Desde la Corriente de los Trabajadores por el Socialismo (CTS) repudiamos la infiltración y represión policial en la pasada Marcha por el Agua contra algunos manifestantes que asistieron a la misma.
Domingo 24 de marzo de 2019 | 22:11
Desde la Corriente de los Trabajadores por el Socialismo (CTS) repudiamos la infiltración y represión policial en la pasada Marcha por el Agua contra algunos manifestantes que asistieron a la misma.
Nos solidarizamos con los compañeros del colectivo contra el tren de UPM2 “Por el Costado de la vía” que fueron los que sufrieron especialmente este hostigamiento.
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Amedrentar manifestantes en una marcha sobre personas que solo se estaban manifestando es un hecho grave y prepara el terreno para la criminalización de la protesta, para que las fuerzas reaccionarias justifiquen y ejecuten el accionar represivo contra el derecho a manifestarse. Como bien también lo denuncian organizaciones de derechos humanos como SERPAJ o ambientalistas como la Comisión en Defensa del Agua y de la Vida y también la Asamblea Nacional Permanente.
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No es la primera vez que bajo el gobierno del Frente Amplio se llevan a cabo estas acciones sino que es la continuidad de una política sistemática, como la represión contra los manifestantes del liceo 70 en 2012, la represión y persecución política contra activistas sociales en la Suprema Corte de Justicia cuando se destituyó a la jueza Mota, la represión y persecución contra militantes en el CODICEN en 2015, entre otros hechos.
Este hecho grave que atenta contra una libertad democrática tan básica como la libre manifestación debería ser investigado, para conocer a los responsables políticos así como a sus ejecutores y que reciban su correspondiente condena.
Bajo un gobierno que se autoproclama de izquierda y que en el marco de la campaña electoral se auto identifica como el mejor defensor contra el avance de la derecha a nivel regional, estos hechos no hacen más que mostrar la cáscara vacía de esas proclamas cuando desde su lugar de poder son los primeros en hacerle el juego a la derecha. Dejando hacer a la policía su represión política contra una manifestación y luego desde el Ministerio del Interior justificando el accionar mediante comunicados. En donde incluso se afirma que se persigue mediante herramientas tecnológicas (como las cámaras de seguridad del Ministerio) a personas por su identidad política.
Se trata de convencer a los trabajadores y al pueblo que con la simple adición de una papeleta electoral se puede frenar el avance reaccionario, cuando en los hechos este mismo accionar se lleva a cabo bajo el propio gobierno progresista, como ha sucedido en esta ocasión.
Esta represión policial contra los activistas que protestan y se movilizan contra la instalación de UPM2 la realiza el mismo gobierno que intenta aprobar una nueva pastera a toda costa, incluso pasando por encima de las preocupaciones y reservas que manifiestan distintos sectores sociales; aquellos que se oponen al modelo extractivista, contaminante y dependiente.
La movilización y la organización popular son el camino para enfrentar el avance reaccionario de las fuerzas de “seguridad” del Estado y la complicidad (como mínimo) del gobierno del Frente Amplio que convenientemente le sirve en su intento de imponer el acuerdo con UPM, en lo que de hecho se convierte en un amedrentamiento a sus opositores sociales a través del accionar de las fuerzas policiales.
