SEMANARIO

¿Cómo enfrentar a la minoría privilegiada a cinco meses de la Convención?

Juan Valenzuela

Eton

¿Cómo enfrentar a la minoría privilegiada a cinco meses de la Convención?

Juan Valenzuela

Eton

El desvío del proceso constituyente sigue su curso. Mientras el gobierno de Sebastián Piñera y la derecha de conjunto viven una de sus peores crisis políticas, que se expresa en su impotencia frente al proyecto del segundo retiro del 10% de las AFP, y en la salida del Director General de Carabineros Mario Rozas, un álgido debate se desarrolla al interior del régimen.

El debate lo genera nada más ni nada menos que el proyecto de Ley presentado por la diputada del Partido Comunista (PC) Camila Vallejo, por medio del cual se busca eliminar el denominado “veto de los 2/3” que regirá en la Convención Constitucional. Un subterfugio legal que operando como una restricción impuesta por la Constitución de la dictadura, impide incorporar a la carta magna, cualquier ley que sea rechazada por 1/3 de los convencionales electos. Esto resulta aún más preocupante ya que el proceso se rige bajo la ley de partidos que en lo concreto limita la presentación de algún tipo de candidatura independiente, que no se encuentre patrocinada por algún partido político.

La reacción de los defensores de la cocina

Como era de esperarse el oficialismo comenzó a dar gritos al cielo frente a esta propuesta de Vallejo, donde diputados como Luciano Cruz Coke de Evópoli, o Jorge Durán de Renovación Nacional (RN) se mostraron reacios ante el hecho. En su visión, el proyecto de Vallejo “habla de cómo el PC entiende la democracia”. Según Cruz Coke, el PC tiene un concepto de democracia según el cual se pueden cambiar permanentemente las reglas. Durán enfatizó que el partido de Vallejo “no puede venir a opinar ahora”. Declaraciones que fueron seguidas por el propio presidente Sebastián Piñera quien señaló que “un grupo de parlamentarios, haciendo un uso abusivo de un resquicio, están pretendiendo escribir una Constitución paralela sin modificar la Constitución vigente a través de artículos transitorios”, dejando en claro su postura contraria a cualquier iniciativa que signifique eliminar las restricciones acordadas en la cocina para que no se expresen las mayorías que protagonizaron las acciones históricas de octubre y noviembre de 2019.

Sin embargo, siendo una iniciativa que logra sumar adherentes, también ha sacado al camino a una serie de detractores que se encuentran al interior de esta suerte de coalición entre integrantes del Frente Amplio (FA), Partido Comunista (PC), y la ex concertación (PPD, PS, PR y DC). Fuad Chaín (DC), Pablo Vidal (RD), o incluso Maya Fernández (PS) -cuya firma apareció inicialmente en el proyecto-, han señalado su rechazo, o se han desmarcado de esta propuesta, en un clima político que se bate por el repudio generalizado a las fuerzas represivas del Estado como carabineros, y un incipiente crecimiento en la economía que está lejos de resolver los estragos de la pandemia del COVID19.

Tal parece que aquella armonía del periodo posplebiscito luego de la contundente victoria del Apruebo, simple y llanamente se ha convertido en un monton de ronchas al interior de la “oposición”, en un contexto marcado por el periodo electoral que se avecina, tanto por el plebiscito como por las elecciones parlamentarias y presidenciales muestran las pugnas que no terminan de zanjarse, y que friccionan aún más a los partidos.

Pero mejor veamos concretamente en qué consiste este Proyecto de Reforma Constitucional presentado por Camila Vallejo, junto a parlamentarios y parlamentarias del bloque de oposición.

