Política

FALLO ESCANDALOSO

Menem, su impunidad por las armas y las esquirlas de la explosión de Río Tercero

El expresidente acaba de ser absuelto por el contrabando ilegal a Perú y Croacia. La “justicia” de clase hizo todo para consumar la impunidad en un caso emblemático. Homenaje a las víctimas.

Domingo 7 de octubre | 18:49

Había algo de irreal en aquel suntuoso arresto del expresidente en la quinta de su amigo Armando Gostanian en Don Torcuato. El capítulo judicial del pan y circo que, en mayor o menor medida, todos los gobiernos despliegan sobre todo cuando los indicadores de la economía empiezan a bajar, aceleró sus tiempos apenas seis meses antes del estallido de diciembre de 2001.

Quienes transitaron los pasillos de Comodoro Py en los noventa y compartieron salas de espera con abogados como León Arslanian, que supo defender al exinterventor del PAMI Víctor Alderete acusado en decenas de causas por corrupción, vieron de cerca entrar y salir de los despachos a operadores de “la Embajada” (como llaman a la delegación norteamericana) y del poder político. Y más de una vez sintieron que todo era una farsa, que algunas resoluciones contenían errores adrede con el único objetivo de dilatar los procesos.

Las armas

La causa por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, unificada luego con la de contrabando ilegal de armamento y pólvora, fue denunciada en marzo de 1995 por el abogado Ricardo Monner Sans en base a notas periodísticas de Jorge Urien Berri en La Nación y Daniel Santoro en Clarín, quienes escribían con el viento de cola del antiguo encono entre Ernestina Herrera de Noble y el entonces canciller menemista Oscar Camilión.

Había trascendido que, durante la Guerra del Cóndor entre Perú y Ecuador, Argentina vendió armas a ese último país al tiempo que era uno de los garantes de paz en ese conflicto. En el caso de Croacia, una resolución de la ONU prohibía la comercialización de material bélico.

El juez federal Jorge Urso investigó el presunto tráfico de 6.500 toneladas de armamento -en su mayoría usado y perteneciente al Ejército, como los cañones Otto Melara, por unos U$S 35 millones- como “asociación ilícita, falsedad ideológica de los tres decretos secretos de los envíos de armas y malversación”. Es que en los decretos los funcionarios decían haber hecho los envíos a Panamá y Venezuela. ¿Para qué querría Panamá armamento si carece de Fuerzas Armadas?

Al mismo tiempo se abrieron otras dos causas en el fuero penal económico por contrabando agravado y durante años los jueces Julio Speroni y Marcelo Aguinsky tironearon por la competencia del caso.

El 3 de noviembre de 1995 explotó la fábrica militar de Río Tercero y murieron siete personas. Los investigadores sospecharon que la voladura tuvo la intencionalidad de ocultar pruebas de aquella maniobra.

En 1996, el presunto traficante Diego Palleros fue citado por el Poder Judicial y escapó hacia Sudáfrica. En octubre de 1998, Luis Sarlenga, interventor de Fabricaciones Militares, se convirtió en el primer preso en la causa.

El 4 de abril de 2001, la Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos de Camilión y del exministro de Defensa Antonio Erman González, del excanciller Guido Di Tella y del exjefe del Ejército Martín Balza, entre otros. También ordenó a Urso profundizar la pesquisa en torno del aspecto patrimonial del caso, investigar a Emir Yoma y al sirio Monzer Al Kassar, así como avanzar hacia los más altos niveles de decisión.

Ese año fue clave: dos días después, Sarlenga se convirtió en “arrepentido” y declaró que Emir Yoma le confió que el dinero de las armas estaba destinado al PJ y que “todos sabían” cuál era el destino real del armamento. ¿Te suena? El 7 Yoma quedó detenido como presunto “organizador” de la asociación ilícita y horas más tarde el entonces fiscal Carlos Stornelli pidió la indagatoria del expresidente Carlos Menem como “jefe” de esa banda.

“¿Yo jefe de una banda?”, dijo el actual senador riojano cuando le comunicaron su condición de detenido y los cargos.

Lejos de ir a marcar palotes en una celda, el expresidente pasó 166 días en la mansión de Gostanian, quien se había desempeñado en su gobierno como director de la Casa de Moneda. Mientras su esposa Cecilia Bolocco saludaba desde las rejas del predio de Don Torcuato, su marido mantenía reuniones políticas y el magistrado que lo había “encarcelado” soñaba con mudar sus sillones de cuero rojo a un despacho de la Corte Suprema.

En la otra causa que seguía tramitando en el fuero penal económico, no casualmente bautizado “penal cómico” por su escasa tasa de procesamientos de ladrones de guante blanco, su colega Speroni benefició con una falta de mérito a Menem, pero en 2002 encarceló al exministro de Economía Domingo Cavallo.

Todos recuperaron su libertad porque la Corte Suprema consideró que no hubo asociación ilícita. Quizá no hubiera existido un juicio oral si Palleros no confesaba que “todos sabían cómo y a quién se vendía”.

Durante la investigación de una década y media hubo otros cuatro muertos que se sumaron a los siete de Río Tercero: los coroneles Rodolfo Aguilar y Juan Carlos Andreoli, que fallecieron al caer su helicóptero en el Campo de Polo, y los nunca esclarecidos suicidios del capitán Horacio Estrada, sindicado como presunto traficante, y de la exsecretaria de Yoma, Lourdes Di Natale, que había declarado durante doce horas con las copias de sus famosas agendas y murió al caer del décimo piso del humilde departamento en que vivía, en Recoleta.

