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¡Basta de vender humo! piden que Alberto Fernández indulte a cannabicultores condenados

Con el discurso de la "guerra al narco", los distintos gobiernos continuan persiguiendo y encarcelando jóvenes. El Frente de Organizaciones Cannábicas Argentinas (FOCA) realizó de manera formal el pedido al Poder Ejecutivo para que se indulte a las personas que han sido condenadas por ser usuarias o cultivar cannabis.

Jueves 7 de enero

En diciembre, en medio de una oleada de allanamientos en todo el país, cuyo ultimo gran episodio fueron los 20 detenidos en la localidad de Puan, presentados en spots de Sergio Berni, Ministro de Seguridad de Kicillof, como una "peligrosa banda narco", la Defensoría del Pueblo pidió un "modelo de seguridad que no persiga a usuarios y cannabicultores" a través de una solicitada con adherencia de varios frentes cannábicos y organizaciones civiles, donde se resalta que la tenencia debe quedar por fuera de la “persecución penal” y que resulta “indispensable” quitar al cannabis, el autocultivo, su utilización con carácter terapéutico, y a las/os usuarias/os y cannabicultores/as, del abordaje criminal”. Desde FOCA se presentó también el pedido de indulto para quienes usan y cultivan cannabis.

«El movimiento cannábico nos ha invitado a reflexionar con profundidad respecto al alcance del derecho a la salud», afirma el documento oficial del organismo bonaerense presentado en diciembre

Indulto y amnistía a las personas presas por plantar

En la carta presentada por personas que estuvieron presas por cultivar se recuerda que desde hace 11 años «en el fallo Arriola la Corte Suprema resolvió la inconstitucionalidad de las condenas por tenencia de estupefacientes para uso personal, amparados en el Art. 19 de nuestra Constitución». Sin embargo, la ley se mantiene sin modificaciones.
El frente cannábico reconoce la importancia de los avances en cuanto al cannabis con fines terapéuticos sin embargo resaltan que «el cannabis se mantiene en la ilegalidad y a sus usuarios en un riesgo cierto de criminalización, persecución y en caso de consumo con fines terapéuticos, en un agravamiento de la situación de salud».

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La persecución a usuarios y usuarias de drogas ilegalizadas por parte de las policías provinciales y las fuerzas federales viene creciendo en Argentina. En un reporte presentado por el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), muestra que de los 98 mil hechos registrados por distintas infracciones a la ley de drogas, casi el 90% no se trata de «golpes al narcotráfico». Los hechos registrados por distintas infracciones a la ley de estupefacientes pasaron casi de 62.000 en 2018 a más de 98.000 en 2019, crecimiento que se explica porque un 84% de los partes policiales surgen por presunta tenencia de drogas para uso personal.

Fuerte: Revista THC

A diferencia de lo que se cree, las personas acusadas por tenencia para uso personal no suelen ser detenidas por estar consumiendo en la vía pública. En general, son requisadas sin fundamento válido por las fuerzas del orden; a veces se las “invita” a entregar las drogas antes, otras directamente se los cachea.

“Este tipo de detenciones son un ‘comodín’ para marcar presencia policial en la calle, lo que muchas veces llega al hostigamiento», explica Tobías Schleider del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED).

Para frenar comienzo del rebrote judicializador, a fines del 2018 la Agrupación de Cannabicultores Marplatenses presentó un Habeas Corpus Preventivo.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) apoyaron el reclamo de la agrupación para cesar con los criterios arbitrarios y discriminatorios utilizados por la fuerza para interceptar, requisar y hostigar a personas que utilizan drogas.

Los datos estadísticos producidos por diferentes organismos del estado evidencian que lo que se ha acrecentado es la persecución a usuaries, así como también a mujeres y personas trans en situación de vulnerabilidad que transportan y/o venden drogas en pequeñas cantidades”, explica la antropóloga Florencia Corbelle, esta integrante del Equipo de Antropología Política y Jurídica, Facultad de Filosofía y Letras (UBA).

Para esta investigadora, el informe del SNIC para 2019 revela una de las tantas consecuencias de las políticas de drogas prohibicionistas en la región y de un modelo de gestión de la seguridad que delega muchas de las decisiones, dirección y administración de este y otros asuntos de política criminal en las fuerzas de seguridad.

La masividad del accionar policial por delitos sin víctima como el de consumir drogas responde a la necesidad de justificar y sostener el sistema represivo que se ha montado (divisiones especiales, capacitación, equipamientos, etc.). Claro que también funciona como una forma de saturar fiscalías y juzgados, distrayendo los esfuerzos para investigar, por ejemplo, al crimen organizado dedicado al tráfico y distribución mayorista de sustancias prohibidas, la trata de personas, o las desapariciones forzadas seguidas de muerte, de la que en general el poder político, empresarios y las fuerzas represivas son garantes.

