Política Uruguay

Manini Ríos: ¿Derecho para el enemigo?

El ex comandante del Ejército Manini Ríos se refirió últimamente a que el Poder Judicial no ha sido imparcial frente a las causas que tienen que ver con la dictadura, arguyendo que “se aplicó una suerte de Derecho para el enemigo”. Afirmaciones que no son más que una maniobra discursiva para ocultar la impunidad imperante en Uruguay.

Lunes 18 de marzo

Los dichos de Manini publicitados por Presidencia de la República con motivo de su destitución, acerca del accionar del Poder Judicial en las causas que tienen que ver con la represión en dictadura, intentan plasmar una visión falsa sobre el estado de situación en el juzgamiento de los criminales de lesa Humanidad de la última dictadura.

En palabras textuales, Manini dijo que “La Justicia Uruguaya en muchas oportunidades se apartó de los más elementales principios del Derecho, no dando garantías a los acusados. En definitiva, aplicó una suerte de Derecho para el enemigo.”, y que “la Justicia en muchos casos no ha actuado de acuerdo a los principios elementales del Derecho y que no ha habido juicios imparciales cuando los acusados fueron militares.” Reiterando posteriormente en su video de despedida el “actuar sin pruebas” del Poder Judicial y “sin respetar los más elementales principios del derecho”.

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Un discurso que intenta ocultar el estado de impunidad reinante en el país, el escaso avance en el esclarecimiento de la verdad y del juzgamiento a los represores y las trabas impuestas por el Poder Judicial y el sistema de partidos políticos en su conjunto.

Poder Judicial: un pilar de la impunidad

Si nos trasladamos apenas unos años hacia atrás, podemos constatar una sucesión de hechos que muestran que la justicia uruguaya ha sido parte del entramado de impunidad y de preservación de la institución militar.

En el año 2012 la jueza Mota tuvo un enfrentamiento público con el Ministro de Defensa de entonces, Eleuterio Fernández Huidobro, por el entorpecimiento de las investigaciones por parte del ministro y el alto mando castrense.

En febrero del año 2013 se dispuso el traslado de la jueza Mariana Mota del fuero penal a un juzgado civil. El hecho fue un golpe importante para el pedido de verdad y justicia de familiares y ex presos políticos. La jueza Mota tenía en su juzgado varias causas por delitos vinculados a la última dictadura militar.

Frente a la situación, organizaciones de DDHH protestaron el día de la juramentación de Mota contra la medida, lo que culminó con meses de persecución contra siete luchadores sociales y activistas, que fueron procesados por “asonada”. Este proceso tuvo a la jueza Gabriela Merialdo trabajando con el Departamento de Operaciones Especiales de la Policía, realizando detenciones irregulares e infiltrándose en manifestaciones públicas de organizaciones sindicales. La justicia trabajando en conjunto con los servicios de inteligencia para perseguir activistas sociales.

En el mismo año 2013, la Suprema Corte de Justicia declara inconstitucional a los artículos de la ley 18.831 que declaraba la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Este fallo fue reafirmado en octubre de 2017 con los votos de Jorge Chediak, Elena Martínez Rosso y Julio Turell, ubicándose nuevamente la instancia máxima del Poder Judicial como garante de la impunidad.

El resultado de la impunidad en Uruguay es un puñado de altos jerarcas encarcelados de forma VIP en Domingo Arena. Mientras tanto, se siguen sumando los testimonios de ex presos políticos, mujeres y hombres que han implicado a muchas más personas en la tortura y los vejámenes cometidos.

Como señala el Observatorio Luz Ibarburu en su informe de noviembre de 2017acerca “la verdadera eficacia del proceso judicial de las violaciones de derechos humanos por el terrorismo de Estado”, los números recopilados muestran “el retraso del proceso de justicia en Uruguay, que en general cuenta con pocos condenados y unos pocos procesados en la actualidad”. Según dicho informe hasta fines de 2017 habían 161 causas activas con solo tres en etapa de sumario, hay 87 causas archivadas y solamente 13 con sentencia de condena. También que las solamente 18 personas detenidas por violaciones de los DDHH durante el terrorismo de Estado solo 12 cumplen con prisión efectiva con dos de ellos con derecho a salida transitoria. El resto de los seis criminales de lesa humanidad (entre ellos Gavazzo) gozan de la prisión domiciliaria y dos condenados con trámite de pedido de libertad anticipada.

