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El nuevo gobierno y la gestión de la crisis del coronavirus

Con el trasfondo de la llegada del coronavirus, las primeras semanas del presidente Lacalle Pou avanzan con medidas de ajuste contra los trabajadores y con una fuerte impronta represiva. Discutamos un plan para frenar los despidos y envíos al seguro de paro y que esta crisis no la paguemos los trabajadores

Miércoles 18 de marzo | 12:24

La conmoción por la llegada del coronavirus, y su impacto en la economía y en la vida cotidiana, parecen dejar en un segundo plano los movimientos y señales que ha dado el nuevo gobierno en estas primeras semanas.

Los primeros pasos

Pocas semanas alcanzaron para que Lacalle Pou abandonara sus promesas de campaña en relación a las tarifas y los impuestos.

Luego de idas y venidas finalmente se conoció que las tarifas de los servicios públicos tendrán un importante incremento a partir del primero de abril, que serán de 10,7% para OSE, 10,5% para UTE y 9,78% para Antel. El aumento de los combustibles quedó en suspenso (producto de la caída del precio del petróleo a nivel mundial) y ya la ministra Arbeleche ha adelantado que no puede asegurar que las tarifas no volverán a subir antes de fin de año. Con estas medidas también la inflación amenaza con acercarse a los dos dígitos.

A su vez el gobierno anunció una rebaja en el descuento de IVA para las compras con tarjetas de débito que se reduce de 4% a 2%, y de crédito, que disminuye de 9% a 5% en restaurantes.

Mientras tanto el precio del dólar a nivel local se ha disparado, profundizando el ritmo devaluatorio que ya se daba en los últimos días del gobierno del Frente Amplio, y a 2 semanas de haber asumido Lacalle Pou el dólar ya se encuentra en el entorno de los 47 pesos.

Esta drástica subida, mayor a la que se observa a nivel regional, ha sido festejada por el ministro de Ganadería Agricultura y Pesca Carlos Uriarte, quien oficia de portavoz directo de los sectores agroexportadores, principales beneficiarios de la disparada del dólar.

Al mismo tiempo este ministerio declaró la emergencia agropecuaria para 5 departamentos, lo que implica ayudas económicas de diverso tipo para las patronales del campo.

De diversas maneras el gobierno realiza transferencias económicas de la ciudad al campo; los perjudicados son los trabajadores que ven disminuir drásticamente su poder adquisitivo con la suba del dólar y el aumento de tarifas y los beneficiarios son los exportadores de materias primas.

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Una economía mundial al borde de la recesión

A nivel internacional el avance de la pandemia ha repercutido negativamente en una economía global que aún no se recuperaba de la crisis del 2008; la semana pasada se vieron caídas pronunciadas en las principales bolsas mundiales, y la recesión mundial se ha transformado en una amenaza tangible. Al comenzar esta semana la situación es aun peor y este lunes las bolsas europeas abrían con caídas del 9% y las de Asia un 4%. Un nuevo “lunes negro” en Wall Street que tuvo a sus principales índices con caídas de más del 12%.

Todo esto ocurre mientras la Reserva Federal de EE. UU. lanzó el fin de semana el mayor paquete de estímulo monetario desde la crisis financiera de 2008, que incluye un recorte de los tipos de interés de un punto, hasta dejarlos entre el 0 % y el 0,25 %, y una inyección de liquidez de U$S 700.000 millones.

Junto al desplome de las bolsas se dio una histórica caída del precio del petróleo producto de las disputas entre Arabia Saudita y Rusia lo que también tiene un gran impacto en los mercados financieros globales.

Esta situación internacional impacta directamente en los planes del gobierno de Lacalle Pou, que se ve obligado a avanzar más rápidamente con su paquete de medidas y dejar atrás el gradualismo en la implementación de su programa.

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Una pésima gestión sanitaria

El pasado viernes el gobierno informó acerca de los primeros cuatro casos de coronavirus en el país. En el correr de las horas ya se suman 50 pacientes positivos del covid-19. La entrada del virus en el país y su propagación habla de un gobierno que actuó con desidia y no instrumentó ningún tipo de control en las fronteras, ni tampoco en los aeropuertos.

Ahora el gobierno, con un sistema sanitario totalmente carente de recursos y que ni siquiera ha instrumentado test masivos de coronavirus para un aislamiento realmente efectivo, llama a toda la población a quedarse en su casa. Son decenas las denuncias de personas de deben igualmente concurrir a trabajar y no cuentan con alcohol en gel; o de personas que concurren con sus hijos enfermos a una emergencia y no son atendidos. En los últimos días, el gobierno instó a cancelar todo tipo de reuniones y espectáculos públicos, pero sin embargo, los shoppings se mantuvieron abiertos, generando grandes superficies de contagio. Una política irracional que tiene como única racionalidad el consumo y la avaricia de los empleadores, mientras los trabajadores son expuestos a la pandemia.