Sobre la propuesta de reforma

La propuesta elaborada por Camila Vallejo y firmada por un abanico de representantes del bloque de Oposición como Karol Cariola (PC), Pamela Jiles (PH), Camila Rojas (Comunes) y Cristina Girardi (PPD) -entre otros y otras-, tiene como objetivo realizar una serie de modificaciones a la Constitución de la dictadura de Pinochet, buscando nivelar mejor la cancha frente a lo que será la próxima Convención Constitucional. El “quórum democrático” es el principal tema que aborda el proyecto. Vallejo y las firmantes del proyecto quieren eliminar la exigencia de quórum de ⅔ para la Convención. En sus palabras:

«El efecto probable de este quorum es lo que se conoce como​ veto recíproco con el consiguiente efecto de aprobar normas vagas, excesivamente generales y hasta poco coherentes. Por ejemplo, para que haya un sistema de seguridad social universal, solidario y con las garantías efectivas, será necesario un quorum de dos tercios y, consecuentemente, bastará sólo un tercio para eliminar su consagración constitucional y hacer prevalecer el actual sistema de AFP».

El resultado de eso, para Vallejo y quienes impulsan este proyecto, será “la continuidad del sistema de AFP mediante el DL 3500 y 3501”. En términos más globales “no habrá norma que sea capaz de orientar en concreto al sistema de seguridad social y en general, la Constitución Política se encaminará solo a contener normas muy generales que, en principio, deberán abordarse en la ley, cuyo quórum es menor pero cuyos alcances serán igualmente inciertos por la falta de guía constitucional”.

El escenario social que pronostica el proyecto impulsado por el PC y Camila Vallejo, de resultar efectivamente una constitución con normas “muy generales” es complejo. El proyecto prevé una “incertidumbre y una inestabilidad expresada en que durante un gobierno cualquiera, habrá un tipo de política pública y durante otro gobierno, habrá otra política pública”. Según el proyecto de reforma, de esa manera, “se ven afectados los derechos y genera incertidumbre, algo totalmente indeseable y permite anticipar inestabilidad”. Por el contrario, si bastase que una mayoría simple de 50% + 1 aprobase normas constitucionales, sería más factible realizar cambios más de fondo, como por ejemplo un “sistema de seguridad social”. Con lineamientos más claros establecidos en la Constitución sería más factible reducir la incertidumbre política.

Además de esa preocupación que expresa el proyecto del PC por la futura inestabilidad política, plantea una serie de argumentos democráticos:
“Es poco democrático que 55 pueda más que 100 [...] ¿Cómo se va a explicar que, en cualquier votación significativa, insistentemente la minoría anule una amplia mayoría?”. El proyecto señala además que “constituye una falsedad que un quórum de dos tercios sea la fuente y origen de la generación de grandes acuerdos”. ¿Cómo pueden ser normas expresivas de grandes acuerdos aquellas cuyos rasgos sean la vaguedad y generalidad, carentes de contenido apoyadas por una minoría?” Los argumentos del proyecto de reforma del PC señalan que el quorum de 2/3 es más un boicot constitucional que la posibilidad de un acuerdo.

Camila Vallejo y quienes firman el proyecto parten por fundamentar su reforma a partir “del derecho del pueblo de darse un ordenamiento político” como un derecho “inalienable y latente”. Desde ahí plantean que “la potestad constituyente del pueblo es innegable” y proponen cambiar la Ley N°21.200 que se promulgó en diciembre de 2019 para regular el proceso constituyente y en la que está establecido el quórum de ⅔ para las normas de la nueva Constitución. El PC y sus aliadas y aliados en el Congreso parten del hecho de los acuerdos allí expresados “no son el resultado del sistema político sino de la acción popular iniciada el 18 de octubre del 2019”. El PC y sus aliados proponen de lleno que en la Convención:

«La determinación del quorum de aprobación de las normas se hará de forma pública, transparente y democrática y será resuelta por la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio de la Convención y en una votación citada para ese exclusivo propósito».