Sobran los motivos, basta de penas por tenencia y cultivo

Estos “mega operativos” cómo gustan llamarle funcionarios y medios amigos, no sólo no desbaratan ningún crimen organizado sino que conllevan una inversión absolutamente injustificada. En medio de una crisis sanitaria mundial, y súper población en las cárceles, nada de esto tiene sentido.

En la ciudad de Bahía Blanca, donde fueron trasladados los detenidos por cultivo en la localidad de Puan ( https://www.laizquierdadiario.com/Ni-narcos-ni-peligrosos-familiares-de-cultivadores-detenidos-en-Puan-le-responden-a-Berni ), el defensor oficial Pablo Radivoy dijo a los medios locales que “las cárceles con una población que supera ampliamente su capacidad y calabozos colmados en unas pocas comisarías habilitadas para alojar detenidos, son parte de un problema que desde hace años se presenta a lo largo de la provincia de Buenos Aires”.

La realidad de Bahía Blanca no difiere a la del resto del territorio bonaerense y desde la defensoría oficial advierten que la política criminal llevada adelante complica aún más este panorama.

Radivoy, titular interino del cuerpo de defensores Bahiense, describió que la Unidad Penal Nº 4 de Bahía Blanca tiene capacidad para albergar a entre 700 y 800 detenidos, pero actualmente la población carcelaria es superior a 900 internos. Incluso, mencionó que durante 2019 llegó a exceder las 1.000 personas privadas de la libertad. Esta situación se agrava en el marco de la pandemia, como han denunciado familiares de presas y presos a lo largo del país.

“La sobrepoblación acá es significativa, pero es lo que está sucediendo en toda la provincia de Buenos Aires y, de hecho, hace un año la Suprema Corte de Justicia reunió de urgencia a los jueces penales a raíz de esta problemática”, y señaló: “tuvimos un llamado de atención de organismos internacionales por la cantidad de gente procesada, y la Corte (provincial) le encargó al Tribunal de Casación Penal que hiciera un informe detallado de la situación”.

Radivoy dijo que un informe de este último cuerpo, presentado en octubre del año pasado, “hacía referencia a una crisis humanitaria por la sobrepoblación en las cárceles, por eso la Suprema Corte pidió a todos los jueces penales bonaerenses que terminen con el abuso de la prisión preventiva, es decir personas que todavía están siendo procesadas y pasan quizá uno o dos años en prisión”.

Destacó que esto es un “fenómeno” vinculado con la “política criminal” estatal. “Se está abusando de la prisión preventiva” y agregó: “Estamos hablando de personas respecto de quienes todavía ni siquiera se determinó si son culpables o inocentes”. Las cárceles están llenas de trabajadores, desocupados y jóvenes de sectores sociales bajos, con prisiones preventivas por delitos no violentos. Esa es la situación actual de muches de les jóvenes de Puan.

Por si esto fuera poco, el año pasado se conoció a partir de una ONG interdisciplinaria que Argentina gasta 40 millones de dólares al año en perseguir a usuarios y usuarias de drogas, lo que daría como costo unos 2.000 dólares por cada causa de consumo.

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Un informe del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED) difundido por RESET, data que en Argentina existen 1.482.165 usuarios de cannabis que, en promedio, consumen 4,8 gramos de esa hierba por mes. Ese mercado mueve en total unos 200 millones de dólares al año. Para contrastar la cifra sólo es necesario cruzar un río: desde la legalización del cannabis en 2013, Uruguay arrebató unos 25 millones de dólares al crimen organizado que se nutre del tráfico.

La discusión sobre la legalización en Argentina tiene más de una década. El fallo Arriola, firmado por todos los integrantes de la Corte Suprema, estableció en un caso particular que el consumo personal de sustancias en el ámbito privado “está exento de la autoridad de los magistrados”, como indica el artículo 19 de la Constitución Nacional. Sin embargo, y a pesar de veinticinco proyectos de ley presentados para hacer lugar a la demanda del máximo tribunal, la ley no se tocó.

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Quedó más que en evidencia que desde lo largo y ancho de todo el país se extienden los reclamos por liberad y amnistía a cultivadorxs, y por la legalización integral del cannabis. Es necesaria la organización y la lucha para que termine de una vez por todas la estigmatización, la persecución y criminalización de la juventud y consumidores en general, chivo expiatorio de las políticas de control social y represión que se fortalecen en tiempos de crisis para imponer planes de ajuste a medida del FMI.

No se puede seguir financiando está política criminal represiva frente a las necesidades sanitarias y los bajos presupuestos en salud. No se puede ser rehén de las estadísticas que necesitan mostrar los ministros para justificar su cargos. Toda nuestra solidaridad con los detenidxs presxs por plantar, sus familias y amigxs.

Por esto es que desde el PTS en el Frente de Izquierda Unidad, hace años hemos presentado en reiteradas oportunidades un proyecto para la legalización integral que contemple al cannabis y sus derivados para todo uso, tanto recreativo como medicinal e industrial y que estás decisiones de lleven a cabo de cara a toda la sociedad, teniendo como protagonistas a activistas y organizaciones de todo el país.

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