PERSECUSIÓN POLÍTICA

Grave: Fiscalía reabre persecución contra los siete manifestantes en SCJ de 2013

El fiscal Gilberto Rodríguez de la Fiscalía penal de Montevideo de 2ª Turno reinició la persecución política contra los siete manifestantes de la protesta en la Suprema Corte de Justicia en 2013.

Lunes 8 de marzo | 14:13

De acuerdo a información difundida por el portal Sudestada, el fiscal Gilberto Rodríguez de la Fiscalía penal de Montevideo de 2ª Turno reinició la persecución política contra los siete manifestantes de la protesta en la Suprema Corte de Justicia en 2013. Dichos manifestantes habían sido ya en esa época perseguidos por la acusación del fiscal de la época, el ahora diputado del partido Colorado Gustavo Zubía, por el delito de asonada.

La manifestación ante la Suprema Corte de Justicia en 2013 fue en rechazo al desplazamiento de la jueza Mariana Mota que en esos momentos tenía a su cargo varias causas por la violación de los DDHH durante la dictadura cívico - militar. Del gran número de manifestantes, el Fiscal Zubía eligió arbitrariamente la persecusión de estos siete militantes, como escarmiento contra el movimiento de DDHH en su conjunto.

Durante años el caso estuvo en idas y vuelta dentro del mismo poder judicial, con declaraciones de inconstitucionalidad de la norma que establece el “delito” de asonada y posteriores declaraciones opuestas a dicha resolución.

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Esta repentina ofensiva contra los siete manifestantes no es inocente, sino que está de acuerdo con la política del gobierno de Lacalle Pou de criminalizar la protesta y las medidas de lucha de los sectores populares, como se puede ver claramente con la LUC como con el ataque al derecho de huelga, entre otras normas autoritarias. Pero también es responsabilidad de los anteriores gobiernos frenteamplistas, que legitimaron estos ataques reaccionarios y en muchos casos incrementaron las herramientas legales y materiales (fortalecimiento de la policía y el aparato de espionaje) que hacen posible esta persecución estatal del gobierno derechista.

La reactivación de este caso es una grave amenaza contra los intereses y derechos de los organismos de derechos humanos, las organizaciones de trabajadores, estudiantiles y populares en general. Que merece un contundente repudio generalizado. La escalada de ataques que viene desplegando el gobierno de Lacalle Pou, es una clara advertencia que muestra la creciente necesidad de la lucha unida y en las calles de los trabajadores y diversos sectores populares, para pararle la mano a esta ofensiva derechista del gobierno.






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