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Ante la crisis política en Perú: por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana

La nueva escalada en la crisis política peruana por en enfrentamiento entre el ejecutivo y parte del Parlamento, en torno a un nuevo escándalo de corrupción que rodea al presidente Martín Vizcarra, muestra la podredumbre del régimen político. ¿Cuál es la salida?

José Rojas

Militante de la Corriente Socialistas de las y los Trabajadores "CST" de Perú

Lunes 14 de septiembre | 14:01

Foto: Diario Gestión

Los denominados audios de la vergüenza que muestran como el presidente Martín Vizcarra buscaba manipular a dos de sus funcionarias de confianza para obstruir las investigaciones sobre tráfico de influencias del ejecutivo, han puesto en evidencia el grado de descomposición de este poder del Estado y, específicamente, del presidente de la república. Sin embargo, este no es un hecho aislado ya que el poder legislativo, el poder judicial y el resto de instituciones del Estado peruano atraviesan una profunda crisis orgánica, la cual está relacionada al agotamiento del régimen político de 1993 y al modelo económico neoliberal impuestos por Alberto Fujimori en la década del 90.

Dinámica de la crisis

En esta oportunidad la crisis tuvo como detonante los audios presentados por el Congresista Edgar Alarcón, quien a su vez preside la Comisión de Fiscalización del Parlamento peruano. En los diálogos en mención, se puede escuchar a Martín Vizcarra tratando de orientar y dirigir las intervenciones que tendrían sus funcionarias de confianza ante la fiscalía de la nación y ante la comisión de fiscalización del congreso que venían investigando las irregularidades en la contratación de Richard Cisneros por parte del ejecutivo. Inmediatamente después de este destape, un grupo de congresistas presentaron una moción de vacancia presidencial por “incapacidad moral”, cuya admisibilidad fue aprobada con 65 votos a favor en el pleno del parlamento el pasado viernes 10 de septiembre.

Cabe mencionar que el grueso de congresistas que hoy fungen de moralizadores, están vinculados a temas de corrupción como es el caso de Edgar Alarcón quien paradójicamente preside la comisión de fiscalización del Parlamento. La estrecha vinculación de la mayoría de congresistas a los negocios de grandes empresarios y el hecho que muchos de ellos representen intereses económicos particulares, es la causa de esta deslegitimación del Parlamento.

Frente a esto, el presidente respondió descalificando a los promotores de la vacancia, acusándolos de corruptos y de golpistas por, supuestamente, haber buscado previamente a las fuerzas armadas. Por ello, personas cercanas a Martín Vizcarra han denunciado penalmente al presidente del congreso Manuel Merino y al congresista Edgar Alarcón de “tentativa de sedición, conspiración y usurpación”. Mientras que al mediodía del sábado 12 de septiembre el premier Walter Martos ofrecía una conferencia de prensa rodeado de los generales de las fuerzas armadas y policiales para anunciar que el gobierno contaba con el apoyo de las fuerzas represivas. Las grandes cadenas de medios de comunicación que se vieron beneficiadas por las políticas de reactivación económica del ejecutivo no han dudado en sumarse al apoyo al gobierno, así como otros sectores empresariales vinculados a la CONFIEP.

Esto ha llevado a que congresistas y fuerzas políticas diversas empiecen a desistir de la vacancia, como ocurrió con el ex militar Daniel Urresti, quien hace poco en un comunicado hizo de conocimiento público que dejaba de apoyar esta medida. El partido Alianza para el Progreso del millonario provinciano Cesar Acuña, también ha hecho público que ellos dejan de apoyar la vacancia. Así mismo, Keiko Fujimori se pronunció rechazando la vacancia y anunció que sus congresistas votaran en contra, a ellos se suman los congresistas del FREPAP y del Frente Amplio que también han manifestado que mantendrán su voto en contra. Todo ello hace prever que, de no mediar otro destape que comprometa más al presidente Vizcarra, la moción de vacancia que se votará el próximo viernes 18 de septiembre no alcanzaría los 87 votos requeridos para poder materializarse. Sin embargo, más allá del desenlace de la crisis, el gobierno ha sentido el golpe y este destape ha vuelto a poner en discusión la naturaleza profunda de la crisis política y la necesidad de una salida de fondo.

