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Red Internacional

Entrevista. La nueva Constitución en Chile no acaba con la herencia de la dictadura. ¿Y ahora qué?

Una primera lectura política del borrador presentado el lunes. Lo que logró y lo que no logró la Convención Constitucional chilena. Las tareas de la izquierda revolucionaria.

Viernes 20 de mayo | Edición del día

Pese a que el documento sigue siendo trabajado por tres comisiones de constituyentes para alcanzar una versión final, el contenido de la nueva Constitución ya se hizo público mediante un borrador presentado oficialmente este lunes en la norteña ciudad minera de Antofagasta.

Su versión definitiva, sobre la que también trabaja una Comisión de Armonización encargada de emprolijar la redacción, deberá ser presentada el 5 de julio y sometida al escrutinio popular el próximo 4 de septiembre en un plebiscito que, a diferencia del régimen electoral vigente, será de carácter obligatorio.

El índice de 13 subtítulos ya fue aprobado, aunque falta establecer el orden. El borrador contiene 499 artículos, por lo que sería la Constitución más grande del mundo en caso de que sea aprobada.

Sin embargo, esto último no es tan claro. El Gobierno de Gabriel Boric, que viene sufriendo una rápida caída en la aprobación popular, se juega mucho en el "Apruebo" de la nueva Carta Magna presentada por la Convención, que tras 10 meses de debates ha sufrido un importante desgaste.

Para analizar las implicancias políticas del borrador dado a conocer, consultamos a tres dirigentes del Partido de Trabajadores Revolucionarios de Chile, los tres editores de La Izquierda Diario: Fabián Puelma, Alejandra Decap y Dauno Tótoro.

LID: La Convención Constitucional empezó siendo la institución depositaria de las grandes expectativas de cambios de la población que se expresaron en la Revuelta Popular de octubre de 2019. Sin embargo las encuestas parecieran no ser favorables al borrador que se acaba de presentar, se habla de 46 % de rechazo y entre 16 % y 27 % de indecisos. ¿Cómo se explica eso?

AD: Efectivamente, grandes sectores de la población estaban esperanzados en poder reflejar sus demandas y reivindicaciones en este proceso constituyente. Pero con el paso del tiempo, la Constituyente demostró que se dedicaría a cumplir una función fundamental: modernizar el régimen político chileno para recomponer la gobernabilidad, pero sin tocar los pilares fundamentales de la estructura capitalista del país. El régimen político es anacrónico, ya no es funcional. Incluso la pinochetista [ministra de Educación de Sebastián Piñera] Marcela Cubillos, dijo que la Constitución del 80 estaba muerta.

Junto con sacar a la gente de las calles, este fue el principal objetivo que se propusieron los firmantes del “Acuerdo por la Paz” del 15 de noviembre del 2019, casi un mes después de la explosión popular y tres días después de una huelga general cuyo sendero podía llevar a profundizar la rebelión, hacia un proceso revolucionario.

Hubo dos momentos claves que pusieron de manifiesto este verdadero objetivo. Primero cuando traicionaron a los presos políticos de la revuelta y sus familias. Hicieron una declaración a favor de los presos y luego, cuando se rechazó en la Comisión de Justicia la Iniciativa Popular por el Indulto. La consigna de que “no habría nueva Constitución” o que “no iban a sesionar” con presos políticos quedó en palabras vacías. Un segundo momento clave fue cuando decidieron no declararse como una Convención soberana, asumiendo su sometimiento a los poderes constituídos de los “30 años”. A esto hay que agregar que la Convención se alejó de las demandas populares en momentos en que crecía la precarización de las condiciones de vida del pueblo trabajador.

LID: Pero ahora, borrador de Constitución en mano, ¿qué respuestas da la nueva Carta Magna a las demandas populares?

DT: El borrador de nueva Constitución deja sin vigencia varios de los enclaves autoritarios de la Constitución pinochetista, reconociendo derechos negados durante los últimos 30 años, como derechos sexuales y reproductivos, derechos sindicales, reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, entre otros.

