Política Uruguay

Primera semana de Lacalle Pou

El gobierno muestra su política conservadora y represiva

Anuncios, nombramientos, primeras medidas y hasta gestos simbólicos muestran la política que llevará adelante Lacalle Pou, un programa típicamente de derecha, conservador y autoritario. La política represiva es uno de los pilares del nuevo gobierno.

Sábado 7 de marzo de 2020 | 14:59

Desde el acto de asunción a estos días se suceden distintos hechos que dan cuenta de lo que será la impronta del nuevo gobierno.

Los primeros discursos y anuncios en boca de los distintos representantes del gobierno; desde el nuevo presidente, algunos ministros o referentes de la coalición multicolor, señalan que ya ha quedado atrás la etapa demagógica de promesas con que Lacalle Pou logró ganar la elección para ir hacia esta realidad de hechos concretos que se suceden en esta primera semana.

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A la no invitación a los representantes de Cuba y Venezuela a los actos de asunción mostrando el alineamiento que tendrá Lacalle a nivel de política internacional, se suma el desfile de los jinetes o la presencia, por primera vez desde la separación de la iglesia del Estado, de un presidente en una misa en la Catedral, para dar cuenta del matiz tradicionalista y conservador que trasmite el nuevo gobierno.

Los nombramientos de los integrantes de los ministerios y distintas áreas del Estado dejan ver también las tensiones y disputas que atraviesan a la coalición; así sucede con Valentina Rapela en el área de violencia de género del MIDES, y la posición contraria a esta nominación de parte de la directora de Inmujeres, Monica Bottero.

Este caso, como otros que se han conocido en estos días, muestran los acomodos y los nombramientos por favores políticos sin considerar la idoneidad técnica. Mientras Rapela (familiar del general Rapela, Ministro del Interior de la dictadura) dijo que “no sabe qué debe hacer en el cargo para el que fue designada”, el nombramiento de la “cabildante” Pilar Silvestre como directora del MIDES fue revocado cuando amenazaba convertirse en un pequeño escándalo con ribetes grotescos, dadas las denuncias de corrupción que la salpicaban (desde nombrarse economista cuando no lo era, o pagar a un mago para una fiesta familiar con boleta de un ministerio).

Por su parte el nuevo Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres ha subrayado que para su gestión es una prioridad la reforma de la seguridad social y pretende que tenga tratamiento parlamentario en 2021. Sea cual sea la propuesta final, ya los anuncios anticipan que no será en beneficio de los trabajadores y que aumentaran los años de trabajo necesarios para la jubilación. A la vez en su discurso de asunción señaló que se flexibilizan los “descuelgues” de los Consejos de Salarios para aquellas empresas que tengan dificultades, lo que significará en esos casos una segura rebaja salarial.

Represión para la pobreza y la exclusión social

Quizás sea en el área de seguridad en donde el gobierno en una sola semana ha mostrado más abiertamente su visión autoritaria y represiva.

Seguramente porque el discurso securitario sintoniza con sectores de la población el nuevo ministro Larrañaga se empeñó en el propio acto de asunción en anunciar medidas duras y concretas para el comienzo de su gestión, las que se tradujeron en estos primeros días en algunas acciones desplegadas en distintos puntos del país.

En su discurso Larrañaga hizo énfasis en que su objetivo “es restituir el orden y el respeto” y que una de sus prioridades será darle respaldo a la policía.

El fortalecimiento del aparato represivo será uno de sus ejes, y para esto ya anunció que se contratarán 2500 policías, se pedirá cédula en la calle como forma de control y que se regionalizará el PADO.

En esta semana se realizaron distintos megaoperativos en distintas zonas del país; entre ellas en los departamentos de Canelones y Rocha. En este caso el resultado difundido por los medios fue que centralmente se identificaron 90 personas. El hecho muestra que en realidad se trata de una forma de hostigamiento y estigmatización en casos en que no hay ninguna acción delictiva, sino simplemente por ser pobres o vivir en zonas de exclusión social. Se sabe del trato humillante, autoritario y prepotente de las fuerzas represivas, por lo cual no sería extraño que en cualquier momento algún joven termine detenido por “desacato” o víctima del gatillo fácil.

El video que se hizo viral de un miembro de la Guardia Republicana apuntando a un joven indefenso cuyo único delito es hacer malabares como forma de sobrevivencia, así como la justificación de la acción de parte del Jefe de la policía del Departamento, van en el mismo sentido: mano dura y acciones amenazantes y prepotentes como forma de hacer gala de poder. Esta es la política que persigue Larrañaga, y con él todo el gobierno; persecución y criminalización de la pobreza y en especial de la juventud.

Las acciones que se anuncian para las personas en situación de calle son otra demostración de la visión autoritaria y represiva que muestra el gobierno para afrontar los problemas derivados de la exclusión social.

Las nuevas autoridades harán uso del arsenal legal existente para este fin, votado durante los gobiernos frenteamplistas. La ley Nº 18.787 sobre personas en calle sancionada en el 2011 y la ley de faltas Nº 19120 del 2013 habilitan la internación compulsiva y el castigo con trabajo comunitario para aquellos que se encuentren en calle, y serán utilizadas por el nuevo gobierno para “retirar” a la gente de la vía pública.

Enfrentar el avance represivo y conservador

El gobierno ya está demostrando en los hechos cual es en la práctica su programa de gobierno; represión y autoritarismo para implementar cambios económicos y políticos que reclaman los empresarios y las patronales y en contra de los intereses populares.

¿Que dirán ahora los dirigentes del PIT-CNT que se sacaban fotos con Lacalle y halagaban su inteligencia y su capacidad de negociación?

La movilización y organización popular son las únicas herramientas que pueden parar a la derecha; para ello es imprescindible un plan de lucha discutido democráticamente en las bases trabajadoras y de las organizaciones sociales que esté a la altura del ataque que se está comenzando a implementar.

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15 años en el gobierno demostraron que el Frente Amplio no es una alternativa a los partidos tradicionales; es necesario entonces comenzar a fortalecer un espacio de la izquierda anticapitalista que se proponga enfrentar seriamente al gobierno de la coalición, en el camino de construir una fuerza política desde la clase trabajadora y los movimientos sociales que se proponga terminar con el capitalismo.






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