Naturaleza y contexto de la crisis política en curso

Esta crisis política que ahora vuelve a la escena, no es nueva, y en los últimos años ha pasado por diferentes momentos. Los elementos más recurrentes han sido la confrontación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, así como la develación de la relación existente entre los negocios de los grandes empresarios y los partidos políticos y sus líderes más renombrados, a los cuales se suman los ex presidentes y altos funcionarios del poder judicial y del Ministerio Publico. Por esa razón, los últimos cinco presidentes del país, dentro de los cuales tenemos a Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski y ex alcaldes de Lima como Susana Villarán o Luis Castañeda Lossio, se encuentran investigados por corrupción; algunos de ellos purgan prisión, e incluso Alan García terminó suicidándose al hacerse evidente sus vínculos a los turbios negocios de Odebrecht. A ellos se suman los 334 magistrados (151 jueces y 183 fiscales) sancionados o investigados por haberse aprovechado de su condición de funcionarios públicos para favorecer intereses empresariales de terceros.

Y todo esto ha sido posible porque la Constitución de 1993, que fue impuesta por Alberto Fujimori y las instituciones y normas derivadas de esta, permiten una alta concentración del poder político en el ejecutivo, limitan con enormes barreras proscriptivas la posibilidad que el pueblo y los trabajadores puedan participar en la vida política del país, blindan a los parlamentarios y al presidente con la inmunidad – además de otorgarles elevadísimos sueldos y gollerías - y permiten que los jueces y fiscales sean elegidos en las sombras y sin que puedan ser fiscalizados por nadie. Esto ha generado la configuración de una casta de políticos y funcionarios públicos al servicio de los grandes empresarios, por esa razón, desde la década del 90 y de la mano de los diversos gobiernos de turno, de los parlamentos, de los partidos políticos y de los demás poderes del Estado, se ha ido implementando una ofensiva burguesa en toda la línea, liquidando los derechos laborales y favoreciendo el saqueo nacional, lo cual ha permitido la acumulación de capital y, por tanto, el enriquecimiento de un puñado de empresarios y a su vez a acrecentado la explotación, la precarización y la informalidad laboral, así como la pobreza de millones de trabajadores y trabajadoras, campesinos y sectores populares.

Este nuevo capítulo de la crisis política hace parte entonces de este contexto más estructural, y así mismo tiene como trasfondo social la profunda crisis sanitaria y económica que ha sido potenciada por la propagación del Covid-19, lo cual ha llevado a una severa recesión y a un incremento escandaloso del número de despedidos y desempleados, además de un elevado número de contagiados y fallecidos, cifras que han hecho que el Perú sea considerado como el país con las peores estimaciones mundiales de crecimiento para lo que queda del año 2020 y como uno de los países de América con las cifras más altas de contagiados y fallecidos por Covid-19. Esto ha generado que sectores obreros, como los mineros de Cobriza o de la minera Marsa, empiecen a luchar o, anteriormente, a que los campesinos de Espinar paralicen exigiendo mejores condiciones para encarar la pandemia.

Gran responsabilidad de la crisis sanitaria y económica recae en el presidente Martín Vizcarra, quien, desde que se dieron los primeros casos de contagiados, priorizó el salvataje a los grandes empresarios y banqueros, así como una serie de medidas orientadas a que estos sigan produciendo sin cumplir con las medidas básicas de bioseguridad. Por esa razón, en lo que va de la pandemia a este sector se le ha otorgado más de 22 mil millones de soles a través del plan Reactiva Perú de un total de 60 mil millones destinados para este fin, también se les ha facultado para que puedan despedir libremente a sus trabajadores a través de la denominada suspensión perfecta lo cual ha acrecentado la crisis social. Mientras que el pueblo y los trabajadores - quienes, de contagiarse tienen que enfrentarse a los altos precios de los medicamentos y del oxígeno - solo han recibido del Estado, y de manera muy restringida, unos míseros bonos, sin embargo, han tenido que enfrentar las medidas represivas del ejecutivo a través de los abusos de la Policía Nacional y la estigmatización de la prensa que busca responsabilizarlos del incremento de los contagios.

