Política Uruguay

CONFLICTO RURAL

Empresarios rurales consideran bloquear accesos a Montevideo

Sectores de propietarios rurales se vienen auto convocando para resolver tomar medidas de “lucha”, frente a lo que según ellos consideran es la indiferencia del gobierno frente a sus reclamos.

Martes 9 de enero | 21:20

Sectores de empresarios rurales se movilizan en reclamo frente a lo que ellos consideran políticas del gobierno que los perjudican en su rentabilidad y de la indiferencia que hay, de parte del Ejecutivo, hacia su sector.
Se han organizado a través de convocatorias en redes sociales y ya han realizado una asamblea el pasado lunes. Se plantean como posibilidad, bloquear el abastecimiento de alimentos a las principales ciudades del país, en especial Montevideo y Maldonado.

Auto definidos como apolíticos e independientes de cualquier institución: “Nosotros somos independientes, no tenemos color político y no dependemos de ninguna institución”, y también como “un grupo que está organizado y somos todos productores rurales, agricultores, ganaderos, tamberos”. Empezaron por autoconvocarse desde Paysandú a través de whats app: “El primer objetivo es cortar el diálogo, ya que este no ha dado resultado en la historia del país para el sector agroindustrial (…) cortar por tres días todos los peajes del Uruguay” impedir la entrada de “frutas, verdura, carne, leche (…) Para Montevideo no se va a distribuir nada y para el este, tampoco. No hacer nada es decir que está todo bien, y acá no damos más”

Ya han realizado una asamblea de centenares, con la adhesión de empresarios de otros lugares del país, como organizaciones de transportistas. La Asociación Rural de Paysandú, la Sociedad Rural de Río Negro y las gremiales rurales de Cerro Largo y San José. Piensan centralizar una asamblea de convocatoria nacional el día 23 de enero en el departamento de Durazno.

“La barra está bastante nerviosa”

Federico Holzmann uno de los principales organizadores de este movimiento, se comunicó con Carlos Moreno el presidente de la Asociación Rural de Paysandú para saber la situación en cuando a la comunicación de las gremiales con el gobierno y si se ofrecían soluciones.
Al respecto manifestó que “La intención era saber que esta pasando en las gremiales y luego apoyarlos en una movilización de abajo hacia arriba (…)“Lamentablemente por la vía del diálogo, desde que yo me conozco como productor rural, no hemos tenido solución ninguna”
No podemos tener un combustible a los precios que lo tenemos, no podemos tener leyes sociales a los costos que tenemos y los pagos de IRPF, entre otros temas (…) si despedís un empleado porque no te sirve la forma de trabajar y ese empleado te hace una demanda y al mes que viene le hace otra demanda a otro empleador y así sucesivamente.
En referencia a sus objetivos inmediatos dijo: “Nuestro principal objetivo es que el presidente y el ministro Tabaré Aguerre, que anda perdido, porque nadie sabe dónde anda, nos atiendan y les daremos un sinfín de sugerencias al problema de rentabilidad que tenemos”,

Por su parte Rafael Toscanini, otro participante de este movimiento, dijo que “el gobierno está dividiendo a la gente” además que hay periodistas “comprados por el gobierno que miran para el costado”.

Más enfático todavía fue el productor de Paysandú Noel Fernández, que incluso manejó la posibilidad de hacer un tractorazo antes del 23 de enero, en declaraciones aseguró: “La barra está bastante nerviosa, estamos bastante calientes. Queremos que se respete lo que se resolvió anoche, corte definitivo de ruta no va a haber, pero no descarto que antes del 23 se tome alguna medida. No sé si un corte, pero pienso que algún tractorazo puede salir (…) son gente pacífica que no quiere andar a los mangazos (…) El gobierno tiene que darnos un poco de atención, cuidarnos y bajarnos un poco el combustible. La carga tributaria y el BPS nos mata (…) Prefiero que se me mueran 30 vacas y no tener un empleado, porque no me da para pagarlo…”

