Cultura

A 45 AÑOS

El Perón que muchos quieren olvidar: Pacto Social y Triple A

A 45 años de su muerte, va un repaso crítico del tercer gobierno de Juan Domingo Perón. Un (corto) período donde los únicos ausentes fueron el diálogo y el consenso.

Eduardo Castilla

@castillaeduardo

Lunes 1ro de julio

Foto: Perón junto a López Rega.

“Camina once horas seguidas por el Gran Buenos Aires, convertido en desierto sin agua ni albergue para él, el sobreviviente de la masacre”(1).

Julio Troxler salvó su vida aquella madrugada del 10 de junio de 1956. Las balas no llegaron a tocarlo. Se valió de su destreza física, huyendo de una muerte segura. Con el tiempo Rodolfo Walsh convertiría los fusilamientos de José León Suárez en una de las grandes piezas de la literatura nacional. Operación Masacre pasó a la historia como un documento de barbarie del régimen autodenominado “Libertador”.

La muerte cobró venganza de forma brutal. El 19 de septiembre de 1974 Troxler cayó asesinado en el barrio porteño de Barracas. Una ráfaga de ametralladora lo alcanzó por la espalda. Gobernaba Isabel Perón. La Triple A consignó su autoría.

El tiempo contra la historia

El tiempo puede reducir la historia a escombros, a trozos de mampostería amontonados, a pedazos de ladrillo amorfos con los que difícilmente pueda imaginarse algo similar a una construcción.

El tercer gobierno de Perón ha sufrido, con los años, esa reducción. Variados intentos de “reconstrucción” de la historia han querido ver a un líder creando puentes o tejiendo líneas de diálogo. En política, esa interpretación tiene una clara funcionalidad. Por estas horas sirve para arrimar voluntades entre quienes, hasta ayer nomás, se tildaban mutuamente de “traidores”.

Apelar al “mejor Perón” se ha vuelto lugar común para kirchneristas, massistas y peronistas en general. En nombre de la unidad antimacrista se recrea la historia nacional bajo un prisma deformado.

Pero el tiempo del tercer gobierno peronista está cruzado por la violencia corrosiva de la Triple A y la malla de fuerza del Pacto Social. La historia corta que transcurre entre mayo de 1973 y marzo de 1976 está unidad por un hilo nada invisible. Aquel que busca atar y amordazar el ascenso revolucionario nacido un lustro antes, en el caliente Mayo Cordobés de 1969.

De retornos y de traiciones

El “hombre del destino” volvió a su patria arrastrado por un poderoso proceso de lucha de clases. La creciente insurgencia obrera y popular que recorría territorio nacional empujó a la clase dominante a poner fin al exilio iniciado en septiembre de 1955.

Aquel retorno sembró el país de ilusiones. Para la clase trabajadora simbolizaba el fin de un largo período de persecución político-sindical y de ataque a sus conquistas. Los 18 años transcurridos desde la llamada Revolución Libertadora habían abundado en violencia contra el movimiento obrero, en aras de engrosar la columna de ganancias del capital.

Para franjas importantes de la juventud, el líder que volvía representaba el vehículo de una transformación revolucionaria, que empujaría el país hacía una difusa “patria socialista”.

Las ilusiones traspasaban las fronteras de clase e iban a depositarse también entre los dueños del poder. Para el empresariado el fin de aquella ausencia se justificaba en aras de un “país normal”. Y esto solo podía significar un nuevo ordenamiento que garantizara la libertad capitalista de sus negocios. Perón era sinónimo de orden. Y orden, como resulta lógico, antónimo de revolución o liberación nacional.

Un pacto nada consensuado

“Mientras yo esté en el gobierno, está política no la cambio por nada”. Juan Domingo Perón, abril de 1974.

El 8 de junio de 1973 tomó cuerpo el Acta de Compromiso Nacional para la Reconstrucción, la Liberación Nacional y la Justicia Social. En honor a la brevedad, pasaría a ser conocido como Pacto Social.

