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Rebelión

Nueva jornada de paro en Colombia tras la represión en Tuluá y las amenazas de Duque

Este miércoles Colombia vivió una nueva jornada de paro nacional. En las últimas horas una brutal represión policial dejó al menos un muerto y decenas de heridos en Tuluá, luego de que el presidente Iván Duque volviera a dar un ultimátum para que se despejen los bloqueos en las rutas.

Miércoles 26 de mayo | 13:07

Colombia vivió este miércoles una nueva jornada de movilizaciones convocada por el Comité Nacional de Paro y distintas organizaciones a nivel nacional.

La jornada se desarrolló con movilizaciones en las principales ciudades, con centro en Bogotá, y también con el ataque de las fuerzas de represión a los manifestantes que mantienen puntos de bloqueo a lo largo del país.

En la previa del paro, el martes por la noche había tenido lugar una brutal represión contra uno de esos puntos de bloqueo. Fue en la ciudad de Tuluá y se cobró la vida de al menos un joven y dejó decenas de heridos.

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La ataque de las fuerzas represivas en Tuluá, perteneciente al departamento del Valle del Cauca, es responsabilidad directa del presidente Iván Duque, que mediante sus amenazas públicas se ha propuesto despejar los caminos y las rutas que se encuentran bloqueadas a cualquier precio. Ya desde hace una semana ha venido ensayando este discurso que tiene por objetivo intentar separar a los manifestantes que en diferentes ciudades cortan las carreteras como forma de protesta, llamándolos "vándalos" y "terroristas", mientras que institucionalmente celebra una serie de mesas de diálogo que cuentan con el respaldo de la oposición política y las direcciones sindicales agrupadas en el Comité Nacional de Paro.

El ataque en Tuluá

La represión y los ataques de este martes en Tuluá terminaron con el Palacio de Justicia en llamas. En forma inmediata el Gobierno y el expresidente ultraderechista Álvaro Uribe, salieron a responsabilizar a los manifestantes que durante el día habían tenido que soportar la brutal represión policial. Sin embargo, en redes sociales muchos denuncian el accionar de paramilitares y la complicidad policial en la quema del Palacio de Justicia.

La ciudad venía de semanas de protestas tranquilas y de bloqueos de carreteras para poder visibilizar sus demandas. Sin embargo, el Gobierno con su política de eliminar los bloqueos de caminos envió al Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), que actúa de manera brutal a lo largo y ancho del país.

Durante el transcurso del día se denunció la aparición de los cuerpos de al menos tres jóvenes que habían sido asesinados.

A esto se sumó la represión del ESMAD que había comenzado desde la mañana, cuando detuvieron a una veintena de personas, entre ellas algunos menores de edad, "de manera preventiva tras la recuperación de la movilidad en las zonas norte y sur de la ciudad" que habían sido bloqueadas. Es decir siguiendo al pie de la letra las directrices de Duque. La jornada terminó con el brutal asesinato del estudiante de Derecho, Camilo Arango.

La propia misión de la Organización de Naciones Unidas pidió “esclarecer la muerte violenta” del joven estudiante de Derecho Camilo Andrés Arango García. “Expresamos mucha preocupación por Tuluá. Estamos en contacto con autoridades y sociedad civil. Recordamos que los derechos humanos y el diálogo son la vía para superar esta situación”, señala el comunicado de la ONU.

Advertencia de la CIDH

Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió este martes un duro comunicado que condena las graves violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas en Colombia.

El el documento la CIDH "expresa su preocupación por la grave crisis que enfrenta Colombia y condena las graves violaciones de derechos humanos registradas durante las protestas sociales. En ese sentido, urge al Estado a respetar los más altos estándares en cuanto a la libertad de expresión, uso de la fuerza y debida diligencia, así como a permitir que la CIDH realice una visita de observación al país, honrando su tradición con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos".

En contraste con los datos proporcionados por el Gobierno de Duque, el comunicado señala que "la Comisión resalta que en al menos 1,038 manifestaciones se habrían presentado casos de fallecimientos, desapariciones, personas heridas y agresiones sexuales como consecuencia del uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza. Estos hechos se han registrado, especialmente, en ciudades como Bogotá, Cali, Pereira, Popayán y Yumbo, y han tenido afectaciones particulares en los pueblos indígenas, las mujeres y las personas afrodescendientes".

Según la ONG Temblores que reporta los casos de violencia policial, las fuerzas represivas ya son responsables de al menos 43 homicidios ocurridos durante las protestas que comenzaron el 28 de abril.

El ultimátum de Duque

El Gobierno de Duque avanzó en sus amenazas contra los manifestantes que bloquean rutas. Este martes viajó al Puerto de Buenaventura en compañía del ministro del Interior y una comisión de delegados del Gobierno. Allí en un discurso señaló que "En Colombia no existe un derecho a bloquear vías, no existe un derecho a afectar a los demás, por lo tanto, hemos visto un gran compromiso de la ciudadanía y también de la fuerza pública en que en esta ciudad, por el bien de Colombia, por el bien del suroccidente, por el bien de toda una comunidad, se pueda restablecer no solamente el flujo de comercio, sino las actividades diarias y cotidianas”.

El "compromiso de la fuerza pública" que menciona el presidente es el de atacar con balas de goma y plomo, camiones hidrantes, gases lacrimógenos y bombas de estruendo a los manifestantes que bloquean carreteras.

Esta metodología de protesta se ha convertido en la más preocupante para el Gobierno de Duque, ya que en el caso del puerto de Buenaventura implica la paralización del 50 % del comercio vía portuaria del país.

Es decir que mientras que las direcciones sindicales llaman a un "paro nacional" por semana, que en realidad son jornadas de movilizaciones sin ningún tipo de preparación ni el objetivo de paralizar los principales resortes de la economía del país para obligar a Duque a retroceder e incluso renunciar, son un su mayoría los jóvenes que están en las rutas, la llamada primera línea, o los que enfrentan cada noche la brutal represión policial en varios puntos del país, los que verdaderamente preocupan al Gobierno colombiano.

Las direcciones sindicales agrupadas en el Comité Nacional de Paro, junto a las organizaciones políticas opositoras, ya han aceptado la política de Duque de establecer mesas de diálogo sobre la sangre de los manifestantes asesinados, o como mucho esperan que el Gobierno se debilite apostando a un recambio en las elecciones de 2022. Pero la rebelión es hoy, no en 2022, y tampoco puede ser canalizada por una mesa de diálogo en la que el Gobierno ni siquiera está dispuesto a reconocer la brutalidad policial.

La juventud es un factor clave de las actuales protestas, lo son porque muchos no ven un futuro más que la miseria, el desempleo y la precarización. Es por eso que son los que más han sufrido la represión y los asesinatos. Hoy es tan necesaria la denuncia a las políticas del Gobierno de Duque como el apoyo y la solidaridad a los sectores que están siendo atacados. La organización de los sectores en lucha, junto a los trabajadores de las principales actividades económicas, los indígenas y todos los y las oprimidas, es fundamental para avanzar en un plan de lucha y una verdadera paralización nacional que pueda acabar con Duque y sus políticas.






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