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La Corte autorizó a la Policía Federal a intervenir teléfonos desde su propia sede

Buscan hacer lo mismo con Gendarmería, Prefectura y la PSA. La medida es parte de un combo represivo y constituye un nuevo ataque que allana el terreno para el espionaje sobre la población.

Martes 8 de enero | 17:38

Bajo la excusa de la “lucha contra el narcotráfico” que en el año electoral será uno de los ejes de campaña para Cambiemos, el Gobierno busca fortalecer el aparato represivo para preparar mayores ataques en el marco del ajuste que implementa.

En ese marco, la Corte Suprema acaba de ofrecer una oportunidad para aumentar el espionaje por parte de las fuerzas represivas. El máximo tribunal acaba de habilitar a la Policía Federal a hacer escuchas desde sus propias oficinas, a través de la autorización de un juez o fiscal. Al mismo tiempo, quieren darle esta capacidad también a otras fuerzas.

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Esas escuchas se venían haciendo desde 28 boxes que funcionan en la sede de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco). La modificación surge de un pedido realizado por las propias fuerzas. El "argumento" esgrimido es la "agilizar" investigaciones.

Actualmente, la Dajudeco mantiene unas 5.000 líneas telefónicas intervenidas por orden de jueces federales y provinciales. Con los locutorios de las fuerzas de seguridad “se federalizará esta herramienta para todos los jueces”

La escucha de llamadas por parte de integrantes de las fuerzas represivas y de los servicios de espionaje ha sido una práctica común bajo todos los gobiernos, sean del signo político que fueran. Bajo el kirchnerismo, el ex jefe de los espías Antonio Stiuso fue uno de los ejecutores de esa labor.

Esta medida se conoce en el marco de la avanzada represiva que plantea el gobierno nacional, con el protocolo de Bullrich que busca legalizar el gatillo fácil, dando vía libre a la policía en el uso de armas de fuego. También con la inversión millonaria para equipar a las fuerzas federales con armas taser, declaradas por la ONU como armas de tortura y potencialmente letales. Al mismo tiempo que propuso bajar la edad de imputabilidad a 15 años.

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A las políticas represivas que impulsa el gobierno nacional, con aval de una enorme porción del peronismo, se suma esta nueva concesión por parte de la Corte Suprema hacia esas mismas fuerzas.






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