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Su mecánica era sencilla. Imponía un congelamiento de precios y salarios, suspendiendo las paritarias por dos años. La aparente equidad de la medida era falsa. Muy pronto -y con dureza- la realidad revelaría que los asalariados perdían frente el capital. El empresariado, sabiéndose aliado de la casta gubernamental, rompía a cada momento su parte del compromiso, sea en materia de precios, sea intentando imponer mayores ritmos de explotación.

Perón y José Gelbard, autor del Pacto Social

El rechazo al Pacto Social creció entre la clase trabajadora. El sindicalismo combativo y la izquierda no peronista apuntaron allí sus denuncias. Los sectores agrupados en la Tendencia Revolucionaria del peronismo, subordinándose políticamente al viejo líder, optaron por un apoyo crítico al acuerdo.

La viga maestra para apuntalar aquel plan fue la burocracia sindical peronista. En octubre de 1973 arribó al Congreso Nacional una reforma de la Ley de Asociaciones Sindicales. La nueva normativa apuntaba a liquidar cualquier vestigio de democracia obrera, elevando sustancialmente el poder de la cúpulas gremiales. El investigador Julio Godio escribió que “el objetivo principal era detener el desalojo de los dirigentes sindicales tradicionales en la base”(2).

En los meses siguientes, la conducción de la CGT avanzaría a paso redoblado contra la conducciones sindicales combativas y clasistas. Muy lejos del consenso y el diálogo, el tercer peronismo apostaba por la coerción abierta.

El somatén peronista

“Lo que hace falta en la Argentina es un somatén”.
Juan Domingo Perón. Febrero de 1973

El 21 de noviembre de 1973 el mundo conoció la tristemente célebre Triple A. Una bomba estalló bajo el auto del senador radical Hipólito Solar Yrigoyen. ¿La razón? Oponerse a la reforma de la Ley de Asociaciones Sindicales.

Estructurada bajo la mirada atenta de José López Rega, la Alianza Anticomunista Argentina (AAA) encontró su centro neurálgico en el Ministerio de Bienestar Social. Allí ocuparon cargos varios de los responsables del somatén criollo. Por ejemplo, Jorge Osinde -el rostro visible de la Masacre de Ezeiza- sería el fantasmagórico Secretario de Deportes.

La coordinación operativa quedó en manos de nombres emblemáticos de la Policía Federal. Juan Ramón Morales y Rodolfo Almirón fueron dos de ellos. Separados de la fuerza por su participación en múltiples delitos, serán readmitidos en octubre de 1973 a pedido del yerno de López Rega, entonces presidente provisional de la nación. Meses después, según confirmó Horacio Verbitsky, ascenderían en la jerarquía policial gracias a un decreto firmado por Perón(3).

Entre noviembre de 1973 y marzo de 1976, los comandos de la Triple A asesinaron entre 1.500 y 2.000 luchadores y luchadoras obreras, populares y juveniles. Julio Troxler fue un nombre más en ese extensa lista mortal.

Aquel capítulo de historia negra había empezado a escribirse el 20 de junio de 1973. Ese día, la multitud que se convocó en los bosques de Ezeiza recibió una lluvia de balas. La derecha peronista, amparada por las órdenes del líder que volvía, disparó a matar. El saldo luctuoso fueron decenas de muertos y miles de heridos.

En octubre asomó a la vida pública el llamado Documento reservado. Presentado en una reunión con gobernadores, constituyó un llamado a “erradicar a los infiltrados”. La derecha peronista recibía una auténtica licencia para matar de las viejas manos del viejo líder.

En aquellos agitados meses, el lenguaje macartista no haría más que ascender. Palabras como “infiltrado”, “bolche”, “zurdo” o “trosko” equivaldrían, prácticamente, a una condena a muerte. Poco importaba si los destinatarios eran efectivamente de izquierda. Bastaba la simple oposición a las medidas gubernamentales para caer en alguna de las categorías precedentes.

En enero de 1974 las políticas represivas marcaron otro paso adelante. En aras del “orden”, Perón impulsó una reforma al Código Penal, buscando criminalizar la variedad de luchas obreras que recorrían el país. La disidencia no fue permitida. El verticalismo se impondría con lógica de hierro.

