¿Para qué están las Fuerzas Armadas?

La impunidad que los distintos gobiernos han garantizado a las FFAA es lo que les permite preservarlas, para que actúen como sostén en última instancia del orden social imperante. La integración en el actual gobierno de ex militares refuerza la idea de reconciliación nacional, política que las mayorías trabajadoras deben derrotar.

Martes 21 de julio | 18:30

Foto: defensa.com

El rol de las Fuerzas Armadas

Las Fuerzas Armadas son el brazo armado del poder dominante, tanto a nivel nacional como internacional, son quienes preservan los privilegios de la clase que detenta el poder económico y político, y a éste responden.

Las Fuerzas Armadas no están para velar por las fronteras nacionales, sino que en última instancia son reservorios armados para que intervengan cuando la situación interna se vuelva insostenible desde el punto de vista de la lucha de clases.

Esta es la única razón por la que han mantenido a las FFAA hasta ahora: un cuerpo especializado, entrenado internacionalmente para ser utilizado cuando la clase dominante vea amenazado su poder, como ya lo hicieron en los ‘70.

Por eso EEUU se ocupó de entrenarlas en la Escuela de las Américas, no para el enemigo extranjero, sino para “el comunismo interno” y toda expresión política y sindical que cuestionara el poder de los capitalistas.

Las FFAA y el Estado

Son el último núcleo de garantía de las clases dominantes y sus políticos sobre el conjunto de la sociedad. Con el objetivo central de ser el organismo del Estado a disposición para la represión interna en caso de desborde de las demás fuerzas represivas.

El régimen en su conjunto se agrupa en defender ese rol y para eso necesitan sostener los privilegios de casta de la corporación militar, como última garantía del dominio de clase.

Cuando se toca mínimamente algo de esos privilegios - como podría ser la Reforma de la Caja Militar - emerge un tsunami de “polémicas” y manifestaciones de poder e insubordinación como lo ha hecho en los últimos años Manini Ríos en su época de Comandante en Jefe del Ejército. Pero también la manifestación pública de políticos de diversa procedencia que salen en defensa de la corporación militar.

La Doctrina de la Seguridad Nacional y el Estado de excepción, que figuran en la Constitución de la República, son las garantías que tienen los militares y el poder político para hacer “legal” la represión pero, como quedó demostrado en los ’70, esto no es impedimento para que violen su propia legalidad si sus intereses lo requieren.

La impunidad y el poder

La impunidad es una política oficial del poder para mantener el dominio de los capitalistas y sus administradores sobre el resto de la sociedad. Y los partidos del régimen son quienes mantienen ese pacto de impunidad, reafirmándolo período tras período.

La impunidad pactada le dio forma al régimen actual, con papeles repartidos para cada “actor” desde el poder judicial hasta el sistema de partidos en su conjunto y también el poder legislativo.

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El resultado es un régimen de democracia recortada, una democracia para los ricos y privilegiados. Donde los ricos generalmente eluden el castigo por sus delitos y los pobres son amontonados en las cárceles. Donde el Estado acumula crecientemente potestades represivas para sostener el dominio de clase en el marco de profundas desigualdades sociales, como las políticas de gatillo fácil que criminalizan y asesinan a la juventud pobre. Con el contastre de que por el otro lado, es manifiesta la protección poltíca y judicial a las mafias de cuello blanco, entre muchos casos que denotan los privilegios de clase y el ejercicio arbitrario del poder estatal que establece el régimen.

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Todo lo que se haga o no al respecto, está dentro de los marcos de no romper ese poder establecido, y que tuvo su refundación a partir de la dictadura y los pactos de impunidad posteriores. Como el Pacto del Club Naval, que garantizó una salida “ordenada” del período dictatorial, en el marco de una estrategia contrarrevolucionaria dirigida por el imperialismo en el Cono Sur, imponiendo transiciones democráticas (post-contrarrevolucionarias) sobre la base de la derrota del movimiento de masas en los setentas.

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La reconciliación

La impunidad pactada a la salida de la dictadura fue acompañada por una política de reconciliación con las FFAA sostenida por todos los gobiernos hasta ahora, incluidos los gobiernos del Frente Amplio. Recordar nada más el intento de Vázquez durante su primera presidencia de fijar un día de celebración para la reconciliación, o las relaciones carnales con los militares en el gobierno de Mujica a través de su Ministro de Defensa Fernández Huidobro.

El mecanismo de esta forma de reconciliación es por un lado argumentar la separación temporal entre las FFAA de la dictadura y las actuales, pero por el otro relativizar y “perdonar” los crímenes de los genocidas de la dictadura.

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La reconciliación no solo ha sostenido la impunidad sino que ha represtigiado a los militares y ha preservado el rol represivo de las FFAA dentro de la sociedad, para ser convocadas cuando sea preciso.

La recomposición de las fuerzas represivas en el progresismo

Las encuestas de opinión reflejan un represtigio de la imagen de los militares y correspondientemente, una baja acentuada en la imagen de los políticos y el Parlamento, sumado a su vez al actual pedido de la vuelta de los militares para reprimir a “la delincuencia” – Reforma Vivir sin Miedo -.

La política de reconciliación ha aportado su parte en este represtigio y sobre todo la sostenida por el Frente Amplio en paralelo a la continuidad de la impunidad de la mayoría de los represores de la dictadura.