Entre otras cosas el OLI concluye que “podemos fácilmente observar que hubo más procesamientos antes de febrero del 2011, fecha en que el Estado uruguayo fue condenado por la Corte IDH en la sentencia Gelman, que desde esa fecha hasta el presente. Hasta esa sentencia fueron 24 casos y luego de la sentencia Gelman sólo 18”. Agregando además que se demuestra que “que luego de un avance que comenzó en 2002 con el procesamiento de Juan Carlos Blanco en el caso de Elena Quinteros, que siguió en 2006 con doce procesamientos, continuó en 2007 y 2009 con dos en cada año, en 2010 con siete y en 2011 con once, el proceso se frenó. Luego hubo un sólo procesamiento en cada año 2012 y 2014, tres en 2015, y uno tanto en 2016 como en 2017”.

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Por último el informe del OlI concluye que “podemos afirmar que la sentencia Gelman no fue cumplida por el Estado uruguayo pues luego de ella no se incrementó la persecución penal por causas seguidas por violaciones a los derechos humanos durante el Terrorismo de Estado. No se investigó ni juzgó como ordenaba esa sentencia internacional y, por el contrario, el proceso que había impulsado la sociedad civil tiempo atrás, se frenó”.

Por su parte Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos en su declaración de 2018 en el Día Internacional del Detenido Desaparecido afirmó que “las causas judiciales naufragan mayoritariamente en la Suprema Corte de Justicia que mantiene su posicionamiento de prescriptibilidad sobre estos gravísimos crímenes...Interpelamos todos estos años a los tres poderes del estado. Pues ellos son los responsables de la cultura de impunidad que prevalece”.

¿Quiénes aplicaban el derecho penal para el enemigo en Uruguay?

El derecho penal del enemigo o para el enemigo es un concepto acuñado por el jurista alemán Gunter Jakobs en 1985. En este desarrollo, se juzga a quien comete un delito no por el hecho delictivo en sí, sino por considerar peligrosa a la persona. Quienes critican esta doctrina, sostienen, entre otras cuestiones, que la construcción de la figura del enemigo es el comienzo de la socavación del estado de derecho.

En el caso uruguayo, lo militares han sido enjuiciados y condenados con decenas de pruebas en su contra. Como mencionamos antes, si los juicios no avanzan más rápido y contra más implicados es por decisión de la justicia y de falta de voluntad política del estado en su conjunto, quien al día de hoy mantiene en secreto cientos de archivos de la dictadura.

Sin embargo, si nos retrotraemos al régimen de facto podemos ver quienes realmente aplicaron el “derecho para el enemigo” citado por Manini Ríos. Sin aplicar el mismo concepto que Jakobs, pero con una lógica de guerra, el régimen construía sus enemigos internos: el terror comunista de los tanques soviéticos. Que en concreto significaba la persecución para activistas sindicales, estudiantiles y de la izquierda en general. Quienes llevaban adelante estas condenas eran los tribunales militares (en el mejor de los casos), juzgando a las personas por su ideología y por considerarlas “peligrosas”.

El intento de imponer un mito

Manini intenta imponer la visión de que la justicia avanza y se pasa de los “límites” cuando en realidad están más que demostrados los más de treinta años de impunidad que han favorecido a la corporación militar. No tiene otro objetivo más que quejarse para que no se toque absolutamente nada de sus privilegios.

