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Red Internacional

Delincuentes de altas esferas. Lacalle Pou y la banda de criminales que lo rodean

La noticia de la detención del jefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano, desenmascara el entorno criminal que rodea a Lacalle Pou y que se suma a otros episodios como el narcopasarporte para Sebastián Marset. Poniendo en evidencia serios signos del grado de descomposición política e institucional del régimen político uruguayo.

Miércoles 5 de octubre | 23:57
Foto: FocoUy

Los recientes escándalos que tienen como protagonistas al entorno del Presidente de la República, ponen de manifiesto no solo un profundo grado de descomposición política de sus filas partidarias, sino que para que el accionar de estas camarillas sea posible se desprende un correspondiente grado de descomposición institucional. Donde el poder del Estado es utilizado en función de la acumulación de poder y riqueza de un sector privilegiado.

Tampoco esto es una sorpresa para nosotros los marxistas, ya que de por sí consideramos que el uso del poder estatal e institucional es una vieja herramienta de las clases dominantes para acumular poder y riqueza, en base al saqueo y la violencia sobre las clases explotadas.

La soberbia y un profundo sentimiento de impunidad del presidente Lacalle Pou son, en parte, otras de las cosas fundamentales que han dejado en evidencia las noticias de la semana pasada. Ya no es posible tapar el sol con un dedo, como pretendió hacer cuando emergió el escándalo del narco pasaporte, la corrupción de un funcionario diplomático en Argentina, entre otros tantos casos de una larga lista que evidencia, más que hechos fortuitos todo un estado de cosas.

El crimen organizado no es una entelequia ajena al poder, sino que es una parte constitutiva del mismo. En esferas donde se entrelazan los intereses políticos, empresariales y criminales.

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Una verdadera casta, que opera usando incluso el poder estatal para favorecerse, mientras las leyes y los castigos están hechos para golpear y amedrentar al pueblo trabajador. Que fiscales y jueces pongan en evidencia una de las ramas más podridas, no significa que el régimen en su conjunto limpie con esto el problema de fondo que subyace.

Astesiano

Apenas aterrizado de sus vacaciones en Costa Rica, Lacalle Pou que había sido acompañado a tal viaje por Astesiano, fue informado que su jefe de seguridad iba a ser arrestado por ser parte de una banda criminal que operaba desde la propia Torre Ejecutiva. De acuerdo a los trascendidos de prensa, Astesiano fue informado a tiempo como para poder borrar información sensible de su teléfono celular.

El jefe de seguridad de Lacalle Pou, fue detenido y procesado el día martes por ser parte de una organización criminal, junto al escribano Álvaro Fernández García y dos ciudadanos rusos, que se dedicaban a vender pasaportes falsos al precio de alrededor de los 10 mil dólares, usando información sensible de la Dirección Nacional de Identificación Civil y sendos contactos en distintas reparticiones del Estado, como el Ministerio de Relaciones Exteriores, la policía nacional, etc.

A su vez, la noticia tomo ribetes más escandalosos por la información de que Astesiano, que es una persona del círculo cercano a los Lacalle desde 1999, contaba con una veintena de indagatorias por múltiples delitos en los últimos veinte años y con un procesamiento y condena de prisión por estafa entre los años 2013 y 2014 y otro procesamiento en 2018.

Con todos estos antecedentes resulta bochornoso que el presidente haya elegido como jefe de seguridad a un criminal investigado y condenado por la justicia. Por si fuera poco también se descubrió que otros integrantes de la seguridad de Lacalle, todos ex policías igual que Astesiano, cuentan también con antecedentes criminales, incluso algunos de ellos por violencia doméstica.

Se sabe que la actividad de esta banda criminal venía operando desde el piso 4 de Torre Ejecutiva, o sea en el mismo lugar donde trabaja el presidente y el jefe de inteligencia nacional, por lo menos desde agosto de 2020.

La gravedad del caso, no es solamente el acto criminal en sí, sino también el acceso a la base de datos de la DNIC sensibles de la totalidad de ciudadanos uruguayos que tenía Astesiano para cometer sus delitos.

La Fiscalía General de la Nación, continúa su investigación en torno a posibles delitos de lavado de dinero. Se dio a conocer también que Astesiano mediante testaferros es dueño de empresas comerciales e inmobiliarias, además de un club nocturno. También ya se sabe que Astesiano es considerado por el Banco Central del Uruguay como deudor irrecuperable por cifras millonarias. A esta larga lista de cosas se suma la necesidad de investigar el vínculo de esto con el hackeo de la DNIC, los turbios vínculos con el Ministerio de Relaciones Exteriores (protagonista del trámite exprés a favor del narcotraficante Marset), entre otros elementos que denotan un ambiente tomado por la descomposición política en clave criminal, tanto de funcionarios políticos como instituciones estatales enteras.

