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La Izquierda Diario
26 de marzo de 2017 Twitter Faceboock

CRIMINLIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL
Repercusiones al decreto contra corte de vías públicas
Claudio Álvarez

Varias organizaciones sindicales y estudiantiles ya se pronunciaron repudiando el reciente decreto del gobierno de desalojo de vías públicas sin previa orden judicial. En paralelo dirigentes frenteamplistas desacreditan las críticas, mientras otros se suman a desencanto de las bases pero por el momento solo declaraciones.

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Foto: Vázquez el 26 de Agosto de 2015 en acto público es abucheado a pocas horas de haber decretado la "esencialidad" en educación para frenar la huelga docente.

Con el correr de las horas ya son varias organizaciones sociales, de derechos humanos, políticas, así como periodistas y del área de la cultura, que se pronunciaron por distintos medios en repudio al decreto, y seguirán sumándose más voces de repudio porque algunas organizaciones están en estas horas discutiendo posibles declaraciones para hacer públicas.

Sindicatos y gremios estudiantiles

Hasta el momento las los sindicatos y gremios estudiantiles que se pronunciaron en rechazo al decreto han sido la Confederación de Funcionarios del Estados (COFE), la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas (UTHC), la Asociación de Funcionarios de UTU (AFUTU) Regional Canelones, el Centro de Estudiantes de Facultad de Sociales (CECSO).

Si bien hay expresiones diferentes dentro de la mesa representativa del PIT-CNT, es de destacar que el Secretario General del PITCNT y dirigente del Partido Comunista Marcelo Abdala, dijo que la detención de sindicalistas en Colonia por cortar una vía pública se debió a una "mala interpretación del decreto" y que el mismo “no agrega nada a la normativa vigente”, mostrando así una clara voluntad de no ir en contra del decreto del gobierno.

Mientras principales dirigentes oficialistas cierran filas, los decepcionados no se juegan la ropa

Entre las declaraciones del oficialismo en respaldo al decreto se destaca la del Ministro del Interior Eduardo Bonomi y la Ministra de Desarrollo Social Marina Arismendi.

El ministro del MPP expresó que "hay gente en la izquierda que no termina de entender que disuadir y reprimir la delincuencia es parte del avance social". Esta definición amerita la reflexión de todos los que se consideran de izquierda y frenteamplistas, porque se rompe acá con la caracterización histórica de la izquierda a nivel mundial del origen de la “delincuencia” y su “carácter de clase”, ya que un empresario roba diariamente a sus empleados la gran mayoría de lo que producen pero esto no es “delincuencia” porque tiene un amparo legal. Este avance represivo, llamado “avance social” por Bonomi parece no generarles ninguna cuestión de principios a quienes se siguen autoproclamando de izquierda.

Por su parte la ministra Arismendi del PCU salió en defensa del decreto argumentando que el mismo está pensado para empresarios que actúen de por sus intereses económicos: “por una lucha de precios entre empresarios se puede llegar a estropear la economía de un país”. Sin embargo en nuestro país la manifestación de impunidad de los empresarios se da más comúnmente abandonando una fábrica por búsqueda de más rentabilidad, dejando a familias obreras en la calle, como fue el caso de quienes le dieron la banda presidencial a Muijica, los que fundieron Fripur, sin embargo el gobierno permitió que los empresarios siempre se salgan con la suya. Esta forma de argumentar un decreto represivo Arismendi que sería contra los empresarios al menos resulta un poco fuera de la realidad.

Entre las voces disidentes dentro del oficialismo se destaca la de la dirigente Constanza Moreira principal dirigente de Casa Grande, publicando un comunicado rechazando el decreto. En las últimas horas también se hizo público un comunicado del Partido Socialista, paradógicamente el sector del cual proviene el mismo Tavaré Vázquez, que expresa "preocupación" por el decreto. Por el momento todo parece quedar en una declaración de intenciones, que en los hechos es consentir un giro represivo de su partido en el gobierno.

Que el PIT-CNT se movilice para tirar abajo el decreto

Es indiscutible que el decreto del presidente otorga mayor poder a las fuerzas represivas, actuando ahora antes que se pronuncie la justicia. Si bien dirigentes como Abdala se encargan de decir que el decreto no está dirigido a atacar las libertades sindicales y que está pensado para situaciones como cuando un empresario corta la ruta por intereses corporativos, en los hechos ya se puso a prueba y se demuestra su utilidad: reprimir la protesta en la vía pública.

Esto amerita el más amplio debate en el movimiento sindical respecto al accionar del gobierno en materia represiva. Cabe preguntarles a los dirigentes del Partido Comunista si reforzar y darle mayor libertad de acción al aparato represivo es lo que ellos dicen ir hacia “una democracia avanzada”. Se demuestra una vez más que la independencia del movimiento sindical está claramente limitada por el accionar de los dirigentes oficialistas.

Se hace necesario que todo el movimiento sindical se pronuncie repudiando el decreto que otorga mayor poder al aparato represivo para reprimir la protesta social. Debemos frenarlo cuanto antes, más aún previo a una nueva rendición de cuentas, donde seguramente la educación y otros sectores buscarán trasladar sus reclamos con movilizaciones. Una gran demostración de fuerza en las calles es lo que necesitamos para ponerle un freno al gobierno.

 
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