AVANCE REPRESIVO

Los sindicatos policiales avalan los abusos, protegen a sus responsables y festejan la LUC

En todos estos años, los sindicatos policiales, afiliados al PIT-CNT, respaldaron distintos operativos donde se violaron derechos humanos. Hoy, con la LUC, esta situación se potencia brutalmente. Aquí, un repaso de algunos hechos que trascendieron.

Jueves 17 de septiembre

Operativo policial en San Carlos. Foto: Ricardo Figueiredo

Los sindicatos policiales en Uruguay están incorporados al PIT-CNT desde un período que comenzó en 2010, impulsado desde el Estado por el Frente Amplio y desde los sectores dirigentes de la central obrera. Como fuerza corporativa, defienden a sus afiliados reclamando a los distintos gobiernos mayores garantías para su accionar, mejor equipamiento para espiar y reprimir, y nuevas figuras legales que avalen y amparen los procedimientos.

En tiempos del Frente Amplio, y al mando del entonces Ministro del Interior Eduardo Bonomi, se aumentó sustantivamente el presupuesto de la cartera, lo que permitió que las fuerzas policiales se profesionalizaran, se armaran con instrumentos y logística sofisticada, se dotaron de software de espionaje y un sistema de cámaras y vigilancia de última generación. Y se han avalado todas y cada una de las operaciones, tanto los llamados “operativos de saturación” donde de forma violenta se ingresan a los barrios periféricos a punta de pistola amenazando y vulnerando derechos, que fueron denunciados oportunamente, como las distintas incursiones represivas en movilizaciones y protestas sociales (contra UPM, la Ley de Riego, la Marcha de los Mártires, la del Filtro, y tantas otras).

La LUC, ya en tiempos de gobierno de la derecha, brinda aún más facultades e impunidad a la fuerza, y viene a responder a la demanda de los sindicatos policiales, ampliando la “legítima defensa”, permitiendo que retirados militares y policiales porten armas, reafirmando la posibilidad de detención por averiguación de antecedentes a partir de la supuesta “apariencia delictiva”, entre otras modificaciones que garantizan la impunidad de las fuerzas represivas.

Desalojo CODICEN (foto rebelarte)

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En una entrevista reciente en el Semanario Voces a Patricia Rodríguez, presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (SIFPOM), la entrevistada defiende al nuevo gobierno multicolor, y reivindica a la LUC afirmando “muchas de las cosas que salieron en la Ley de Urgente Consideración, aunque no todas ni tal cual, son manifestaciones que estaban en las reivindicaciones del sindicato”.

La LUC viene a reforzar y ampliar las potestades de las fuerzas represivas, y las blindan frente a cualquier intento de cuestionar su accionar.

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Aquí describimos brevemente algunas – reiteramos, solo algunas – de las situaciones de abuso policial y represión salvaje que tuvieron conocimiento público:

CODICEN: En 2015, distintas fuerzas de represión participaron en el desalojo violento del CODICEN, que fuera ocupado por estudiantes de secundaria en reclamo por mayor presupuesto para la educación. Luego de varias negociaciones fracasadas con los jóvenes que se encontraban dentro del edificio, el entonces Ministro del Interior Eduardo Bonomi, ordena el desalojo violento, en el que se cometen varias violaciones a los derechos humanos – golpes, torturas, violencia desproporcionada - por parte de las fuerzas represivas. El saldo fue de 12 detenidos y varios heridos, tanto dentro como fuera del edificio. En ese entonces, y a requerimiento de los sindicatos policiales - y en un intento de “transparentar” su accionar - llevaron cámaras adosadas al equipamiento táctico, que filmaron el operativo. Sin embargo, esas mismas filmaciones presentadas posteriormente no coincidían con la realidad o eran intencionadamente parciales y no daban cuenta de lo violento del accionar, que fue defendido por varios sindicatos policiales y fue lo que permitió justificar el procedimiento.

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Movilización contra UPM (foto Montevideo Portal)

Marcha contra UPM: En setiembre de 2019, una marcha contra la instalación de UPM convocada por varios gremios de la educación, fue ferozmente reprimida por la Guardia Republicana y otras fuerzas antimotines que fueron convocadas. En esa represión, resultó detenido, junto a otros manifestantes, nuestro compañero Facundo Faroppa, corresponsal de La Izquierda Diario, quien se encontraba cubriendo la movilización, siendo encarcelado durante 48 hs y luego liberado por falta de méritos. Este accionar, que claramente reprime y criminaliza la protesta social, fue respaldado por los sindicatos policiales, por lo que hubo 8 sindicatos que, en una Mesa Representativa del PIT-CNT, propusieron echar a los sindicatos policiales de la central.

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Represión en Malvín Norte: En el mes de abril de 2020 en ese barrio se desarrolló un operativo policial que terminó con la policía abriendo fuego con balas letales. El inicio de la represión fue a partir de la provocación de un policía a un vecino que le dijo “¿qué mirás mugriento de mierda?”. Este tipo de accionar, que reprime y criminaliza la pobreza, los barrios periféricos y a la juventud pobre, fue también respaldado por el sindicato policial, justificando así los operativos y allanamientos nocturnos, los mega operativos, etc. Negando además la complicidad de la policía con las bocas de pasta base y su connivencia con el narcotráfico a partir de la existencia de coimas y hechos de corrupción. No solo eso, sino que los sindicatos policiales se quejan de la falta de legislación más dura y que les permita un accionar sin restricciones. Por este accionar no hubo ningún personal policial sancionado. Hoy, con la LUC, las fuerzas represivas cuentan con impunidad para actuar y con una protección cada vez mayor.