Lacalle Pou mintió descaradamente

En las primeras horas posteriores a la detención de Astesiano Lacalle Pou intentó hacerse el sorprendido e incluso defender al criminal. En sus propias palabras lo definió como un “profesionalmente intachable” y afirmó que no tenía antecedentes.

La mentira duró pocas horas, ya que se descubrió, poco después, el largo expediente de antecedentes criminales de Astesiano. Descubriéndose incluso que se había manipulado el legajo de Astesiano para poder acceder a su cargo en Presidencia. Los daños colaterales posteriores, fueron una investigación de urgencia sobre Policía Científica y la posterior destitución de su director Gonzalo Vázquez.

A partir de esta deriva, todos los ojos apuntaron hacia entender que pasó con el Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP), que es donde se cargan todos los “eventos de seguridad pública” que ocurren, siendo esta carga independiente de la resolución del proceso judicial de los mismos, por lo que los eventos del SGSP no se borran, sin embargo a la hora de armarse el legajo de Astesiano para poder ser jefe de seguridad presidencial, los “eventos” criminales del mismo no aparecieron.

El Ministro del Interior Luis Alberto Heber, salió a tratar de justificarse como pudo en una conferencia de prensa: “Vázquez corrige después de que se le había dado un informe erróneo al presidente y no comunica a sus superiores que aparecían antecedentes que antes no figuraban”...“Esto para nosotros es muy grave y va a determinar un sumario por parte del ministerio con separación del cargo para el director”. O sea, para el principal responsable político de la seguridad nacional, se trata de otro evento casual y desafortunado, culpa de un mando medio, igual que pasó con el pasaporte exprés para el narcotraficante Marset.

Con todo esto, Lacalle Pou salió a reacomodar su discurso, haciéndose pasar como víctima de toda la situación, un cuento que nadie se cree salvo sus más fervientes adoradores.

Después que quedó en evidencia como un mentiroso descarado se atrevió a afirmar: “Un presidente que se equivoca pueden tener, pero que miente, no”… “Yo no les miento, yo les digo la verdad”… “Me puedo equivocar, pero no les voy a mentir”. A pesar de que ya es públicamente sabido que su relación cercana con Astesiano consta desde 1999, periodo durante el cual estuvo preso por lo menos en una oportunidad y era un concurrente habitual a indagatorias por múltiples delitos. El intento de coartada de que al presidente no le dieron “la información correcta”, o sea admitir que es un incompetente, no pasa la prueba, ante los hechos demostrados.

Se sienten impunes

El mero hecho de que se hayan animado a tanto, como para pensar pasar impunemente el sostener una organización criminal actuando desde la propia sede del Poder Ejecutivo, pone en evidencia la naturaleza sistémica del fenómeno.

Como ya dijimos en este artículo, el conocimiento del accionar criminal de su entorno por parte del presidente, aparece como evidente y todos sus discursos exculpatorios posteriores no son menos que poco creíbles. Lo que denota esto, es un profundo sentimiento de impunidad desde las esferas del poder político – empresarial que nos domina.

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El crimen organizado, no es un fenómeno aislado o anormal de la sociedad capitalista y de los sistemas políticos que la sostienen. Es parte constitutiva del sistema mismo, los escándalos que emergen cada tanto a la luz de la opinión pública, son una pequeña muestra del accionar cotidiano de la cúpula social y política, sin distinción de que sean acciones legales o ilegales.

Naturalizados los privilegios y el tráfico de influencias entre ellos, así como la impunidad que los protege. En un sistema que promueve y profundiza todas las ventajas legales o ilegales de la casta empresarial que domina las principales actividades económicas de la sociedad, en búsqueda siempre de diferentes modalidades de obtener más ganancias y garantizar la supremacía sobre el resto de las clases sociales.

No hay otra perspectiva posible para el pueblo trabajador que acabar con el problema de raíz y eso significa acabar con un sistema social que no tiene nada que ofrecer para las grandes mayorías y por el contrario promueve y protege los privilegios de unos pocos.

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Por todo esto, desde La Izquierda Diario sostenemos una postura anticapitalista, que supere la situación actual y construya en base a la destrucción de la vieja sociedad, una sociedad basada en los intereses de los/as trabajadores/as y las mayorías populares, una sociedad socialista.


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