La respuesta de la izquierda reformista

Apenas estalló la crisis, el Frente Amplio a través de su líder Marco Arana, hizo un llamado a “mantener la serenidad” y a buscar una “salida institucional y constitucional”. Así mismo, instó a concretar la reforma política que viene promoviendo Martín Vizcarra y a fortalecer el acuerdo nacional. Posteriormente, y ya en un comunicado oficial, cuestionaron el proceder del presidente de la República, sin embargo, centraron su crítica sobre el presidente de la Comisión de Fiscalización del parlamento, congresista Edgar Alarcón, y plantearon que este sea destituido de su cargo y que el Congreso de la República se encargue de investigar al presidente de la República, sin que esto signifique poner en riesgo la continuidad de su mandato. Después que Vizcarra y el premier Walter Martos, con los militares a su costado, salieron a acusar al presidente del Congreso Manuel Merino de golpista, casi jugando en pared con el ejecutivo, el Frente Amplio sacó otro comunicado donde pidieron que se destituya la actual junta directiva del congreso presidida por Merino.

Esta posición política ha llevado a que, en la votación por la admisión de la moción de vacancia, sus 7 congresistas habilitados, al votar en contra y absteniéndose, terminen haciendo parte del bloque de parlamentarios que cotidianamente cierran filas con el presidente Vizcarra y sostienen sus medidas reaccionarias. Esto no es nuevo en ellos, recordemos que hace unos días atrás un grupo de sus Congresistas se opusieron a la censura de la Ministra de Economía María Antonieta Alva, quien, por cierto, ha sido la encargada de implementar todas las medidas de ajuste a los trabajadores y los salvatajes financieros a empresarios y banqueros. Por eso, nos parece contradictoria la posición de UNIOS Perú de la UIT-CI, ya que a pesar de criticar la posición del Frente Amplio y sus congresistas en esta crisis, siguen siendo parte de esta organización que, como vemos, se ha convertido en abierta escudera del régimen del 93 y del Gobierno.

Por otro lado, Verónika Mendoza del Nuevo Perú, propone como salida inmediata a la crisis de los audios que: “el presidente sea investigado rápida y rigurosamente por el Ministerio Público respetando el debido proceso”. Y en comunicado ya formal llaman a impulsar un proceso constituyente y a priorizar las elecciones del 2021 a través de la articulación de “un bloque político, social, popular y ciudadano para recuperar y transformar el Perú”. En otra parte de su comunicado, y haciendo eco del discurso presidencial, hablan de “rechazar cualquier intento golpista”.

Por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana que abra el camino hacia un gobierno de los trabajadores y el pueblo

Martín Vizcarra no solo es responsable de obstruir las investigaciones por la irregular contratación de Richard Cisneros, sino también es responsable por los millones de despidos, contagiados y fallecidos en lo que va de la pandemia ya que, como lo dijimos líneas atrás, por sus políticas pro empresariales, los trabajadores y el pueblo pobre hemos terminado pagando las terribles consecuencias de la crisis económica, social y sanitaria.

En ese entender, Vizcarra no merece permanecer un día más en la presidencia de la República. Sin embargo, no será de la mano de una vacancia presidencial que abriremos un proceso de cambio profundo en el país. Esta medida solo llevaría a que otro grupo de congresistas mafiosos, ahora solapados en posturas moralistas, tomen el control del ejecutivo para continuar con la agenda de los empresarios. Y estamos convencidos que así será, ya que los que hoy hablan de vacancia presidencial desde el Parlamento, siempre votaron y aplaudieron a Vizcarra y sus ministros cuando arremetían contra el pueblo y los trabajadores.

Tampoco será de la mano del poder judicial y del Ministerio Publico – como plantea Verónika Mendoza - que podremos sancionar debidamente al presidente y asegurar así elecciones transparentes el 2021 o la apertura de un ciclo constituyente en el marco del régimen vigente. El poder judicial y el Ministerio Publico están tan podridos como el poder legislativo o el poder ejecutivo, sino recordemos a jueces y fiscales como los tristemente célebres Cesar Hinostroza, Walter Ríos, Ivan Noguera, entre otros. Estos poderes son caja de resonancia de los grupos de poder económico, por eso hoy buscan criminalizar la protesta social y vienen denunciando y persiguiendo a dirigentes obreros que luchan, como es el caso de Luis Cerna, al cual pretenden encarcelar por 15 años por el solo hecho de denunciar los abusos de su patronal y los contagios de Covid-19 en su campamento minero.

