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Impunidad
Los límites de la gestión frenteamplista en DDHH
Hernán Yanes

En estas últimas semanas dos hechos muestran la vigencia del problema de la impunidad para los crímenes de la dictadura, por un lado el pedido de procesamiento de Gavazzo por parte del fiscal Perciballe y por otro el pedido de desafuero para Manini Ríos. Los avances a cuentagotas son consecuencia de las trabas que pone el propio régimen político.

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A pesar de los intentos de todo el sistema político de dejar en el pasado lo sucedido en la dictadura cívico militar periódicamente distintos acontecimientos vuelven a poner sobre el tapete la vigencia de la lucha por la verdad y justicia y terminar con la impunidad.

Pedido de nuevo procesamiento para Gavazzo

José Gavazzo es acusado de coautoría de homicidio muy especialmente agravado del maestro Julio Castro durante la dictadura. El fiscal especializado en delitos de lesa humanidad Ricardo Perciballe solicitó una condena de 25 años por este hecho.

Los restos del maestro desaparecido en 1977 cuando tenía 68 años fueron encontrados en el año 2011 en el Batallón 14. Gavazzo había sido procesado por esta misma causa en el 2014 en la etapa de presumario mientras que al año siguiente la Suprema Corte de Justicia había absuelto al policía Ricardo Zabala por supuestas falta de pruebas, lo que determinó una presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la notoria falta de compromiso del Estado uruguayo con la verdad y la justicia.

5 años después del procesamiento por la muerte de Julio Castro llega este pedido de condena, mientras tanto Gavazzo se encuentra usufructuando cómodamente un régimen de prisión domiciliaria. A comienzos de este año además este asesino confeso se dio el lujo de dar reportajes donde intenta justificar su accionar. La justicia hace años lo había sobreseído y archivado el caso del asesinato de Gomensoro, situación que no se pudo mantener ante el la propia confesión de Gavazzo; otro claro ejemplo de la complicidad de la justicia en la impunidad reinante.

Con el correr de los años surgen nuevos elementos que prueban el accionar de represores y genocidas en el periodo dictatorial, pero también se ve con claridad la total falta de voluntad política para avanzar decididamente en el camino de verdad y justicia.

Más allá de las chicanas judiciales de los defensores de los genocidas existe una complicidad del todo el régimen político para dilatar y entorpecer el avance de las causas sobre violaciones a los derechos humanos en la dictadura. A casi 35 años del retorno democrático, el tiempo juega a favor de los represores, quienes van muriendo en libertad, cobrando sus jubilaciones de privilegio o a lo sumo se encuentran presos en confortables cárceles VIP.

El pedido de desafuero de Manini Ríos

En esta semana se dio además la audiencia judicial en relación a la situación de Manini Ríos, acusado por la Fiscalia por omisión de denuncia de hechos de apariencia delictiva vinculada a su conocimiento de la confesión de Gavazzo en el tribunal de honor militar.

Esta situación abrió una crisis importante en el gobierno a comienzos de año, con discursos contradictorios y acusaciones cruzadas, pero que en todo caso no pueden ocultar la responsabilidad del Frente Amplio en el rol de Manini como Comandante del Ejército.

Fue el propio MPP, con el rol protagónico de ese operador político de la impunidad que fue el ex ministro Fernández Huidobro, quien “creo” la figura de Manini Ríos y le dio el cargo de Comandante en jefe del Ejército. El Ministerio de Defensa se convirtió en un centro de obstáculos para la investigación sobre el destino de los desaparecidos y el avance de las causas judiciales, con constantes ataques a los organismos de derechos humanos.

Esta posición indigna fue tolerada o compartida por los sucesivos gobiernos de Mujica y Vázquez. El enfoque del propio Frente Amplio en relación a las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura es inseparable del protagonismo que se le dio a Huidobro como ministro y de la propia existencia de un Manini Ríos al frente del Ejército.

Tabaré Vázquez lo ratificó en su puesto en innumerables ocasiones y solo el escándalo que se originó a partir de las revelaciones de la prensa sobre el contenido de las declaraciones de Gavazzo lo llevaron a impulsar la destitución del ex comandante. Fue el gobierno el que dejó actuar a este defensor de la impunidad, y el que habilitó su carrera política cuando había elementos más que suficientes para llevarlo a un juicio por complicidad.

Ahora que fue electo senador y supuestamente lo protegen los fueros parlamentarios Mujica ya ha anunciado que no votará el desafuero, lo que en los hechos constituye un aval para acciones como las de Manini y reafirma la cultura de la impunidad.

El entramado de la impunidad

Régimen político y Poder Judicial aúnan sus esfuerzos para el mantenimiento de la impunidad en Uruguay desde la salida de la dictadura hasta el presente.

Los escasos avances, con unos pocos militares presos son producto de la lucha tenaz y persistente del pueblo uruguayo. Continuar con la movilización, denunciando a los garantes políticos de la impunidad, es el camino que permita avanzar en el camino de verdad y justicia.

 
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