Los dichos de Manini junto con el silencio cómplice del Ejército y el respaldo de nidos reaccionarios como el Círculo Militar, hacen de estas expresiones públicas todo un manifiesto de una casta privilegiada de la sociedad uruguaya. En sus expresiones con motivo de los ya famosos fallos del “Tribunal de Honor Militar” (y en simbiosis ideológica con los mismos), junto con su posterior video de despedida, da muestra cabal de sus concepciones como natural continuidad de una ideología que tuvo su máxima expresión en los tiempos de la dictadura cívico - militar. La idea del enemigo externo y su conspiración dentro del país, la “reserva moral” de la nación personificada en el Ejército, el uso de “todos los caminos posibles y necesarios” para cumplir ese “destino manifiesto” que ellos mismos se auto atribuyen.

La idea de acusar al Poder Judicial y sus supuestos cómplices políticos intenta instalar en la sociedad la concepción de que se está desarrollando una conspiración, una “puñalada por la espalda”, en contra de los intereses de la nación por parte de “peones bien pagos de los centros del poder mundial”. Y esta conspiración reside en que se cuestiona (para ellos se “ataca”) al para ellos el “pilar fundamental” de la nación: “la institución militar”.

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Esta resistencia acérrima a cualquier cosa que cuestione mínimamente sus privilegios de casta (materiales y legales), como lo son los tímidos avances en la justicia y la reforma de la caja militar, esconde no el miedo ante un supuesto avance profundo que en ese sentido se esté dando, sino el que algún hecho por mínimo que sea desencadene el descubrimiento de la profunda inmoralidad de sus actos en la historia y el verdadero rol por el que permanecen, con el acuerdo tácito del conjunto del sistema político, y que es el ser la garantía del orden social establecido.

La paranoide ideología de la conspiración lo ilustra con claridad, el rol de “la institución militar” es la represión interna contra el monigote (en la construcción ideológica que se les ocurra) de turno.

En toda esta novelería de mal gusto pueden haber indirectamente (y en la coyuntura) otros dos actores beneficiados en la construcción de este mito. Y es que a todos aquellos que no se vean arrastrados hasta las últimas consecuencias por este discurso reaccionario, se les puede imponer como por un espejo (por oposición justamente al mismo) el embellecimiento del actuar del gobierno del Frente Amplio y el Poder Judicial contra la impunidad. En el juego de la polarización cada uno construye sus campos de influencia y prestigio.

Los verdugos piden las garantías que no dieron

Tal cual como usaron en la dictadura la lógica del enemigo interno contra sectores de la población civil (clase trabajadora y militantes de izquierda) y en sus términos no dieron ninguna garantía para sus víctimas, ahora vienen a imponer su discurso de víctimas de un supuesto método que se aplica en su contra y ellos conocen bien.

Pero así como el enemigo interno era una excusa para justificar el rol represivo que cumplieron (luego justificada con la falaz Teoría de los dos Demonios), el rol de las ahora “víctimas” es otra excusa para mantener sus privilegios (impunidad y privilegios materiales).

Los que mediante tribunales militares (cuando los había) juzgaban trabajadores, estudiantes y militantes por considerarlos peligrosos por su ideología ahora patalean por las garantías del derecho, las cuales en ningún momento se han violado en su contra, sino como está híper demostrado más bien se han usado cada centímetro de maniobras y ventajismos para garantizarles la impunidad.

Los ahora adalides de la moral y las garantías del derecho fueron los que en el pasado (y todavía lo justifican hasta hoy) usaron el derecho contra el enemigo y fueron mucho más lejos, porque en su accionar cometieron todos los crímenes de guerra posible, violando sistemáticamente los derechos humanos de a quienes ellos señalaban como enemigos, con torturas, abusos sexuales, cárcel, asesinato, robo de niños, desaparición forzada, etc. Todo esto en el marco no de una guerra entre dos bandos, sino en la aplicación del terrorismo de estado.

Los trabajadores y el pueblo oprimido no debemos dejarnos arrastrar por toda esta mitología que se intenta imponer, ni tampoco por las jugarretas políticas oportunistas que se intenten aprovechar a partir de ellos, vengan del sector político que vengan. La verdad prevalecerá sobre tanta infamia si la voluntad independiente de los trabajadores se rebela frente a tanta mentira e injusticia.






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