No será tampoco cambiando la mesa directiva del congreso o la presidencia de la comisión de fiscalización de este poder del Estado – como plantea el Frente Amplio – que se dará solución a esta crisis, sino todo lo contrario. Si la medida que propone Marco Arana y su partido prospera, no solo se le allanara el camino al gobierno para librarse de responsabilidad con lo cual podrá terminar su mandato con la estabilidad política suficiente para seguir ajustando al pueblo trabajador, sino que también le estarían lavando la cara a una de las instituciones más descompuestas del régimen del 93, como es el Congreso de la Republica, y con ello contribuirían notablemente a oxigenar a la burguesía y a la casta de políticos corruptos que se sostienen en este régimen para mantener sus privilegios.

La crisis política abierta por los audios de Vizcarra, al mostrar el alto grado de descomposición de los poderes del estado y del mismo presidente de la Republica quien hasta hace poco se mostraba como líder de la lucha anticorrupción, deberá servirnos para llamar al pueblo y a los trabajadores a movilizarse y luchar por imponer una Asamblea Constituyente Libre y Soberana sobre las ruinas de las instituciones del viejo régimen de 1993. En ese proceso de lucha vacaremos en la práctica al poder ejecutivo, al legislativo y al resto de poderes del Estado. Solo sobre su ruina se podrá dar vida a un proceso constituyente realmente democrático.

Esta Asamblea Constituyente Libre y Soberana nos permitirá discutir desde la raíz todos los problemas estructurales que afectan al país, por ello, deberá tener funciones ejecutivas y legislativas. Aquí pelearemos por la anulación de la suspensión perfecta de labores que genera miles de despidos y empezaremos anulando todas las reformas anti laborales impuestas por Fujimori, Toledo, García, Humala, PPK y Vizcarra. En ese entender, batallaremos por darle fin a la tercerización laboral, al régimen CAS y por el nombramiento de todos los trabajadores contratados en el sector público, empezando por el sector salud que hoy se encuentran en primera línea contra la pandemia, además de ello, aprobaremos aquí el salario de cuarentena equivalente a 1,500 soles mensuales para todos los trabajadores que se quedaron sin trabajo y para los ambulantes. Así mismo, plantearemos en este espacio la reconversión productiva y que se declaren de utilidad pública las clínicas privadas, las farmacias, los laboratorios, las plantas de oxigeno medicinal, los centros de distribución de equipos biomédicos, entre otros.

Aquí también lucharemos porque la jornada laboral se reduzca sin afectar el salario de los trabajadores para que se creen más puestos de trabajo, así como que las empresas que cierren pasen a estar bajo control de sus trabajadores. Y para contar con los recursos necesarios, batallaremos por la nacionalización de los recursos naturales, la renacionalización y estatización bajo administración y control democrático de las y los trabajadores y el pueblo de todas las grandes empresas estratégicas del país, por la nacionalización de la banca que ponga fin al lucro de los intereses. Y para acabar con la casta de funcionarios públicos y políticos corruptos, plantearemos que los jueces y fiscales sean elegidos por elecciones universales, así mismo, que los políticos elegidos por voto popular – además de los otros funcionarios públicos - ganen el mismo salario que un trabajador calificado, y si incumplen con el mandato para el cual fueron elegidos, puedan ser revocados.

Creemos que esta experiencia contribuirá a que las y los trabajadores, los campesinos, los sectores humildes y desposeídos, los pueblos indígenas, comprendan que la única solución a todos los problemas es mediante un gobierno de los trabajadores de ruptura con el capitalismo, el cual, apoyándose en los organismos de auto organización de los trabajadores y del pueblo y sobre la base de la democracia directa, avance en forma decidida confrontando el imperialismo e inicie la lucha por una sociedad sin explotados ni explotadores.






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