Sin embargo, mantiene aspectos fundamentales de la institucionalidad republicana chilena como el presidencialismo y un Congreso bicameral. Hay que recordar que el Congreso es una de las instituciones con mayor rechazo de la población.

Por primera vez se incluye en una Constitución la “responsabilidad fiscal”, que en el idioma capitalista no quiere decir otra cosa que limitar el gasto social. El Banco Central mantiene su autonomía.

Se rechazó la nacionalización de las empresas mineras. La regulación de la gran minería queda fuera de la Constitución y será el Congreso el que defina la institucionalidad minera. No se nacionaliza, sino que se modifica la naturaleza de la concesión minera.

Hay algunos aspectos más revulsivos para los grandes empresarios, como el establecimiento del agua como bien incomerciable, el carácter plurinacional del Estado y algunos cambios en el sistema de salud. Se afirma que en la práctica, las Isapres [seguros privados de salud] dejarían de existir y podrían pasar a ser parte de un sistema privado de seguros de salud. O sea, un nuevo modelo de negocios.

En cuanto a las jubilaciones y pensiones, se rechazó el sistema de reparto y el nuevo sistema quedará así en manos del Congreso. Al respecto, asesores del banco BCI, confían en que las AFP [sistema privado de jubilaciones y pensiones] no dejarán de existir y esperan incluso que haya mayor libertad de elección. Algunos creen que lo establecido podría abrir nuevas oportunidades de negocio bajo un nuevo cuadro de competencia.

Se habla de derechos fundamentales pero no se garantizan los recursos para eso, como podría ser la nacionalización del cobre y de sectores de la minería. Se habla de plurinacionalidad pero sin tocar el problema del derecho a la autodeterminación del pueblo mapuche.

Hay que tener en cuenta que el borrador se presenta en un momento en que los alimentos no paran de subir de precio, recrudece la represión en el Wallmapu [territorio mapuche] y el Gobierno de Boric impulsa reformas limitadas por las reglas del juego que le imponen los grandes empresarios. Por eso, hay que barrer con toda ilusión de que la nueva Constitución va a resolver las demandas por las que nos rebelamos el 2019.

LID: Un diario chileno señalaba que un banco líder en Wall Street e influyente en el mercado chileno informaba a sus clientes que el borrador era "menos radical" de lo que se esperaba. Pareciera haber un cierto tono de "alivio" en el sector financiero. ¿Cómo se ubican los sectores empresarios?

FP: De cara al plebiscito de salida los grandes poderes económicos y políticos están definiendo posiciones. Hay distintas opiniones. La derecha y algunos sectores empresariales ya están haciendo campaña por el Rechazo. Varios sectores de “tecnócratas” ligados o ex miembros de la Democracia Cristiana también plantean rechazar, supuestamente para luego “reformar”. Pero hay sectores burgueses que están por el apruebo, como el propio ministro de Hacienda Mario Marcel, que aseguró que la llamada Constitución Económica no afectaba la inversión.

Incluso sectores del capital financiero internacional están por el Apruebo, como Morgan Stanley, que según sus declaraciones veían con buenos ojos este proceso ya que “promovería la inversión”. En un tono similar ya se habían pronunciado altos funcionarios de Estados Unidos y la Unión Europea. Se vislumbra un escenario abierto.

Las empresas ya estudian qué acciones y resguardos tomarán. Empresarios de los recursos naturales, la minería, concesiones y el sector inmobiliario, se encuentran contratando asesoría legal. Buscan alternativas a seguir para el resguardo de las inversiones en Chile, tanto ante los tribunales locales como ante instancias internacionales amparados en los Tratados de Libre Comercio. Hay que aclarar que la Convención no tocó los tratados de libre comercio y los empresarios se apoyarán en eso.

Los empresarios se debaten si apostar por la transición negociada a un nuevo régimen político -tratando de absorber y regular los aspectos más revulsivos-, o directamente desechar la Convención e ir a una salida más represiva y conservadora, contra los derechos de la clase trabajadora, las mujeres y pueblos originarios.

