La lucha de sobrevivientes, familiares y organismos logró condenar a diez y doce años a Pedro Müller y Héctor Sibilla por secuestros y torturas de 24 obreros de la planta de Pacheco. El juicio reafirmó la responsabilidad patronal en el genocidio. Pero siguen en libertad porque las condenas no están firmes.
Martes 15 de diciembre de 2020 | Edición del día
Después de más de 42 años de lucha tenaz de los sobrevivientes, sus familiares y los organismos de derechos humanos, el juicio contra dos exgerentes de la empresa Ford, terminó el 11 de diciembre de 2018 con condenas para estos empresarios genocidas.
El Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín, integrado por Osvaldo Facciano, Mario Gambacorta y Eugenio Martínez Ferraro, condenó a los exdirectivos de la automotriz Pedro Müller (87 años) y Héctor Francisco Sibilla (92) y al exmilitar Santiago Omar Riveros (96).
Müller fue condenado a diez años de prisión por privaciones ilegales de la libertad cometidos por abuso funcional agravado por el empleo de violencia y amenazas. Por los mismos cargos en diversos hechos Sibilia fue condenado a doce años de prisión.
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Riveros fue condenado a la pena de 15 años de prisión e inhabilitación absoluta por allanamientos ilegales, privaciones ilegales de la libertad cometidos por abuso funcional agravas por el empleo de violencia y amenazas y tormentos agravados.
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El Tribunal dispuso también que los condenados cumplan sus condenas en cárceles comunes del Servicio Penitenciario Federal, pero los ex directivos aún continúan en libertad hasta que esas condenas queden firmes, a diferencia de Riveros que ya estaba preso por tener otras condenas previas en causas de lesa humanidad.
Teniendo en cuenta la edad de los dos exgerentes, y la lentitud de la "justicia" para resolver estas causas, es probable que la impunidad biológica les brinde la posibilidad de no pisar nunca una cárcel.
La empresa Ford como lugar de los hechos
Así se tituló una de las partes del alegato de la querella durante el juicio, donde se detalla que “la planta de Pacheco de la empresa Ford Motor Argentina, ubicada en la Panamericana y la Avenida Henry Ford, en la localidad de Pacheco, en la Provincia de Buenos Aires, cuenta con 244.000 m2, es el territorio central de la represión a los 24 trabajadores víctimas. Todos ellos eran trabajadores de la fábrica -a excepción de Roberto Cantello que había renunciado apenas unos meses antes- y en su mayoría eran delegados sindicales”.
Está demostrado que “diecisiete de ellos fueron secuestrados en su puesto de trabajo y todos ellos conducidos a los quinchos del sector recreativo de la propia fábrica para ser torturados. Luego de ello, fueron llevados a diferentes lugares de detención. Permanecieron un tiempo secuestrados, en calidad de detenidos-desaparecidos, y posteriormente blanqueados y puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, y trasladados a diferentes unidades penitenciarias del Servicio Penitenciario Federal”.
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La impunidad y sus consecuencias
La impunidad garantizada por todos los gobiernos constitucionales, sobre todo para la clase empresaria tiene implicancias hoy, como lo demuestra que los ex gerentes sigan en libertad.
Pero también una de las dolorosas e imperdonables consecuencias es que no todos los trabajadores que fueron víctimas hayan podido llegar con vida al juicio. Ellos son Luciano Bocco, Marcelino Repossi, Juan Carlos Ballesteros, Juan Carlos Amoroso, Carlos Chitarroni, Rubén Manzano, Pator Murúa, Hugo Núñez, Fernando Groisman, Héctor Zubaran y Raimundo Robledo.
A casi 45 años del golpe genocida muchos de los responsables ni siquiera han sido imputados, otros no fueron condenados y muchos sin ninguna condena por los aberrantes delitos de lesa humanidad que cometieron.
Dentro de los impunes no sólo están el expresidente de Ford Nicolás Courad y otros jerarcas de la empresa, sino también José Rodríguez y los dirigentes del sindicato automotriz SMATA, quienes proporcionaron, como consta en el auto de elevación a juicio, la lista con el nombre de los delegados a los militares.
La complicidad de la burocracia sindical con los genocidas fue confirmada por el propio Rodríguez en el Juicio por la Verdad de La Plata. Pero, lamentablemente, en el alegato de la querella en el juicio de Ford ese rol nefasto del Smata estuvo ausente. Cabe mencionar que José Rodríguez murió impune por estos crímenes, por los de Mercedes Benz y por tantos otros, además de estar procesado por el fraude a la obra social de los trabajadores mecánicos.
El juicio de Ford fue histórico, no solo por el peso de una multinacional como esta, sino que expresó cómo la clase empresaria fue central para llevar adelante el plan genocida contra una clase obrera que se planteaba cambiar la sociedad de raíz.
La fuerza de miles y miles de trabajadores del cordón industrial de la zona norte y del todo el país eran una amenaza cierta para los planes de mayor explotación capitalista.
La lucha por el juicio y castigo para estos gerentes y todos los genocidas es de primer orden, para que las nuevas generaciones estemos en mejores condiciones para organizarnos y luchar por una sociedad sin explotación ni opresión.
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