Para ellos el objetivo de fondo “consiste en expresar en toda su plenitud, el rasgo democrático y representativo del órgano constituyente”. Para ello proponen una serie de medidas como “ajustar el plazo de funcionamiento de la Convención, optimizarla expresión de la hoja en blanco, posibilitar a los chilenos en el exterior que puedan ser electos”. En su visión la Convención constitucional “detenta los rasgos básicos de una Asamblea Constituyente”. Por ejemplo: “ejercer la potestad constituyente y redactar una nueva Constitución”, “escribir la nueva Carta sobre una hoja en blanco, que implica básicamente que la norma anterior no opera de manera supletoria” y “sus integrantes son elegidos por el pueblo”.

Lo que está de fondo en este proyecto del PC es su visión de que la Convención Constitucional es una expresión directa del “derecho del pueblo a darse un ordenamiento político”, de su “potestad constituyente” y que por lo tanto se puede democratizar. El proyecto establece una identidad entre ese órgano representativo nacido de la cocina del 15 de noviembre y el poder constituyente del pueblo: por eso se permite definir que la Convención Constitucional posee las características básicas de una Asamblea Constituyente.

Pero es evidente que tanto el quórum como los otros aspectos restrictivos que critica el PC como la tutela de las instituciones actuales sobre la Convención o la exclusión de independientes, no son “asombrosos” en tanto se comprende que la Convención misma como forma institucional, nació como desvío a la lucha de clases que tuvo lugar en octubre y noviembre y que amenazaba que tirar por los aires al régimen heredado de la dictadura de haberse extendido la huelga general el 12 de noviembre de 2019. La representación que el régimen le dio al poder constituyente es, en realidad, contradictoria con los fines de ese poder.

Para ahondar en este problema resulta útil tomar algunas ideas que desarrolla Toni Negri en El Poder Constituyente. Allí, explica que el concepto de representación se presenta “como uno de los instrumentos jurídico-constitucionales fundamentales para la segmentación y el control del poder constituyente” (p. 41). Por el contrario, el poder constituyente en Negri es “una potencia innovadora que emancipa a los ciudadanos de la miseria económica y la superstición política” y no se puede constreñir en el marco representativo formal. El PC y sus aliados, por el contrario, afirman que es posible darle expresión a ese poder constituyente en la Convención en tanto órgano representativo regimentado por los partidos de la cocina.

¿Un órgano constituyente respetuoso de los poderes constituidos?

El PC pretende una especie de coexistencia entre el actual régimen y el régimen que nacerá de la nueva Constitución: “El soberano que aprobó la anterior Carta no puede ser desestimado por el soberano que aprobará la nueva Constitución”. ¿Una manera elegante de decir que el lema “fuera Piñera” no tenía sentido? Para el proyecto del PC sería “improcedente que un órgano constituyente electo para crear una nueva Constitución se involucrara en limitar el ejercicio de las autoridades de la anterior Carta. Ese límite está bien dibujado en el texto actual”. El PC quiere que las autoridades actuales no limiten el quehacer de la Convención, pero reconoce que éstas autoridades mandan. Por eso ve necesario crear “un régimen de transición para proteger la nueva Constitución de cambios en su naturaleza eventualmente promovidos por la institucionalidad creada por la Constitución de 1980 en tanto se eligen las autoridades que la Constitución nueva dispone, así como otras cosas relativas al potenciamiento del ejercicio de la potestad constituyente originaria”.
En realidad esta propuesta, en lo esencial, es coherente con la ley 21.200. Explícitamente, señala que:

«La Convención no podrá intervenir ni ejercer ninguna otra función o atribución de otros órganos o autoridades establecidas en esta Constitución o en las leyes. Mientras no entre en vigencia la Nueva Constitución en la forma establecida en este epígrafe, esta Constitución seguirá plenamente vigente, sin que pueda la Convención negarle autoridad o modificarla» (Art. 135).

La propuesta de Camila Vallejo, en definitiva, alude a una necesaria transición entre la vieja y la nueva Constitución sobre la base de un respeto a los poderes constituidos. Por eso no sorprende que el PC no tenga ningún plan de lucha serio por su propio programa.