Ante la falta de soluciones sanitarias el gobierno refuerza su faceta policial

Desde la asunción de Lacalle Pou en todo el país se han visto operativos policiales de control y hostigamiento contra los pobres, que han ameritado diversas denuncias de malos tratos ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDDHH)

Ante la impericia y la falta de soluciones a nivel sanitario, la situación con el coronavirus también ha sido utilizada por el gobierno para mostrar su veta autoritaria.

Claramente las fuerzas represivas están avaladas para dar el tipo de anuncios que han hecho en el fin de semana, donde plantean que no permitirá la concentración de personas. En San José por ejemplo el jefe de policía Orestes Da Silva emitió un comunicado en que señala que “la Policía actuante dispondrá la inmediata disolución de la reunión y de ser necesario actuará con los incumplidores bajo la figura delictiva de desacato”.

Este tipo de declaraciones bordean la ilegalidad y dan atribuciones a la policía para restringir libertades básicas como la libertad de reunión con el pretexto de la situación sanitaria. Más allá de lo que está sucediendo actualmente el gobierno quiere dar una señal de autoridad y mano firme, y es un mensaje tácito del protagonismo que da a las fuerzas represivas. Ante la resistencia que pueda provocar el ajuste en curso se deja claro que las garantías legales quedan en entredicho y a libre interpretación del gobierno, que las utilizará según más le convenga para mantener el orden y evitar la protesta.

Como demuestran las evidencias, el comportamiento irresponsable, ignorante y despreocupado por la vida ajena no surge de los trabajadores y trabajadoras, sino de gente de la clase social de Carmela Hontou, que no solamente concurrió a un casamiento en pleno Carrasco teniendo los síntomas, sino que tiene una reciente denuncia de violación de la cuarentena. Personas de la clase de Carmela Hontou se comportan de ese modo porque no tienen inconvenientes con su atención médica; sabe que ella y los suyos se salvarán. En cambio, quienes entrados el invierno de no frenarse la pandemia serán las principales víctimas son los adultos mayores de ingresos medios y bajos, con jubilaciones mínimas y posibilidad de atenderse en salud pública o a gatas en alguna mutualista. La clase de gente como la célebre Hontou no tiene problemas tampoco en realizar un mes (o dos) de cuarentena, dado que puede sobrevivir sin trabajar. No sucede lo mismo con la población que subsiste día a día con el fruto de su trabajo.

Un plan para que esta crisis no la paguen los trabajadores

Las primeras acciones del gobierno desde que asumió ratifican lo que se planteaba en la previa de las elecciones; la derecha viene a implementar un ajuste de manera más directa y menos gradual, e incluso ahora, producto de la situación internacional los tiempos se han acelerado.

Si bien el PIT-CNT ha rechazado el aumento de tarifas, no ha dado una propuesta concreta de cómo enfrentar este ataque.

En las últimas horas se multiplican los despidos y envíos al seguro de paro en empresas del rubro comercio y trabajadores/as de shoppings como consecuencia de la propagación del covid-19. Las patronales quieren hacer que sean los empleados quienes paguen los platos rotos de una crisis que se generó en China, se extendió en Italia, e ingresó a Uruguay producto de la impericia del gobierno. Este ajuste que intentan llevar a cabo las patronales busca “limpiar” las plantillas de sus empresas y comenzar con la reducción de sus “costos laborales”.

Frente al problema sanitario se hace imprescindible un plan de lucha discutido democráticamente desde las bases de trabajadores para exigir condiciones de trabajo dignas y prohibir los despidos y envíos al seguro de paro.

El Frente Amplio solo se ha limitado a sacar un comunicado con puntos que también recogió el PIT-CNT en donde se llama a la población a obedecer al gobierno, sin ninguna alternativa. El FA no realiza una crítica profunda ante el problema porque también es cómplice del problema, de la existencia de una salud para pobres y otra para ricos, y de las negligencias en materia sanitaria mientras transcurría el mes de febrero.

Es necesario que exijamos estaciones de tests rápidos para una detección temprana del virus, tal como se ha realizado en varios países avanzados. Los trabajadores privados deben estar exonerados de concurrir al trabajo y se les debe garantizar su salario. El gobierno ordenó la producción de alcohol en gel a ANCAP y ante la especulación con los precios mira para el costado. El estado debe fijar el precio al público del alcohol en gel y garantizar el acceso para toda la población.

El gobierno debe desembolsar todo lo que sea necesario para garantizar la salud de todo el pueblo, invirtiendo en mascarillas, respiradores, camas, centros de terapia intensiva y personal calificado. Estas son las medidas que cuidarán sobre todo de nuestros adultos mayores y personas con problemas inmunológicos o respiratorios.

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