El 22 de enero, en una suerte de cadena nacional, Perón amonestó a ocho diputados de la izquierda peronista que rechazaban la reforma. Ante las cámaras de TV, amenazó: “Si no tenemos la ley, el camino será otro; y les aseguro que puestos a enfrentar la violencia con la violencia, nosotros tenemos más medios posibles para aplastarla”.

Los hechos se impondrían por la violencia, como certeramente anunció el mandatario. El 28 de febrero, Córdoba conocería un “azo” de nuevo tipo. Uno destinado a aplastar a la combativa vanguardia obrera y popular de aquella provincia. Bajo las órdenes del comisario Antonio Navarro era derrocado el gobierno de Obregón Cano y Atilio López. Tan solo una semana antes, Perón había pedido terminar con ese “foco de infección”.

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Aquel accionar represivo estaba inscripto en el ADN del tercer gobierno de Perón. La conformación de organizaciones paraestatales -como la Triple A, la Concertación Nacional Universitaria (CNU) o el Comando Libertadores de América- constituyó, valga la redundancia, una política de Estado.

El ordenamiento capitalista del país implicaba la derrota total de la amplia vanguardia ubicada a la izquierda del peronismo. De aquellos cientos de miles de luchadores y luchadoras que, desde el Cordobazo en adelante, eran protagonistas de un creciente proceso de radicalización que los empujaba más allá del limitado horizonte político de Perón. El somatén peronista constituía una herramienta necesaria en ese esquema.

Jorge Osinde, en el medio de la Masacre de Ezeiza

Tiempos de revolución y contrarrevolución

“Apagaré de un soplo todos los incendios y no tendré piedad con quien vuelva a prenderlos”.
La novela de Perón. Tomás Eloy Martínez

Catorce días antes de morir, Juan Domingo Perón habló ante la cúpula de la burocracia sindical: “Tendríamos que emplear una represión un poco más fuerte y más violenta también”. En aquel auditorio había más de un organizador de la Triple A(4).

El discurso político de los últimos años ha querido mostrar un Perón que volvió al país a curar heridas, a zanjar diferencias. La imagen del abrazo con líder radical Ricardo Balbín ha sido explotada hasta el cansancio.

Pero la historia real se empecina en alejarse del modelo. El viejo líder fue convocado para conjurar la movilización revolucionaria que sacudía al país desde mediados de 1969, para volver a imponer un orden que garantizara normalidad en términos capitalistas. El Pacto Social y la Triple A eran herramientas tácticas para esa labor estratégica. En esa tarea se fueron los últimos meses de su vida.

El Perón “del diálogo” no existió. O, en todo caso, esa figura debe relativizarse. Aquel Perón de 1973 fue el de un consenso específico: el de la clase dominante contra el ascenso revolucionario abierto a partir del Cordobazo. El del “orden” en función de las necesidades del gran capital.

En esa magistral obra titulada La novela de Perón, Tomás Eloy Martínez escribió

“Le rindieron honores, con los sables desenvainados. La misma gente que tiempo atrás había ordenado que se castigara con la cárcel el mero uso público de su nombre y que había vetado a su partido en todas las elecciones, estaba otra vez allí, abrazándolo, dando gracias a Dios por haberlo conservado saludable y entero, en condiciones de salvar a la patria”.

Aquella “patria” no tenía nada de socialista. Era la patria sucia y limitada del gran capital. La “patria” de los grandes empresarios que, muy poco tiempo después, golpearían la puertas de los cuarteles militares.

Notas

(1) Operación Masacre. Rodolfo Walsh. Editorial De la Flor. 2008. Pág. 110

(2) Perón: regreso, soledad y muerte (1973-1974). Julio Godio. Ed. Hyspamérica. 1986. Pág. 162

(3) Investigación inconclusa de Rodolfo J. Walsh. Horacio Verbitsky. Revista El Periodista N.º 80. 1986

(4) Perón y la Triple A. Sergio Bufano y Lucrecia Teixidó. 2015. Sudamericana. Pág. 17.






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