Sociedad
VIOLENCIA
Chilapa: Asesinan a nahuas integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero
Los restos de María Agustín Chino, Amalia Morales Guapango, José Benito Migueleño y Miguel Migueleño, integrantes del Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) aparecieron con signos de tortura en su propia camioneta sobre la carretera Chilapa-Tlapa el pasado 19 de diciembre.
Martes 22 de diciembre de 2020
Estos hechos se dieron al mes de que las comunidades se liberaron del asedio de Los Ardillos, un cártel del crimen organizado que hostiga a los pueblos de la región y opera al amparo del PRI desde la década de 1980 en la montaña baja y alta de Guerrero, tan codiciadas por su fertilidad para la plantación de amapola. El narco tiene bajo su control una gran cantidad de tierras arrebatadas a las manos campesinas, gobernando con miedo y tiranía.
El Concejo Indígena y Popular de Guerrero responsabiliza al gobierno Municipal de Chilapa de Álvarez a cargo Jesús Parra García del PRI; al gobierno Estatal de Héctor Astudillo Flores del PRI; y a la presidencia de la república a cargo de Andrés Manuel López Obrador por su participación. Denuncian que la Guardia Nacional -la fuerza represiva creada por el gobierno de la 4T- está al tanto de las operaciones de Los Ardillos, con Celso Ortega Jiménez, su mando operativo, y Bernardo Ortega Jiménez, su mando político.
Los vínculos del crimen organizado con las fuerzas represivas son de larga data. Así se evidenció en Ayotzinapa, donde el ejército en el 27° batallón de infantería de iguala, bajo órdenes del general Cienfuegos Salazar, tuvo participación en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y ahora mantienen su negativa a abrir las puertas del cuartel a los padres de los 43 normalistas. Es decir, son un medio eficiente para reprimir al pueblo organizado y extraer la mayor ganancia de las tierras fértiles de Guerrero.
En esta entidad no se temen los estragos de la pandemia, sino los asesinatos extrajudiciales, las desapariciones y torturas por parte del Estado coludido con el crimen organizado. Por ello, desde este medio denunciamos el hostigamiento y la represión contra las comunidades zapatistas y exigimos justicia ante el asesinato de los cuatro integrantes del Concejo Indígena de Guerrero, la desmilitarización del país y el desmantelamiento de la Guardia Nacional.