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ANIVERSARIO

Pasan los Gobiernos, queda la impunidad: 25 años del atentado a la AMIA

Hoy se cumple un nuevo aniversario del atentado a la mutual judía. El Gobierno aprovecha para intentar sacar una ley sobre juicios en ausencia y así poder juzgar a los iraníes acusados sin ninguna prueba. Trump festeja este nuevo acto de cipayismo.

Mirta Pacheco

@mirtapacheco1

Jueves 18 de julio

Imagen: Mar Ned *Enfoque Rojo

Lunes, 18 de julio de 1994, siete minutos antes de las 10 de la mañana vuela la sede de la AMIA ubicada en el barrio de Once de la ciudad de Buenos Aires. 84 personas (incluida una mujer embarazada) son asesinadas y más de 300 resultan heridas.

A partir de ese día, hace ya 25 años, mientras los familiares de las víctimas continúan persiguiendo justicia, el Estado argentino a través de todos los Gobiernos, se encargó de preservar la impunidad sobre el atentado y sobre el encubrimiento del mismo.

Mucha agua corrió debajo del puente: en febrero de este año el Tribunal en lo Criminal Federal (TOCF N° 2) finalmente dictó sentencia en la causa por encubrimiento, conocida como AMIA II.

Allí estaban acusados varios personajes que, ya sea como investigadores del atentado o como exfuncionarios del gobierno de Menem, cometieron varios delitos con el objetivo de desviar la investigación y declarar culpables a ciudadanos iraníes -varios eran en ese momento funcionarios del país persa-.

De esa manera se sacaba el foco sobre la responsabilidad que le cabe al Estado argentino (con sus diversas instituciones, como los servicios de inteligencia y la Policía Federal) por lo ocurrido aquel nefasto día.

Increíblemente, o no tanto, el expresidente Carlos Menem fue absuelto de toda responsabilidad, al igual que el exjefe de la Policía Federal de entonces Jorge “el Fino” Palacios, el amigo de Macri que años después, cuando este gobernaba la Ciudad de Buenos Aires, fue designado jefe de la Metropolitana -hoy Policía de la Ciudad-.

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Pero este juicio solo fue por responsabilidades individuales. Cuando es imposible que un atentado de esa naturaleza hubiera podido realizarse sin la complicidad, al menos, de alguno de los brazos armados o de inteligencia del Estado.

Sobre todo teniendo en cuenta que en el país, tal como es ahora, también operaban servicios de la CIA y el Mossad (uno de los aparatos de inteligencia del Estado Nacional judío de Israel).

Lo llamativo fue que a menos de tres horas de sucedido el atentado, ya Estados Unidos e Israel habían declarado que los autores eran iraníes y el Hezbollah.

25 años es mucha impunidad

Todos los Gobiernos que siguieron al de Menem, repitieron como un mantra esa acusación.

Sin pruebas fehacientes acreditadas en la causa, salvo alegar reuniones “secretas” de exfuncionarios iraníes, fotos del agregado cultural de la embajada de la República Islámica de Irán en Buenos Aires averiguando en una concesionaria por la compra de una camioneta Traffic.

Si bien todos abonan la teoría de que fue la Traffic estacionada en la puerta de la AMIA la utilizada como coche bomba, esto también resultó controversial porque las primeras investigaciones hablaban de que los explosivos estaban colocados en el interior del edificio.

En la presidencia de Néstor y la primera de Cristina Kirchner, también el blanco de la acusación era Irán. El nombramiento, en 2004, del fallecido exfiscal de la Unidad AMIA, Alberto Nisman y la designación de Jaime Stiusso como su “ayudante” en la investigación, apostaba a esa línea.

Hasta que los intereses geopolíticos del gobierno norteamericano, con Obama como presidente, cambió sus necesidades buscando un acercamiento al país persa. El acuerdo de enriquecimiento de uranio con ese país, expresó ese giro del país imperialista.

La expresidenta, rápida de reflejos, pero siguiendo siempre los lineamientos que iba marcando el país del norte, llega así, en el 2015, a firmar el memorándum de entendimiento con Irán.

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La oposición al gobierno kirchnerista, ahora gobernando conjuntamente con el FMI, puso el grito en el cielo e insistía en la culpabilidad tanto de Hezbollah como la del país con la que esa organización tiene lazos políticos y económicos.

Ahora, en plena campaña electoral, en un nuevo aniversario del atentado, el gobierno de Macri redobla la apuesta y firma un decreto que declara a la organización libanesa, como terrorista.

Como uno de los principales aliados de Donald Trump en la región, sigue como perrito faldero, los pasos indicados por Estados Unidos. Mientras ni siquiera las Naciones Unidas se atrevió a tanto.

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No solo eso. El día martes 16, en la comisión de Legislación Penal de la cámara de Diputados, que preside la radical de Cambiemos Gabriela Burgos, el Gobierno sacó un dictamen para llevar al recinto la discusión de un proyecto de ley que permita los juicios en ausencia. Así, los acusados iraníes podrían ser juzgados y eventualmente condenados.

Algo que liquida hasta la tradición jurídica argentina de no permitir que un individuo sea juzgado sin poder presenciar su propio juicio. El oficialismo contó con la ayuda de los diputados de Argentina Federal -aunque con diferencias entre ellos-. La mayoría de los diputados de este bloque, hace unos días oficializaron su apoyo a la fórmula del Frente deTodos.

El autor del proyecto de ley en el que se basa ese dictamen es el diputado oficialista Daniel Lipovetsky, que contó con la aprobación -como no podía ser de otra manera- de Germán Garavano, ministro de Justicia y de Patricia Bullrich, se podría decir la ministra mas “bolsonarista” de Macri.

De esta manera, sin pruebas fehacientes y más como mensaje hacia su amigo Trump, cuando está por arribar al país el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo para una cumbre antiterrorista, Macri avanza en su intento de derechizar la legislación apuntando a un enemigo a gusto del amo del norte.

Con el Gobierno anterior, más allá del discurso de querer acabar con la impunidad, solo se permitió la apertura de una parte de los archivos de los servicios y nunca los familiares de las víctimas tuvieron libre acceso.

Con el macrismo se dispuso que ciertos archivos puedan estar disponibles para la Unidad Fiscal AMIA, pero es la agencia Federal de Investigaciones (AFI) la que los busqua, los compila y luego los entrega. Es decir, la discrecionalidad sigue quedando del lado de los servicios de inteligencia.

A 25 años de esa masacre, ningún Gobierno permitió la apertura irrestricta de esos archivos, para que primero todos los familiares y sobrevivientes, pero también la población en su conjunto, pueda saber la verdad sobre qué pasó aquel 18 de julio, quiénes son los autores materiales y sobre todo intelectuales de los asesinatos.

Solo el libre acceso total a los archivos de la ex SIDE y de la Policía y una comisión investigadora independiente de todos los poderes del Estado, integrada por familiares, organismos de derechos humanos, peritos, puede garantizar llegar a la verdad.

Todo lo demás es preservar la impunidad del Estado, contra el anhelo de 84 familias que desde hace un cuarto de siglo exigen justicia.






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