Especial mención merece la política hacia las FFAA sostenida por el sector del ex presidente José Mujica y el fallecido ex Ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro, quien llegó a afirmar que los milicos lo adoraban porque nunca los habían tratado como ahora. Y es que se encargaron de garantizarle a los milicos las dos demandas básicas que exigen: impunidad y dinero. A su vez el ex presidente Mujica se encargó de aportar lo suyo a la reconciliación con gestos desde su frase de que no quería más “viejitos presos” hasta su visita al hospital a torturadores y asesinos de la dictadura (entre otras perlas).

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La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado se mantuvo en los tres períodos de gobierno frenteamplista, teniendo mayorías parlamentarias para anularla, con la consecuente pérdida de confianza y desmoralización de su propia base social – y de las madres y familiares de nuestros desaparecidos, ex presos/as polticos -, que todavía siguen clamando por justicia para los crímenes cometidos en la pasada dictadura.

El emerger de Manini Ríos como figura pública, que fue puesto por Mujica y Huidobro y posteriormente sostenido por Vázquez, es un efecto directo de este fenómeno. En los hechos, Manini se ha encargado de violar constantemente la Constitución interviniendo en la vida política y desafiando de esta forma a las autoridades civiles elegidas por sufragio. La respuesta tímida del Poder Ejecutivo no hace más que reconocer de hecho el terreno ganado por los militares para intervenir en la vida política y la justificación de violar las normas vigentes cuando les plazca.

El resultado de este represtigio de las FFAA, es que al día de hoy gozan de una base social golpista que los ve como los salvadores de la patria. Acentuado esto, como ya pasó décadas atrás, por el actual sentimiento anti política a partir del surgimiento de escándalos de corrupción del régimen político.

Las FFAA y el gobierno de la derecha multicolor

La llegada al gobierno nacional de Lacalle Pou y su coalición multicolor, viene a cumplir un programa de ajuste económico-social y endurecimiento represivo. La recientemente votada Ley de Urgente Consideración (LUC) es un ejemplo concreto, combinando el empoderamiento policial con endurecimiento de leyes, así como una visión mercantilizadora de la educación pública, y también restrictiva en lo que respecta a la manifestación pública, los piquetes y el derecho de huelga.

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En el plano de las fuerzas represivas, además de la agenda impuesta por la LUC, se manifiesta bajo una forma cada vez más descarada por parte del gobierno, la reivindicación de la represión de la dictadura militar. Y una creciente incorporación de ex militares en la gestión gubernamental.

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En estos pocos meses de gobierno, la lista ya es larga: los dichos del Ministro de Defensa Javier García en defensa de un reo de lesa humanidad recientemente condenado, se suma la reivindicación del ex director de inteligencia policial de la dictadura y responsable de múltiples violaciones a los DDHH Víctor Castiglioni Herrera, aunque a posteriori el Ministro Larrañaga anunció la marcha atrás, dada la protesta de las organizaciones de DDHH.

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La agenda del actual gobierno para las Fuerzas Armadas en particular, además de continuar la política oficial de impunidad y reconciliación, se posiciona por un represtigio e integración aún mayor de dichas fuerzas, en su rol de reserva para la defensa del orden social imperante.

Luchar contra la impunidad

Acabar con el régimen de la impunidad es acabar con los privilegios de casta y las instituciones que garantizan el poder de hecho de una clase social sobre el resto. Por eso es imprescindible la necesidad de juzgar a todos los militares y a sus cómplices civiles que orquestaron y llevaron adelante el golpe cívico-militar.

Hay que llevar a la cárcel común y efectiva a los asesinos de nuestros compañeros y familiares que hoy no están. Hay que abrir los archivos de la dictadura para conocer el destino de nuestros desaparecidos. Y en esa pelea luchar por disolver las FFAA y las fuerzas represivas en su conjunto que hoy mantienen su estructura intacta desde las épocas más oscuras.

También se deben terminar todos los mecanismos que mutilan el régimen democrático, por lo tanto es necesario imponer para empezar la elección de los jueces por voto popular, la eliminación de la Cámara de Senadores y la figura presidencial con su poder de veto (recordar cómo lo uso Tabaré Vázquez en contra de la Ley de Salud Sexual), que cada legislador o funcionario político gane lo mismo que un docente y su mandato sea revocable, entre otras medidas elementales.

La impunidad de los represores de la dictadura y la lucha contra ella es en cierta forma un caso testigo que da cuenta de las injusticias y las limitaciones que se les impone a los trabajadores y a las grandes mayorías oprimidas de una u otra forma. La conciencia de esto nos debe llevar a la lucha colectiva en contra del régimen del Pacto del Club Naval garantizado por esta democracia "recortada".

Todas estas son razones suficientes para concluir que no merecen existir, que deben ser disueltas y que todos los criminales y cómplices que los defienden sistemáticamente deben ser enjuiciados e ir todos presos.

Las otras fuerzas represivas del Estado, como las fuerzas policiales, merecen el mismo destino, por ser también partícipes de la represión en dictadura y de la represión actual en la “democracia”. Cumpliendo con “eficiencia” la infiltración en manifestaciones, la represión y el asesinato por protestar o por el mero hecho de ser joven y pobre.

En definitiva, para acabar con la impunidad es necesario acabar con el régimen que la garantiza y el poder que la sostiene. La movilización de los trabajadores/as, estudiantes y el pueblo oprimido en general es la que puede imponer una salida real a favor de las mayorías populares a través de un gobierno de los trabajadores.






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