Las encrucijadas del proceso constitucional

A más de un año de haberse firmado el denominado “Acuerdo por la Paz”, cocinado por el oficialismo, junto a la “Oposición” -incluidos partidos y referentes del Frente Amplio (FA) como Giorgio Jackson y Gabriel Boric- lo que ha quedado demostrado es que esta línea de desvío por parte del gobierno, vaciando las calles de manifestantes y persiguiendo a los sectores de vanguardia que se resisten a abandonar las calles, hubiese sido imposible sin el rol conciliador de las mediaciones reformistas, que han actuado durante todo este tiempo como el gran salvavidas de Piñera.

Basta con sólo ver la línea de acción o más bien “inacción” que ha venido tomando el Partido Comunista y el conjunto del bloque de Oposición -incluido el Frente Amplio- durante los últimos meses, en el que organismos clave de trabajadores como la CUT, han realizado un mero saludo a la bandera, cuando un 41,6% de los hogares han visto afectados sus ingresos en comparación a Octubre del 2019, y con un nivel de represión inhóspito, con acciones violentas de Carabineros, desde asesinatos hasta intentos de homicidio. Y esto en el marco de continuas protestas por la liberación de las y los presos políticos de la revuelta de octubre de 2019, que de acuerdo a informes provenientes del Instituto Nacional de los Derechos Humanos (INDH), corresponden a más 2.500 personas actualmente privadas de libertad.

Una situación no muy diferente es la que acontece al interior del Frente Amplio, coalición que prácticamente ha desaparecido de las calles, mostrando una clara adaptación al momento electoral, concentrando sus fuerzas en la próxima elección de gobernadores en distintas regiones del país. Y por otra parte preparando ya sus cartas que empiezan a sonar de cara ala Convención Constitucional. Queda de manifiesto cuales son las prioridades de quienes se han restado de la fuerza de la movilización en las calles, y prefieren resolverlo todo entre gallos y medianoche.

Por el contrario desde el Partido de los Trabajadores Revolucionarios (PTR), desde el primer momento hemos denunciado la serie de trampas que encierra la Convención Constitucional, como una forma de desviar la organización y lucha en las calles al debate electoralista y superestructural de los partidos de los 30 años. Y por tanto frente a las situación política que estamos viviendo tras el plebiscito del 25 de octubre, proceso en el cual por medio del Comando por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana (ACLyS), acompañamos el sentir de amplios sectores que decidieron sepultar la Constitución de la dictadura de Pinochet aprobando una nueva constitución. Pero también fuimos claros en plantear permanentemente, la gran cocina a la que nos han querido llevar los añejos partidos del régimen, por lo que presentamos una tercera papeleta donde marcamos “Asamblea Constituyente Libre y Soberana”, delimitando nuestra posición de los sectores reformistas que simplemente llamaron a marcar la alternativa de Convención Constitucional.

Para nosotros, nosotras y nosotres desde el PTR no es una cuestión antojadiza, puesto que es donde se juega la confirmación o no de nuestra caracterización para la situación nacional que estamos viviendo, y la batalla política en contra de aquellas corrientes que azuzan de los métodos parlamentarios que en su estrategia están contrapuestos a la fuerza de la organización y la movilización en las calles.

O es que acaso no resulta acaso contradictorio que en lo superestructura política de los partidos de la cocina parlamentaria, Vallejo realice una propuesta que tampoco será capaz de defender consecuentemente hasta el final, como se expresó cuando dijo: “no entiendo el origen de esa virulencia cuando es solo una propuesta, que la idea es que sea discutida, debatida como cualquier propuesta reforma o de ley”, y por otro lado habla de un “poder constituyente originario del pueblo” cuando la política sistemática del PC y sus direcciones en organismos de masas, ha sido tener una consciente pasividad y clemencia, en medio de una de las peores crisis de representatividad por parte del gobierno de Piñera.

