Tribuna Abierta/Opinión

El bonapartismo uruguayo y el próximo gobierno

A raíz de la discusión sobre la ley de urgente consideración del próximo gobierno del partido nacional, quisiéramos partir del análisis de los fenómenos de ascenso del bonapartismo y la decadencia del parlamentarismo en Uruguay, como forma de arribar a algunas conclusiones políticas.Las notas de opinión no reflejan necesariamente la posición editorial del diario.

Domingo 9 de febrero | 19:54

Desde el militarismo (1860-1886) hasta nuestros días el régimen político uruguayo y su democracia burguesa ha atravesado diversos períodos de deriva autoritaria, unas veces a través del golpe de estado y la dictadura, pero otras veces vía la consolidación de lo que Gramsci denominaba cesarismo y Trotsky bonapartismo, o sea la consolidación de una figura que se erige falazmente por encima de las clases, en un caso puede ser el ejército como en la etapa del militarismo, u otras en un fortalecimiento de los métodos de dominación política de la burguesía como el Poder Ejecutivo en general y la presidencia en particular.

En estos momentos históricos las clases dominantes deciden menoscabar la legitimidad de la representación, degradando el parlamentarismo burgués, puesto que la necesidad del ataque capitalista exige una mano precisamente más ejecutiva, pisoteando incluso la propia legalidad burguesa que reside en la legitimidad del parlamento, que ya de por sí representa un migaja de soberanía popular, con respecto a la participación de las masas en la dirección política de la nación.

La constitución de 1967: de aquellos barros estos lodos

En la historia reciente del Uruguay la última vuelta de tuerca en la tendencia al bonapartismo fue la constitución de 1967, que reconfiguró el régimen en general y el poder ejecutivo en particular, pasando de los gobiernos colegiados y un ejecutivo relativamente más débil (consejo nacional de gobierno) a un modelo abiertamente presidencialista, donde el Presidente de la república burguesa se constituyó en el gran Bonaparte de la política de las clases dirigentes.

En este sentido, cabe destacar el papel reaccionario que ha jugado la institución del veto presidencial que le da el poder de fuego al presidente para derribar de forma antidemocrática leyes progresivas emanadas de la cámara de representantes y la asamblea general; como por ejemplo cuando Tabaré Vázquez en su anterior mandato, vetó la ley del derecho al aborto.

Ley de urgente consideración: golpear primero para negociar después

Es evidente la estrategia política del herrerismo en la utilización de la denominada LUC, hacer pasar el ataque burgués con celeridad en el palacio, y que esto garantice por un lado la atomización y dispersión del movimiento obrero y popular, y por otro lado cierta relativa estabilidad y consenso al interior de la coalición patronal.

Luego si el gobierno no puede asegurar una relación de fuerzas favorable para imponer todo su paquete conservador, a continuación seguiría la apertura al "diálogo" social, si es que la represión estatal a las luchas fracasan en su intento de frenar la resistencia de las masas, y también si es que por otro lado la dirección del PIT-CNT no logra contener al movimiento obrero en los marcos del régimen.

El bonapartismo neoherrerista y la degradación parlamentaria

Como ha señalado el compañero Sebastián Artigas en su artículo Acerca de los planes del gobierno electo, la concepción herrerista que en pocos días nuevamente asumirá la jefatura del Estado capitalista se basa en una visión legalista restrictiva de los derechos democráticos y en una entronización de la autoridad estatal.

Esta concepción sustentó el último gobierno herrerista de Luis Alberto Lacalle Herrera, que protagonizó las páginas más sangrientas del accionar represivo en los últimos treinta años, como la masacre del Filtro por parte de los coraceros que asesinaron a los activistas Morroni y Facal, crímenes de estado que aún hoy permanecen impunes.

La tradición política del Partido Nacional en general y del herrerismo en particular, ahonda sus raíces filosóficas en un pensamiento político conservador y católico, incluso con rasgos fascistizantes. Por oposición la tradición colorada y específicamente batllista basó, por un tiempo, su hegemonía ideológica en una concepción más clásicamente liberal del régimen burgués y el papel del parlamento como mediación de las clases dominantes.

El reformismo y la idealización del parlamentarismo

En la discusión de la ley del futuro gobierno del PN, desde el campo reformista se han levantado diferentes variantes de resistencia ante la avanzada patronal, las posiciones más conciliadoras minimizan la dimensión del ataque apostando por el "diálogo" social para negociar algunos ejes, otra posición más débil sugiere ir por el camino de la inconstitucionalidad de la ley; y una tercera variante apuesta por la idea de plebiscitar la ley y derogarla mediante los mecanismos de democracia directa.

Las dos primeras son maniobras evidentes de la cúpula del PIT-CNT y de la dirección Frente Amplio por contener a las bases, con el deseo de impedir y obstaculizar una vía de resistencia a la chilena, con huelga general y movilización; representan en este sentido una capitulación en toda regla al entregar conquistas obreras y democráticas al azar del juego legalista de la discusión "constitucionalista" y por tanto reflejan una idealización completa del parlamentarismo.

La tercera variante, en caso de que la ley se apruebe sin turbulencias en la coalición, y en el caso de que no sea frenada antes, sólo puede triunfar con los métodos del movimiento obrero: la huelga general y la movilización, de lo contrario sobran los ejemplos de plebiscitos y reféredums ninguneados por el estado burgués, como la ley de riego y las ppp que borran con el codo lo que la soberanía popular consagró en su lucha contra la privatización del agua y de las empresas públicas respectivamente.

Apostar en estos momentos a la ilusión parlamentaria es el camino más seguro al matadero al que nos quiere conducir la burguesía, por el contrario es más necesario que nunca plantear el sendero hacia una verdadera huelga política de masas que le ponga coto al gobierno de los terratenientes y los generales.






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