Política Uruguay

OPINIÓN

El régimen de la represión y la miseria

Lacalle Pou dispondrá de una rica herencia presidencialista y autoritaria para reprimir a trabajadores y pobres, incluido puntualmente el mecanismo de Ley de Urgente Consideración. Además de como sabemos la idea plasmada en ese proyecto de ley de profundizar y perfeccionar esos rasgos represivos.

Lunes 27 de enero | 09:59

Las medidas autoritarias que anuncia el futuro gobierno de Lacalle Pou son una profundización de los rasgos presidencialistas y autoritarios que ya están presentes en la Constitución de la República. Serán el intento de agregar más respaldo legal a la ya existente batería de medidas autoritarias que respalda la Constitución, como las Medidas Prontas de Seguridad, el Estado de Guerra Interno, etc.

Como sabemos estas medidas legales que intentarán marcar las “reglas de juego” o sea limitar el derecho a la huelga y la protesta entre otras cosas, para implementar reformas económico –sociales que incluso varias de ellas están incluidas en el mismo proyecto. Y en cuando a las medidas económico sociales, no son más que parte de un paquete de reformas que se están implementando internacionalmente para mantener la sobrevida del capitalismo (que necesita sostener y aumentar sus ganancias a costa de la miseria y la precariedad material de millones).

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Y el propio recurso de la Ley de Urgente Consideración es hijo de la Constitución del 67 que hasta la fecha (a pesar de reformas parciales) continua con sus formas esenciales y que a ningún gobierno se le ocurrió cuestionar, más bien TODOS los partidos usaron de una u otra forma los beneficios de esa esencia presidencialista y autoritaria.

Pero ¿cómo surgió la Constitución del 67? ¿Por qué el régimen político llegó a ese consenso mínimo y posteriormente nunca fue cuestionado en su núcleo?

Para entender la “reforma” del 67 primero hay que entender las “reformas” iniciadas por el gobierno del Partido Nacional que triunfó en las elecciones de 1958. Dichas reformas fueron el comienzo de la renovación del agonizante capitalismo uruguayo (dadas en el marco también de un rediseño del mundo capitalista sobre todo para los países latinoamericanos), introduciendo un cambio de modelo que se fue profundizando y perfeccionando durante décadas. El costo por supuesto lo teníamos que pagar los trabajadores, mediante el salario, la precariedad y la miseria generalizada.

El problema que tenían los capitalistas y sus representantes políticos era que para introducir esas reformas necesitaron recurrir crecientemente a la represión y el asesinato. Y así surge la Constitución del 67, que le da las garantías legales necesarias al régimen para ejecutar sus crímenes sociales, el estreno no se hizo esperar y el gobierno pachequista ejerció sin prurito su “autoridad” para continuar el proceso del cambio de modelo del capitalismo nacional. Si los gobiernos posteriores, exceptuando a la dictadura que tuvo su propio “modelo” derrotado en el plebiscito del 80, sostuvieron lo esencial de estas formas es porque hubo acuerdo tácito. No solo en la permanencia de un modelo económico y social, sino también en los recursos legales (autoritarismo, etc.) para perfeccionarlo y profundizarlo (por supuesto siempre a favor del capital).

Y así llegamos al día de hoy, donde el señor Lacalle Pou dispondrá de una rica herencia presidencialista y autoritaria para reprimir a trabajadores y pobres, incluido puntualmente el mecanismo de Ley de Urgente Consideración. Además de como sabemos la idea plasmada en ese proyecto de ley de profundizar y perfeccionar esos rasgos represivos.

¿Qué rol quiere jugar Lacalle en toda esta historia?

Por ahí se ha difundido que Lacalle es un restaurador, nada más equivocado, entender eso no solo no es comprender la historia del capitalismo nacional de las últimas décadas, sino que también nos desarma a la hora responder a este desafío.

Para que Lacalle sea un restaurador tuvieron que haber grandes cambios en el funcionamiento de la economía lo cual no sucedió (economía liberalizada, modelo agroexportador, beneficios al capital transnacional, no derogación de leyes que establecieron la precariedad laboral en los 90s y un largo etc.) y tampoco como vimos recién en el sistema legal autoritario consagrado en la Constitución del 67.

El rol de Lacalle y su coalición es cumplir con la actualización del modelo, de acuerdo con las nuevas exigencias del capital a nivel internacional (basta ver los distintos conflictos sociales a nivel global desatados en distintos países en los intentos de cumplir con esta agenda), sin esta actualización por ejemplo los prestadores internacionales de dólares harán perder las preferencias y privilegios que tiene el Estado uruguayo al día de hoy (por ejemplo el famoso grado inversor, etc.). A su vez también para la burguesía local es una oportunidad para apretar las cadenas y exprimir más eficientemente a los trabajadores uruguayos y recuperar el vigor de la economía capitalista local (luego de ya algunos años de crecimiento débil).

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El rol de Lacalle entonces es profundizar el modelo y sostener el “orden” republicano usando las herramientas legales ya disponibles e implementando otras nuevas, “legitimando” el accionar represivo y policial necesario. Y esta “necesidad” viene a sabiendas que el programa de “reformas” a implementar generará resistencia social tal cual pasa en otros países en estos momentos. La novedad es el combo simultáneo de plantar el ataque económico social junto al recorte de las libertades democráticas en la Ley de Urgente Consideración.

Un patrón que se repite

El costo de mantener vigente al sistema capitalista siempre es transferido a la población trabajadora, tanto en forma de crisis económicas, programas de “reformas” u ambas cosas a la vez. Es la repetición de un patrón, junto al correlativo accionar represivo gubernamental para sostener el “orden” y respaldado por el sistema legal, que allí permaneció intacto y hasta fue perfeccionado junto a los organismos ejecutantes (como la policía cada vez más tecnificada).

Tampoco es una novedad uruguaya, es lo que se repite en el capitalismo global, a costa de la pobreza y la miseria de millones. Reformas para sobre extender la vida de un sistema decrépito, impuestas mediante la represión y el asesinato. El costo de sostenerlo es la miseria y precariedad de millones y la destrucción del planeta.

Las sucesivas crisis y “reformas” van acumulando generaciones y generaciones condenadas al desempleo y la precariedad, fenómeno que es parte fundamental del sistema. Sin la pobreza de muchos es imposible la gran riqueza que vienen acumulando unos pocos. Y esta forma es la que se fomenta y nunca se cuestiona en su esencia.

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Sería bueno sacar las lecciones adecuadas de todo esto, como así también los mecanismos políticos y legales que han ayudado a mantener la continuidad de este estado de cosas. Porque los costos siempre terminan siendo muy altos y no solo por condenar por años o décadas a la miseria social, la represión y el asesinato a gran parte de la mayoría trabajadora, sino porque también se derrocha el esfuerzo y la entrega de millones de militantes que han luchado contra la injusticia.

Sería bueno en definitiva, que se generalice el pensarse como clase porque hemos sido siempre el blanco para exprimirnos, reprimirnos y asesinarnos. Para así comprender desde perspectivas más fértiles la situación presente y sus raíces históricas, y posiblemente también generar así ideas distintas acerca de los caminos que se podrían tomar que rompan realmente con esta dinámica y sus fundamentos económicos y jurídicos.

Para leer y profundizar:

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA. SECCION IX - DEL PODER EJECUTIVO. CAPITULO III. Artículo 168

Los proyectos de ley de urgente consideración en Uruguay






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