Política

Nuevas pruebas

Armas para el golpe en Bolivia: documentos oficiales comprometen aún más a Bullrich y Aguad

Las 70.000 municiones y demás material represivo no figuran en el registro oficial del vuelo del 12 de noviembre de 2019. Pero sí viajaron y fueron entregadas a los golpistas. Días después el agregado de Gendarmería en la embajada se reunió con pares bolivianos y prometió más armamento.

Viernes 23 de julio | 10:15

Foto Tiempo Argentino

A partir de información brindada por el Gobierno nacional a diferentes medios, una reconstrucción de los hechos con los documentos hasta ahora salidos a la luz confirma que el armamento que salió la noche del 12 de noviembre de 2019 desde el aeropuerto de El Palomar a bordo de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina (donde viajaban gendarmes) fue recibido en La Paz por el comandante Héctor Adolfo Caliba, agregado de la Gendarmería en la embajada argentina.

Así lo informan este viernes Franco Mizrahi y Ari Lijalad en un artículo publicado en el sitio El Destape. Según esa reconstrucción, cinco días después de la llegada del avió Caliba tuvo una reunión con jerarcas de Policía Boliviana en la que los represores trasandinos pidieron más armamento a sus pares argentinos.

Caliba dejó por escrito que cooperó con ese objetivo “conforme orientación de la superioridad institucional”. Lo hizo en una nota que le mandó nada menos que al entonces director de la fuerza federal, Gerardo Otero. ¿Quién era la máxima autoridad sobre Gendarmería y jefa directa de Otero? La ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

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A su vez, según los medios oficialistas, tanto la ministra Sabina Frederic (Seguridad) como su par Agustín Rossi (Defensa) están realizando “investigaciones administrativas” en sus respectivas carteras para analizar lo actuado por sus antecesores, Bullrich y Oscar Aguad, respectivamente. Hasta ahora lo que determinaron, por testimonios de los gendarmes que viajaron a Bolivia y de militares que saben cómo fueron las maniobras del Hércules, es que efectivamente el armamento salió aquella vez de Argentina.

Por su parte en la causa que tramita en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 9, a cargo de Javier López Biscayart, se incorporó el “manifiesto de carga” realizado por la Fuerza Aérea para ese vuelo del Hércules. Allí se afirma que a bordo del avión iban los pertrechos propios del grupo Alacrán de Gendarmería, pero no se mencionan las 70.000 municiones antitumulto, cien spray de gas lacrimójeno y casi 600 granadas de gas que, según el Gobierno del país vecino, horas después serían entregadas a la Policía y a la Fuerza Aérea bolivianas.

La causa penal que conduce López Biscayart tiene como acusados al expresidente Mauricio Macri, a Bullrich, Aguad y otros exfuncionarios de Cambiemos.

La nota de Caliba

Según publicaron los periodistas Lijalad y Mizrahi, la nota del agregado de Gendarmería a su jefe en Buenos Aires está fechada el 17 de noviembre de 2019, a una semana del golpe. Allí Caliba le informaba a Otero que participó “de una reunión convocada por la nueva conducción de la Policía Boliviana; a la misma asistieron la totalidad de los agregados policiales. El motivo de la convocatoria fue planteado por el nuevo Subcomandante General y Jefe de Estado Mayor Policial Cnl. DESP. Claudio Zenobio Espinoza Luna”.

Seguidamente escribió que “el tema a tratar fue la posibilidad de colaborar cada institución con la provisión de agentes químicos contra disturbios, en razón que se les está acabando su stock; o bien orientar sobre mecanismos idóneos para una rápida adquisición”.

Y agrega: “conforme orientación de la superioridad Institucional, esta instancia, dio a conocer que Gendarmería se encuentra en una etapa de gestión de adquisición de dichos elementos; asimismo se orientó que dicho pedido se plantee al Ministerio de Seguridad con intervención de la Embajada Argentina en Bolivia”.

El Gobierno de Alberto Fernández considera que esos documentos son pruebas irrefutables de la complicidad de la gestión macrista con el golpe de Estado en Bolivia. Y así lo manifiestan en la causa penal por contrabando agravado de armas.

Para los funcionarios del Frente de Todos esa nota de Caliba es “la primera documentación oficial en donde se plasma la intención de la Policía Boliviana de obtener material represivo por parte de fuerzas armadas o de seguridad de otros países; y, también, el primer documento que evidencia la voluntad de Gendarmería Nacional y del Ministerio de Seguridad Argentino de dar soporte armamentístico a las fuerzas sediciosas. No resulta menor que una maniobra de este tipo, a todas luces ilegal y, por lo tanto, deliberadamente oculta, haya sido registrada en un registro oficial; desbaratando definitivamente las tesis conspirativas de algunos de los imputados”.

Las miles de municiones y gases llegaron a Bolivia la madrugada del 13 de noviembre. Allí se habrían repartido directamente una parte a la Fuerza Aérea y otra a la Policía de Bolivia. Como se sabe, ese día el comandante general de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Terceros Lara envió una nota de agradecimiento al entonces embajador argentino Normando Álvarez García.

La nota de Caliba a Otero, unos días después, amplía la información y demuestra que el plan de colaboración del gobierno argentino a los golpistas bolivianos incluía aportes futuros de más material represivo.

Una vez que el escándalo salió a la luz, luego de que el Gobierno boliviano hiciera la primera denuncia pública el 8 de julio, Caliba fue “pasado a disponibilidad” por la ministra Frederic. Esta semana su nombre directamente fue escrito en el expediente judicial, sindicado como el responsable del desembarco ilegal del armamento.

La documentación y los testimonios de los “alacranes” que viajaron a Bolivia aquel 12 de noviembre confirmarían que, ya en la madrugada del 13, el Hércules C-130 fue recibido en el aeropuerto de La Paz por el embajador Normando Álvarez García (actual ministro de Trabajo de Jujuy) y por el propio comandante Caliba.

Lo que aún no se sabe (o no se informa) es si el Gobierno de Alberto Fernández sabía del contrabando a Bolivia pero lo mantuvo en silencio hasta que el Gobierno de Luis Arce. Algo que debería aclararse, ya que resulta dudoso que los documentos ahora aportados a la causa judicial recién hayan sido "encontrados" por los funcionarios del Frente de Todos después de ver por televisión la denuncia del gobierno de Arce y de que el presidente Fernández pidiera disculpas públicas a su par trasandino.






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