Cuarenta y siete veces no debo

Elisa Carrió, que como siempre sobreactúa republicanismo, amenazó con el juicio político a los camaristas de Casación que absolvieron a Menem. Son los mimos jueces que emitieron recientemente los reaccionarios fallos contra los luchadores Fausto Jones Huala y Lautaro González en el marco de la causa por el crimen de Estado del joven Rafael Nahuel, y contra los tres periodistas a quienes les revocaron su sobreseimiento por los sucesos ocurridos en Congreso a mediados de diciembre pasado.

Eduardo Riggi y Liliana Catucci consideraron que luego de 23 años se venció el plazo “razonable” para que el expresidente sea juzgado en un juicio oral. Pero nada dijeron sobre los jueces y fiscales que lo impidieron, apenas una mención a las fallas del sistema. Tampoco Carrió cargó contra quienes perpetraron la impunidad durante casi un cuarto de siglo.

Solo por citar un ejemplo, el 14 de octubre de 2005 la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico dictaba por novena vez la nulidad de una resolución del juez Speroni, que finalmente se había quedado con todo el expediente unificado solo por el delito de contrabando.

La burda dilación pergeñada en esa etapa consistía en que el magistrado había elevado el caso a juicio oral por partes y el Tribunal Oral se negaba a iniciar el proceso hasta que no hubiera finalizado la instrucción. En aquel momento el camarista Arnaldo Gravibker solicitaba, sin éxito, que Speroni fuera apartado del expediente porque “no sólo no significaría un daño para la pesquisa sino que brindaría la posibilidad de que la investigación pueda mejorar, a pesar de los largos años transcurridos”.

La sala B, que Gravibker integraba, encomendó 47 veces realizar medidas de prueba que Speroni debió efectuar por sí mismo, le indicó 28 veces que profundizara la investigación y el juez en ocho ocasiones incumplió disposiciones procesales. Vaya si había motivos para apartarlo.

En aquel final de 2005 Palleros caminaba por las calles tras haberse negado a declarar. Luego de haber estado prófugo en Sudáfrica volvió cuando supo que Casación había permitido que siga en libertad. A Menem y Cavallo la Cámara les había revocado el sobreseimiento de Speroni pero entonces ese juez mantuvo freezado ese tramo fundamental del expediente. Total normalidad.

En memoria de Ana Gritti y las víctimas de Río Tercero

Pocos recordarán que Carlos Menem estuvo imputado también por enriquecimiento ilícito por no haber declarado una cuenta en Suiza, por el pago de sobresueldos y por sobreprecios en la construcción de una cárcel.

Pero además, en la actualidad sigue abierto el proceso por la voladura de la fábrica Militar de Río Tercero, que mató a siete personas e hirió a trescientas. La Cámara Federal de Córdoba confirmó el procesamiento de Menem como autor mediato de la explosión al considerar que fue intencional para ocultar el contrabando que hubo entre 1991 y 1995.

Esta semana, la familia de Ana Gritti, cuyo esposo murió aquel día y que batalló hasta su último aliento para mantener viva la causa original como única querellante, advirtió a través de sus abogados su preocupación de que el fallo de Casación que liberó de culpa y cargo al expresidente en la causa por el contrabando de armas impacte en forma negativa en el proceso que aún existe en su contra en Córdoba (a pesar de que el fiscal Raúl Plee presentará su apelación para que quede firme la condena a siete años que otra sala de Casación había dictado en junio de 2017). No es para menos, están acostumbrados en 23 años de maniobras.

En 2014 se hizo un juicio oral en esa provincia que terminó con la condena de cuatro militares que ocupaban cargos en la estatal Fabricaciones Militares. Entonces, sobre Menem se había dictado un sobreseimiento que lo dejaba fuera del caso, pero que luego otro tribunal revirtió.

Aukha Barbero, abogado de las hijas de Gritti, espera que “la Corte Suprema vuelva las cosas a su lugar, uno viene peleando hace años para que el ex presidente Menem sea juzgado por la voladura pero este fallo de Casación podría tener implicancias en esta causa que está por ser elevada a juicio por el Tribunal Oral 2 de Córdoba”.

Barbero recordó que por el hecho de Río Tercero “están cumpliendo condena los cuatro militares”, que a fines de 2014 recibieron penas de entre diez y trece años por la voladura. Esas condenas tuvieron como argumento judicial que las explosiones fueron intencionales y provocadas para ocultar las maniobras de ventas ilegales de armas de esos años.

¿Acaso sería posible que otro sino Carlos Menem sea el autor de tal intencionalidad?

Hoder Francisco Dalmasso, esposo de Gritti, era profesor de química en la escuela ENET n° 1, ubicada muy cerca de la fábrica. Aquel día evacuó a los alumnos y fue el último en abandonar la escuela. A los pocos instantes lo abatió un infarto.

Ana y sus dos pequeñas hijas creyeron como toda la ciudad que fue un accidente. “Sin embargo pronto empecé a sospechar, había varios elementos pero era una idea demasiado monstruosa”, dijo en una entrevista. Ella era abogada pero se hizo experta en explosivos, con el apoyo de los abogados Monner Sans y Horacio Viqueira.

Supo que el trotyl no se enciende con el fuego y no explota sin un detonador. Así se dio cuenta que en 1998, durante un peritaje, agregaron aluminio a un barril de ese elemento al que arrojarían un cigarrillo, así explotaba. Insistió y logró que la prueba fuera postergada. En 2003 se hizo el nuevo peritaje que probó para siempre que a Río Tercero lo volaron bajo el gobierno de ese senador anciano que aparece en las fotos que difunde la prensa hegemónica con su hija en el regazo, cual viejito inocente.






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