Política Uruguay

Nueva normalidad

El ajuste en medio de la pandemia

El gobierno habla de nueva normalidad para referirse a la situación planteada en medio de la pandemia; pero lo que realmente vemos es un ataque a las condiciones de vida y un proceso de desmejoramiento que avanza y se hace sentir.

Miércoles 13 de mayo | 20:34

Luego de semana de turismo desde el gobierno se comenzó a utilizar el término “nueva normalidad” para referirse a una nueva etapa en la emergencia sanitaria decretada a partir del 13 de marzo.

En un primer momento, luego de conocida la aparición de casos de Coronavirus, se plantearon medidas de aislamiento y una situación cercana a la cuarentena que llevaron a una detención importante de la actividad económica.

A partir de mediados de abril, y en función del enlentecimiento del aumento de casos de Coronavirus, el gobierno comenzó a dar pasos hacia la reactivación de la economía.

Primero fue la construcción la que volvió al trabajo, y luego paulatinamente se fueron sumando otros sectores, entre ellos algunas áreas de la administración pública y el sector comercial.

A su vez, a nivel político el gobierno retomó su idea de presentar la Ley de Urgente Consideración (LUC) para su tratamiento legislativo. Ante las primeras señales de tener una situación sanitaria relativamente controlada, Lacalle Pou no perdió la oportunidad de reflotar su plan de gobierno y avanzar en su concreción.

Una situación social crítica en una economía en crisis

Las propias encuestas muestran que estos intentos de Lacalle Pou de poner en marcha sus reformas no son bien recibidas por la población.

Casi la mitad del país se opone al tratamiento en este momento de la LUC, dando cuenta de que existe una situación social muy crítica, y que esa es la situación urgente que hay que abordar y resolver.

En este periodo de pandemia solo se han tomado mínimas medidas, absolutamente insuficientes, frente al deterioro en las condiciones de vida. Lo que el gobierno ha priorizado es minimizar las pérdidas y ganancias de los empresarios y las patronales. El costo de este “salvataje” lo ha llevado el Estado; mientras que a su vez Lacalle Pou ya ha dicho claramente que no se plantea que los capitalistas aporten algún dinero.

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Mientras tanto el aumento de los precios se ha acelerado y la inflación de abril fue de 2%, llegando a los 10,86 de variación en los últimos 12 meses. El rubro alimentos y bebidas, el que más impacta en los sectores más pobres, subió un 4,4 en el último mes y un 18,9 en el último año móvil. Dentro de este rubro, los alimentos sin procesar (carne, fruta, verdura, lácteos) subieron en los últimos 12 meses un 28,2%.

Producto del encarecimiento de los precios y la disminución de los ingresos se calcula que en el mes de abril entre 94mil y 127mil personas cayeron por debajo de la línea de pobreza. El estudio realizado por el Instituto de Economía de la Udelar revela además que considerando una caída de 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB), la incidencia de la pobreza en la población trepa al 11,6% y que por cada 0,1% adicional de contracción del PIB se incrementa aproximadamente 0,21 % la estimación de la incidencia de la pobreza.

Según los autores del estudio las medidas paliativas implementadas por el gobierno significaron una transferencia de poco más de 1600 pesos por hogar, una verdadera limosna que no resuelve en lo más mínimo la situación de los sectores más pobres de la población

Por otra parte ya hay alrededor de 150mil trabajadores en el seguro de paro especial y alrededor de 350mil en la informalidad, situación que también explica que actualmente existan alrededor de 270 ollas populares en el país. La solidaridad popular es la que provee el sustento diario para decenas de miles de personas, mientras el gobierno no da respuesta.

A nivel económico las exportaciones de bienes medidas en dólares cayeron casi 20% en abril y en el año llevan una caída acumulada de 11%.

El gobierno del lado de los empresarios

Ante tal panorama el gobierno es incapaz de dar alguna salida que beneficie a los trabajadores y sectores populares.

Por el contrario Lacalle y sus socios toman la emergencia sanitaria como una oportunidad para implementar medidas que reclaman el sector empresarial. Ante la parálisis económica desde la coalición buscan bajar el costo laboral con reformas que impliquen mayor explotación de la mano de obra.

Con la amenaza del desempleo masivo de fondo, el gobierno chantajea con la baja de salarios como una fórmula que supuestamente permitiría mantener el nivel de empleo. La pronta recuperación que promete la ministra Arbeleche se basa en esta idea de mayor flexibilización laboral y menor costo de la mano de obra para captar inversores y reactivar la producción.

Esta es la “nueva normalidad" que intentan instalar desde el gobierno, y que en realidad es parte del programa que ya habían anunciado desde la campaña electoral.

Hace pocos días el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, Julio Lestido declaró que “Las empresas están muy golpeadas. Lo que nos interesa es conservar los puestos de trabajo” por lo cual sería muy difícil mantener los convenios salariales vigentes.

Precisamente en momentos en que cae en picada el nivel adquisitivo de los trabajadores, los empresarios pasan a la ofensiva para reclamar un mayor ajuste y la vez que el Estado les de mayores ventajas (subsidios, menos impuestos, seguros de paro para que las empresas no se hagan cargo de los salarios, etc.)

Es necesario un plan de lucha

Mientras las condiciones de vida de los sectores populares se agravan en medio de la pandemia y Lacalle Pou avanza en sus planes de ajuste, el PIT-CNT se mantiene en una posición pasiva y reproduciendo el discurso de unidad nacional que llega desde el gobierno.

Tal como hemos planteado acá, la crisis no es igual para todos y la única salida progresiva para los trabajadores y el pueblo es afectando las ganancias y beneficios de los empresarios.

Mientras el PIT-CNT persista en esta posición paralizante, estará dejando pasar el ajuste y allanando el camino al gobierno para avanzar en sus reformas antiobreras.

Se hace imprescindible entonces poner en marcha un plan de lucha discutido democráticamente desde las bases que sea capaz de frenar los planes del gobierno.

Este jueves se realizará una concentración contra la Ley de Urgente Consideración en las inmediaciones del Palacio Legislativo. Desde la Izquierda Diario estamos convocando a participar de esta movilización porque entendemos que este es el camino para enfrentar y derrotar los planes del gobierno.

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