LID: El Gobierno de Apruebo Dignidad, la coalición que llevó a Gabriel Boric al poder, se juega mucho en este plebiscito, que por ahora no se les presenta muy favorable. ¿Cómo lo están encarando? ¿Y los sectores políticos surgidos de la protesta que apostaron al nuevo Gobierno y a la Convención?

FP: Apruebo Dignidad comenzó nuevamente la campaña por el Apruebo, pero su discurso se contradice con sus acciones. Mientras hablan de plurinacionalidad, paridad y derechos sociales, reponen el estado de excepción en el Wallmapu y fortalecen la represión. El Partido Comunista terminó avalando la decisión. También hace suya la “razón de estado” frente a las y los presos políticos.

Quedó demostrado que para evitar la inestabilidad en el marco del plebiscito, están dispuestos a desalojar y reprimir a estudiantes secundarios, o a trabajadores como los precarios de la empresa estatal de petróleo, ENAP, en lucha por igualdad de condiciones laborales con los efectivos.

En ese escenario, los Movimientos Sociales Constituyentes y los grupos que surgieron desde la fallida Lista del Pueblo, se concentraron en la disputa institucional, entrando en una dinámica absolutamente parlamentaria sin usar sus tribunas para convocar y organizar movilizaciones extra parlamentarias o acciones coordinadas de lucha. Sus constituyentes, muchos de ellos respaldados por asambleas de base, no expresaron esa amplia base social que los votó y prefirieron jugar bajo las reglas del juego que impuso el régimen.

AD: Tal como la consigna de que “no se sesionaba con presos políticos”, la política de “rodear la Convención” o “desbordar la CC” se quedaron en nada, no fueron más que bonitas declaraciones que pasaron al olvido cuando comenzó a funcionar la maquinaria institucional.

LID: En este marco, ¿qué papel puede jugar la izquierda que no es parte del Gobierno de Boric?

AD: Es un escenario que nos plantea enormes desafíos. Existe el peligro de que la frustración de las grandes mayorías las empuje hacia la derecha, que está impulsando con todo una campaña anti inmigrante, anti mapuche y por mayor seguridad pública, mientras la izquierda por fuera del Gobierno todavía no cumple un papel determinante en la situación política.

Por eso se vuelve fundamental por poner en pie una oposición de izquierda al Gobierno de Boric, que se proponga pelear por un programa que afecte las ganancias del gran empresariado, de forma que se pueda implementar un aumento general e inmediato de los salarios acorde a la inflación de los alimentos y un salario y pensión mínimos que alcancen para cubrir todas las necesidades de las familias trabajadoras. Que se plantee medidas de fondo, como terminar con las AFP.

Todas las necesidades de la población pueden ser garantizadas si se impone un impuesto progresivo a las grandes fortunas y a los banqueros. Si recuperamos las riquezas nacionales que hoy están privatizadas, podemos ponerlas al servicio de las necesidades sociales.

Para eso, tenemos que levantar una oposición de izquierda que confíe en la autoorganización de los trabajadores y en su movilización independiente del Gobierno. Que parta de la lucha por las demandas que hoy están sobre la mesa y las ligue a un programa de conjunto, que se proponga derrotar los planes de ajuste del Gobierno y su represión. Esto se traduce en lo inmediato en pelear por la perspectiva de un paro nacional que coordine todas las batallas actuales y se proponga conquistar las demandas.

DT: Desde el PTR creemos que esto está íntimamente ligado a la pelea por construir un partido revolucionario, socialista, internacionalista y de la clase trabajadora, que tenga como horizonte la superación del Estado capitalista y la conquista de una sociedad libre de explotación, opresión y miseria. La liberación total de explotados y oprimidos por su propia acción e intervención en la realidad. El desafío histórico que tenemos es la construcción del poder de las y los trabajadores en oposición al poder de los grandes empresarios y su Estado.

El llamado y la invitación a quienes se ubican críticamente y desde la izquierda a este gobierno es a no confiar en la institucionalidad de este Estado y a no quedarse en el aislamiento y la desilusión, sino que hagamos una experiencia común levantando estas banderas para poner en pie una verdadera alternativa revolucionaria que sea atractiva para sectores de masas.




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