¿Por qué el PTR impulsa candidaturas anticapitalistas a la Convención Constitucional?

Como planteamos anteriormente, nosotros, nosotras y nosotres desde el Partido de los Trabajadores Revolucionarios, hemos señalado desde el primer momento las trampas que desde ya han comenzado a operar en el proceso de la Convención Constitucional.

El anti-democrático quórum de los ⅔ para la aprobación de indicaciones en la carta magna, la actual ley de partidos que impiden la candidaturas de independientes, o la inhabilidad de modificar los tratados internacionales, entre otros puntos, no son tan sólo ciertos aspectos que impiden que la Convención Constitucional pueda desarrollarse como una real Asamblea Constituyente, como quieren hacernos creer ciertos sectores de la izquierda parlamentaria. Sino la base jurídica sobre la que los partidos del régimen tanto de la derecha, como de la ex Concertación, han legislado históricamente en contra del pueblo trabajador, y cimentado 30 años de políticas que han desmantelado los derechos sociales de la clase trabajadora y los sectores populares.

Es por tanto que nos parece inviable que en las condiciones actuales se pueda hablar de “poder constituyente”, cuando en los hechos Piñera sigue gobernando, y defendiendo con uñas y dientes los pilares de la Constitución del 1980, mientras la furia en las calles busca ser desviada hacia un proceso a todas luces maniatado. Y aún menos viable nos parece pensar que se puede conquistar un organismo ampliamente democrático, creyendo que una reforma tratada en un parlamento de corruptos tiene algún tipo de efecto real.

Sin embargo, pretendemos presentar candidaturas a la Convención Constitucional. Pero no con el objetivo de generar ilusiones en este proceso, sino para usar esas candidaturas como una tribuna desde donde poder denunciar cada una de las trabas impuestas por este régimen de empresarios, que impiden los trabajadores, las mujeres, los jóvenes, la disidencia sexual, y los pueblos originarios -entre otros sectores- puedan expresarse y deliberar sobre la totalidad de sus urgencias y proyectos políticos y sociales. En nuestra visión, para que sean los objetivos de la clase trabajadora y los sectores oprimidos que se evidenciaron en octubre y noviembre de 2019 los que se realicen, necesitamos desarrollar la lucha extraparlamentaria, los métodos de la lucha de clases de las y los trabajadores y la autoorganización. Nuestras aspiraciones no se conquistarán por medio de este proceso maniatado, sino luchando por una Asamblea Constituyente realmente Libre y Soberana, sin Piñera, convocada por las organizaciones obreras y populares sobre las cenizas de este régimen podrido de los 30 años de robos y saqueos a las familias trabajadoras. Es para realizar objetivos como estos necesitamos desarrollar una estrategia basada en el potencial de la clase trabajadora y sus métodos. Es en este marco -y se ninguna manera sembrando la ilusión en maquillar la trampa de la Convención- que desarrollamos nuestra campaña contra los partidos de la cocina y las restricciones al pueblo trabajador.

Es por esto que hoy presentamos candidaturas en distintas regiones del país, buscando amplificar nuestras ideas y llegar a todos quienes creen firmemente que la única posibilidad de conquistar una Asamblea Constituyente Libre y Soberana es retomando el camino de la organización y la movilización, siendo las grandes lecciones que extraemos a más de un año de la huelga del 12N, que colocó en jaque a Piñera y su gobierno, mostrando que era posible la victoria.

VER TODOS LOS ARTÍCULOS DE ESTA EDICIÓN
CATEGORÍAS

[Convención Constitucional]   /   [Partido Comunista]   /   [Proceso Constituyente]   /   [Política]

Juan Valenzuela

Profesor de filosofía. Dirigente del Partido de Trabajadores Revolucionarios.
Santiago de Chile

Eton

COMENTARIOS