Las gremiales rurales dicen

Desde los principales dirigentes de las gremiales de empresarios rurales, también han surgido declaraciones de malestar con el gobierno. Por ejemplo desde la Asociación Rural de Paysandú, cuyo presidente es Carlos Moreno se manifestó que 2018 será “un año de apretar los dientes y empezar a cortar un poco el diálogo, y hacernos sentir más como lo que somos para nuestro país (…) Vienen subas en los costos y valla a saber cuántas cosas más para seguir metiéndonos las manos en los bolsillos. Creo que unidos saldremos adelante, de otra manera se seguirá distribuyendo pobreza en un país que en su momento fue la Suiza de América. Estamos convencidos y estoy convencido de que hay todavía quien quiere cambiar esta triste realidad (…) del gobierno nosotros somos los culpables de todo. Y para la oposición darnos una mano tiene mucho costo político”

Jorge Riani el presidente de la Federación Rural dijo que “lamentablemente el ministro Aguerre está desaparecido, no sabemos qué le pasa (…) es el fusible que tenemos para defender al agro frente al Gobierno (…) tendría que salir a la cancha a ayudarnos y explicarle al Presidente lo que está pasando en el sector, pero no tiene el peso político que necesitamos que tenga”. Con respecto a los cortes de ruta que se están manejando realizar dijo que “está avalando lo que nosotros entendíamos que teníamos que decirle al presidente (…) Estamos a tiempo de corregir las velas del barco, y entendemos que tenemos que ser positivos para que las cosas funcionen en Uruguay”

Por su parte Pablo Zerbino, presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), dijo que “no hemos tenido contacto” con el Ministro y que “no está en condiciones de brindar las soluciones que el agro necesita”.

La Asamblea del lunes

El lunes a la noche se realizó una asamblea en la Asociación Rural Exposición Feria de Paysandú, en la que participaron algunos centenares de empresarios rurales y en la que finalmente hubo ninguna resolución concreta, más allá de la planificada asamblea nacional del 23 de enero en Durazno.
El ánimo era efervescente según lo trascendido en medios locales, por ejemplo, uno de los asambleístas propuso que aplaudieran quienes estaban de acuerdo con un paro “en los próximos diez días”, recibiendo una respuesta casi unánime a favor de parte de los cientos de participantes.
Otra de las participantes planteó hacer una “guerra de guerrillas” de información con la utilización de la tecnología para que se conozca mejor la situación, aclaró que la expresión “es a lo Gandhi, en paz”.
Muchos de los participantes coincidieron en que también empresarios de la ciudad se sumen ya que tienen vínculos o problemas en común con ellos.
Entre otras quejas se mencionó, la falta de rentabilidad de las empresas, las cargas impositivas y leyes sociales, el costo de la energía y el tamaño del Estado.

Gobierno maneja levantar los piquetes

El malestar y preocupación del Ejecutivo se hizo sentir con, por ejemplo, un audio filtrado de la Ministra de Turismo Liliam Kechichian, en donde manifestó que "Hay una movida bastante fuerte de gente vinculada al mundo rural, que nace en Paysandú, pero que se está sumando Salto y Río Negro y algunas de las gremiales más reaccionarias como las de cerro Largo y San José, que están planteando (...) impedir que pase todo lo perecedero, frutas, lácteos, todo lo que puede ser insumos para la temporada turística”
Pero también en un comunicado de la Presidencia, donde sostiene abiertamente que el trascendido de una reunión para el 23 de febrero es una mentira y comunica el protocolo usado por el Presidente para otorgar audiencias: “El presidente Tabaré Vázquez aclara que las noticias que circulan respecto de una reunión con las gremiales rurales fijada para el 23 de febrero es falsa. El mandatario, como es habitual, coordina su agenda para el mes siguiente los días 15, por lo cual este 15 de enero fijará las reuniones que mantendrá en febrero. Algún encuentro podría adelantarse en caso de que se cancelara alguno de los fijados para este mes.”

Según diversos medios, el gobierno maneja la posibilidad de usar el decreto antipiquetes dictado el pasado marzo por el Poder Ejecutivo, en caso que se efectivicen los cortes anunciados.






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