provinciales y municipales la decisión de tomar o no medidas contra el Covid-19 por el próximo periodo.

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Mientras, a pesar del crecimiento de los casos y después de días de manifestar preocupación, no anunció medidas para fortalecer el sistema de salud. Otra vez, la salida para que el sistema sanitario no colapse, sería la creatividad de los gobernadores para aplicar medidas y, tal como fustigó toda la semana el Gobierno, el fortalecimiento del cuidado individual.

La semana arrancó con las declaraciones de Fernández sobre la posibilidad de parar todo de nuevo, ante la temprana llegada de la segunda ola de coronavirus al país. Este viernes los contagios superaron por tercer día consecutivo la barrera de los 13 mil. Los números se acercan a los del pico entre abril y mayo. Esto en el contexto de la disputa global por las vacunas y la rapiña entre gobiernos y laboratorios que persiguen un gran negocio. En Argentina, el Frente de Todos se jacta de ser uno de los gobiernos que más vacunas ha aplicado hasta el momento. Sin embargo, el plan de vacunación y sus efectos aun son inciertos.

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Como forma de frenar la suba de casos, sin detener la totalidad de la actividad ni la temporada de verano, el Gobierno instaló la idea de establecer un toque de queda nocturno entre las 23 y las 6 de la mañana, que empezaría a regir por decreto. Eso fue lo que propuso a los gobernadores y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en una reunión virtual, el miércoles. Propuesta similar les había hecho el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a los intendentes de la costa Atlántica.

Durante toda la semana empresarios de la noche, la gastronomía y el turismo se manifestaron en contra de las restricciones por los medios. Dicen que ponen el peligro la temporada, en el marco de que ya no reciben ATP. De la misma forma que al principio de la pandemia con la definición de actividades esenciales y no esenciales, intendentes y gobernadores buscan adecuar la implementación de las medidas con mayor preocupación por la continuidad de los negocios en sus feudos y territorios, que en el combate serio al coronavirus.

La oposición de derecha de Juntos por el Cambio, no perdió la oportunidad de desplegar una campaña de poca monta, acusando al Frente de Todos de “autoritario” por querer establecer un toque de queda por decreto. De la misma forma que con las protestas anticuarentena, aprovechó para sumar más presión en defensa de los intereses patronales.

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Finalmente este viernes el Gobierno terminó publicando un decreto que se limita a sugerir la implementación de restricciones. También publicó los parámetros de seguimiento de la pandemia, a utilizar de ahora en adelante para evaluar las medidas según la situación de cada lugar.

Mientras, una campaña mediática y política tiraba todos los dardos contra la juventud y la responsabilizaba por la suba de casos. Las fiestas clandestinas, las playas, los bares… La juventud “irresponsable” que “quiere salir” fue el blanco de todas las acusaciones.

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Ante la falta de medidas de fondo para enfrentar el coronavirus, el oficialismo siempre tuvo al comportamiento individual como eje de su discurso sobre el combate a la pandemia. El énfasis en el accionar de cada persona y la mirada acusadora sobre la juventud, se endurece por segunda vez cuando más suben los casos.

Como contrapartida, el Gobierno jamás garantizó el cumplimiento de protocolos en los lugares de trabajo ni en el transporte, donde la clase trabajadora sigue viajando hacinada. Y donde la juventud es la más perjudicada por la precarización y la falta de derechos laborales básicos. La organización de comisiones de seguridad e higiene en cada establecimiento laboral, a cargo de los trabajadores y trabajadoras, para hacer efectivo el cumplimiento de los protocolos es una necesidad que urge desde el minuto cero de la pandemia.

Tampoco se han hecho verdaderas campañas de testeos masivos para rastrear a las personas infectadas y sus contactos estrechos. “Se trata de una medida complementaria al aislamiento social y otras medidas de cuidado, pero esencial en tanto es la vía para conocer la situación epidemiológica y de conducir el aislamiento racionalmente”, sostiene el periodista de la sección Ciencia y Tecnología de este medio, Juan Duarte. “Para esto se pueden utilizar distintos tipos de test, por ejemplo serológicos para identificar a quienes experimentaron la enfermedad de forma asintomática y una vez encontrados, rastrear en sus contactos para cortar las cadenas de infección y test moleculares (tipo PCR o LAMP) o de antígenos para confirmar la infección. Disponer de esos recursos de testeo para el sistema público de salud es urgente, por lo que una medida básica es la de expropiación y nacionalización de los laboratorios que los producen (junto con el refinanciamiento de los laboratorios públicos)”, agrega el especialista.

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El Frente de Izquierda propone la realización de test masivos desde el comienzo de la cuarenta, así como una serie de medidas económicas sin las cuales es imposible combatir la pandemia. El gobierno lleva transferidos 30.000 millones de pesos al sistema privado y de obras sociales. Frente a un nuevo rebrote se debería aumentar el presupuesto para infraestructura hospitalaria y sueldos acordes para el sector salud, así como la unificación y centralización del sistema público y privado. Trabajadores y trabajadoras del sector, que soportan con salarios de miseria en la primera línea desde el principio, se han manifestado reiteradamente en exigencia de mejores salarios y equipos de protección adecuados.

El Presupuesto vigente este año para salud es de $ 353.784 millones (según datos de Presupuesto Abierto al 29 de diciembre). Para 2021 el presupuesto destinado a salud es de $ 383.187 millones. Es decir, que si la inflación del 2021 es del 29 % como estimó el Gobierno en el presupuesto 2021, esto significa que habrá un ajuste en salud, en términos reales, del 16 %. En el caso de que la inflación del 2021 sea del 50 %, como publicó el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), realizado por el Banco Central (BCRA), el ajuste en salud, en términos reales, será del 28 %.

Ante el crecimiento de la pobreza y la desocupación, otra medida básica debería ser garantizar los recursos para que los sectores más precarios puedan aislarse sin sufrir consecuencias económicas, como un salario de cuarentena. El dinero para el fortalecimiento del sistema sanitario, como para políticas destinadas a la población más pobre, podría obtenerse de un verdadero impuesto a las grandes fortunas que afecte a quienes más ganaron durante la pandemia. El proyecto del Frente de Izquierda propone afectar de esta manera a los bancos o empresarios que el oficialismo excluyó de su proyecto de “aporte solidario”, como Marcos Galperín de Mercado Libre. También, podría surgir del no pago de la deuda externa ilegal y fraudulenta, junto a otras medidas destinadas a frenar el saqueo de los recursos que hacen falta para salud o vivienda.

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Contrario a estas decisiones, el Frente de Todos profundiza el ajuste a pedido del FMI, para garantizar el pago de la deuda externa. Se eliminó el IFE, política para los y las más pobres que abarcó solo tres desembolsos de 10.000 pesos para 9 millones de familias durante toda la cuarentena.

“Desde el inicio, el Gobierno apostó a una cuarentena sin planificación ni recursos sanitarios y económicos adecuados (por ejemplo, Argentina fue uno de los países que menos gasto público realizó para atender la emergencia, detrás de El Salvador, Chile, Perú, Brasil y Paraguay)”, afirma Duarte.






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