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Allanamiento nocturno equivocado en Soriano: En el mes de junio de este año, en el departamento de Soriano, se conoció un caso de un allanamiento nocturno que resultó equivocado, donde la policía ingresó al hogar a punta de pistola, rompiendo la puerta, y donde se violentó a toda la familia que allí se encontraba, esposando y sacándolos a la calle en ropa interior, incluyendo la vulneración de derechos de niñas y niños que también sufrieron ese accionar, y de toda la familia. Este procedimiento fue justificado por el sindicato policial SIFPOM quien, en declaraciones al Semanario Voces, su presidenta, Patricia Rodríguez, afirmó que “no hay allanamientos benévolos” … “no van a estar pensando que está Heidi adentro”.

Represión en CODICEN (foto Rebelarte)

Hostigamiento a personas en situación de calle y asesinato del perro “Compa”: En el mismo mes de junio de este año, se dio a conocer el maltrato persistente de la policía contra una persona en situación de calle en el barrio de La Blanqueada en la que, producto del constante hostigamiento a este sector de la población, un policía mató a un perro llamado “Compa” perteneciente a una persona en situación de calle y lo obligó a mirar cómo se moría, a modo de tortura y amenaza. “El tiro no era para el perro, era para vos, mirálo cómo sufre” le dijeron al hombre. Este accionar, que demuestra el constante maltrato policial contra los sectores más empobrecidos de la sociedad, y preanunciaba el empoderamiento de las fuerzas policiales a partir de la votación de la LUC, fue relativizado por los sindicatos policiales y planteado como argumento, los eventuales ilícitos que pudiera haber cometido la persona en situación de calle, sin prueba alguna; poniendo el foco en su condición social. Es que en ningún momento existió razón ni mérito para arrestarlo, o pasarlo a la justicia, pues él fue la victima de tan cruel proceder. Por estos hechos, a los 3 policías que intervinieron, se los habría pasado a sumario.

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La policía contra el derecho de protesta y corte de vías: En los últimos meses, y producto de la acuciante situación económica empeorada por la pandemia, se han sucedido una serie de acciones de lucha de parte de sectores del movimiento obrero, que fueron hostigados por las fuerzas policiales, a partir de sentirse envalentonadas con las atribuciones que le otorga la LUC. Así, han amenazado con reprimir un piquete de trabajadores del transporte en las inmediaciones a Tres Cruces, que protestaban contra la rebaja salarial. Antes habían sido los trabajadores del taxi en una manifestación contra el quite del viático. Y posteriormente ocurrió en Capurro donde los trabajadores del SUNTMA-MERCANTE montaron una carpa en protesta a la violación de los convenios nacionales e internacionales por parte de las patronales del sector, y fueron amenazados con el desalojo por las fuerzas policiales.

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La policía contra las Alertas Feministas y el derecho a la manifestación callejera: en agosto pasado las fuerzas represivas impidieron que se desarrollara una Alerta Feminista en una plaza en el departamento de Maldonado; deteniendo inclusive a una de las manifestantes. Este accionar fue justificado por las fuerzas del orden con las nuevas atribuciones que le otorga la LUC.

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Abuso policial en Punta Carretas: El pasado miércoles 9 de setiembre, en el accionar totalmente abusivo realizado por policías en la puerta del Shopping de Punta Carretas, donde varios videos lograron captar la brutalidad de los policías contra una presunta delincuente y contra un transeúnte que pretendía interceder para frenar la situación de abuso, también fue defendida por el sindicato policial, y respaldada por el jefe de la policía de Montevideo Erode Ruiz y por el propio ministro del interior, Jorge Larrañaga. Y no solo eso, sino que Andrés Ojeda, abogado del sindicato policial SIFPOM, afirmó ante los medios que “por lo menos hay desacato, si no hay una amenaza también”, en referencia al hombre que se interpuso al arresto de la mujer.

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Foto: Rebelarte

No es un caso aislado, es toda la institución

Como se ve, no se trata de algún que otro caso aislado, sino que toda la institución está preparada para atacar a los sectores que luchan y protestan en reclamo de sus derechos, y contra la población más pobre y vulnerable de la sociedad. Su rol es preservar el orden existente – por demás injusto, desigual y sumamente violento – así como proteger la propiedad privada frente a su posible cuestionamiento.

Llama la atención que el PIT-CNT considere a estos elementos como trabajadores, siendo que su única función es frenar cualquier cuestionamiento al gobierno y al orden social, y preservar el poder de la clase dominante. Los policías no son trabajadores, si no parte del brazo armado de un Estado que, más allá de los gobiernos de turno, descansa sobre la desigualdad social, la explotación capitalista, y el patriarcado. Por eso hay que debatir y plantear claramente ¡fuera los sindicatos policiales de la organización de la clase trabajadora!

Manifestaciones como el amotinamiento policial en Argentina, las rebeliones callejeras que hoy se desarrollan en Colombia en contra de la brutalidad policial, así como las impresionantes movilizaciones que se desarrollan en los Estados Unidos contra la violencia policial racista y supremacista, demuestran que estas fuerzas represivas son irreformables, por más que los gobiernos y sectores de la centroizquierda propongan cambios en su financiamiento o una reestructura interna.

Tal como venimos proponiendo desde la Red Internacional de La Izquierda Diario, es necesario desmantelar al aparato policial, que en el caso de Uruguay viene intacto desde los tiempos de la dictadura cívico-militar. O sea, sigue vigente el mismo aparato represivo, siguen operando las redes de espionaje, de inteligencia, el entrenamiento para combatir al “enemigo interno” y el ensañamiento con la población pobre. Debemos bregar por la abolición de estas fuerzas represivas, como parte de cuestionar de conjunto a la sociedad de clases.






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