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Ley de Urgente Consideración
¿El referéndum es una salida?
Hernán Yanes

Una vez conocido el borrador de la Ley de Urgente Consideración elaborada por el partido Nacional se comenzó a plantear desde dirigentes del PIT-CNT la posibilidad de convocar a un referéndum para derogarlo. ¿Se puede derrotar el ajuste en base a estas propuestas? La necesidad de la movilización y organización popular para enfrentar a la derecha

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Hace ya dos semanas se conoció el primer borrador de la Ley de Urgente Consideración (LUC) anunciada por el presidente electo Luís Lacalle Pou. Desde entonces ha circulado por todos los sectores políticos, los que se han expresado con distintas opiniones sobre este primer documento.

Desde los partidos integrantes de la coalición se ha dicho que puede haber cambios y desde el Frente Amplio se han mostrado abiertos a negociar algunos ítems de este borrador.

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Los dirigentes del PIT-CNT frente al nuevo gobierno

El PIT-CNT también viene estudiando la propuesta de Lacalle Pou y sus principales dirigentes han hecho hasta el momento declaraciones de distinto tenor en relación al proyecto de ley.

Aunque no se conocía el contenido concreto del borrador, los anuncios no han sorprendido a nadie y continúan en la línea de lo que propone tradicionalmente la derecha, así como de lo declarado durante la campaña presidencial por el propio Lacalle Pou.

En este sentido no se puede dejar de señalar que el presidente del PIT-CNT Fernando Pereira, se venía mostrando conciliador con el futuro presidente con conceptos elogiosos acerca de sus capacidades, remarcando una supuesta actitud dialogista y una especie de “sensibilidad social” (es más Pou que Lacalle). La postura de la coalición sobre las ocupaciones, piquetes y huelgas eran ampliamente conocidas y mostrarse tan “amigable” no parece la mejor señal para prepararse para enfrentar estos ataques a conquistas históricas de los trabajadores.

En estas últimas semanas, luego de conocido el borrador, el oficialismo de la central se ha mostrado un poco más crítico frente a los anuncios, señalando que “si el proyecto se mantiene como está, habrá conflictos”, lo que también se puede entender como una especie de pedido de negociación y de que el gobierno considere la posición del PIT-CNT y acuerde en los puntos centrales para de esa forma evitar los conflictos.

Un gobierno de ajuste

Aunque estos dirigentes apuesten al dialogo y la negociación las bases trabajadoras saben que el futuro gobierno será un gobierno de ajuste y que la Ley de Urgente Consideración es un primer paso para tomar medidas antiobreras y antipopulares.

El propio Marcelo Abdala ha señalado que en la actividad realizada el miércoles pasado en la Sede de la Central Obrera, que contó con la presencia de más de 350 trabajadores, las filiales mostraron “posiciones muy críticas” frente al proyecto de Ley.

En esta actividad Abdala anunció que la Mesa Representativa que se reunirá el 20 de febrero será la que comience a definir los próximos pasos del movimiento sindical

La respuesta de los trabajadores debería ser acorde a la magnitud del ataque que se plantea la derecha, y eso sin olvidar que el programa del futuro gobierno va más allá de lo enunciado en esta Ley de Urgente Consideración e incluye más privatizaciones, una reforma previsional y una reforma laboral.

Por un lado ya han anunciado (y en esto cuentan con el apoyo del Frente Amplio) que quieren subir la edad jubilatoria y por otro buscan una reforma del mercado de trabajo que implicará pérdidas de salarios y derechos laborales (es decir mayor explotación) así como aumentar el margen de ganancia de los empresarios. La desmonopolización de ANCAP es un anticipo de la política privatizadora y tercerizadora que tendrá el gobierno de la coalición.

En esta Ley de Urgente Consideración se ha avanzado especialmente en el aspecto represivo, planteando una serie de medidas que criminalizan la pobreza y también la protesta; es decir el futuro gobierno se prepara para enfrentar las consecuencias sociales del modelo económico que quiere implementar y las resistencias que genere en los trabajadores y sectores populares.

¿El referéndum es una salida?

Así las cosas parece oportuno discutir seriamente que tipo de medidas son las que permitirán derrotar los planes del gobierno.

En declaraciones recientes Marcelo Abdala ha señalado que se manejan distintas alternativas que van desde pedir una reunión con el presidente electo, interponer un recurso de inconstitucionalidad o "directamente ir a un referéndum para que nuestro pueblo pueda decidir si está bien o mal esa herramienta" (por la LUC).

En este abanico de posibilidades parecería que para la dirección del PIT-CNT un hipotético referéndum sería la opción “más radical” para evitar la Ley de Urgente Consideración.

Sin embargo, al escuchar esta propuesta nos parece importante realizar un balance acerca de las experiencias anteriores en las que se utilizó el recurso del referéndum.

Como se ha señalado en las últimas semanas en distintas ocasiones ya hubo al menos dos pronunciamientos populares acerca de Ancap y las empresas públicas. En el plebiscito del 92 el pueblo por amplia mayoría votó por no privatizar, y aunque se logró frenar el proyecto de la derecha también es cierto que los sucesivos gobiernos (incluido el propio Frente Amplio) tercerizaron servicios y apelaron a privatizaciones parciales de estas mismas empresas (hay ejemplos de sobra de sectores privatizados en UTE, ANTEL, OSE). Luego en el 2003 se votó en un referéndum la no desmonopolización de ANCAP frente a una propuesta de ley del entonces presidente Batlle que eliminaba el monopolio estatal de los combustibles y autorizaba a asociarse con otras empresas de capitales privados.

Que a pesar de los claros pronunciamientos populares haya habido avances privatizadores, o que se esté planteando nuevamente que no haya monopolio de ANCAP muestra que los referéndum no son suficientes para que se respete la voluntad popular.

Tampoco podemos olvidar que muchas de las medidas que proponía Larrañaga con la reforma constitucional “vivir sin miedo” que fue derrotada en las urnas están siendo impulsadas ahora por el gobierno de la coalición a través de la Ley de Urgente Consideración; es decir que también se puede ver en este ejemplo como el régimen político desconoce los pronunciamientos de la ciudadanía.

Para frenar leyes antipopulares se puede apelar a todos los recursos, incluidos los legales, pero lo que realmente hará posible que se frenen estas medidas de ajuste es la movilización y organización popular.

Si se toma como herramienta principal el referéndum y además se genera expectativa en los mecanismos legales de esta democracia para ricos confiando en que los pronunciamientos electorales serán respetados corremos el riesgo de ir hacia un callejón sin salida.

Los dirigentes del PIT-CNT saben que los resultados de las consultas populares han sido históricamente burlados, que la derecha no se detendrá para llevar adelante sus proyectos y que las leyes las aplican en función de sus intereses y cuando ellos quieren.

Si realmente se quiere enfrentar a este gobierno de ajuste hay que discutir democráticamente desde las bases un plan de lucha que tome las principales reivindicaciones del pueblo trabajador, apuntando a la movilización popular como el camino principal para derrotar los planes de la derecha.

 
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