Géneros y Sexualidades

Ley Integral de violencia basada en Género

Cruces por falta de recursos mientras las mujeres siguen siendo las perjudicadas.

La corte suprema de Justicia envió carta a Lacalle Pou informando que el dinero previsto para instalar los juzgados especializado en género en el Norte no alcanza.

Viernes 22 de enero | 14:08

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) informó al presidente Lacalle Pou la imposibilidad de instalar en el Norte del país tres juzgados especializados en género. A pesar que el presupuesto estaba aprobado, la CSJ indicó que lo acordado aún seguía siendo insuficiente para cubrir los gastos de mantenimiento.

Recordemos que debido a los reiterados reclamos del movimiento de mujeres del país, es que se ha conseguido la sanción de la Ley Integral contra la Violencia de Género, aprobada en 2017, pero que aún no se implementa por completo. El año pasado se planteó la necesidad concreta de que comience a aplicarse en el interior del país. Incluso la vicepresidenta Beatriz Argimón, en consecuencia a la imagen Feminista que pretende dar, se ha manifestado el año pasado en este sentido.

Finalmente los legisladores de la coalición de gobierno acordaron con el Ministerio de Economía y la SCJ reasignar recursos para comenzar a implementar parte de la ley.

Sin embargo, la SCJ envió una carta al presidente indicando que el dinero acordado no alcanza y por eso descartaron la instalación de los juzgados, si no se asignan más recursos. Nuevamente la institución judicial despreciando la vida de las mujeres y demostrando su actitud machista y patriarcal (inclusive, ubicándose a la derecha del gobierno de derecha).

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Reacciones de varios sectores

La noticia causó asombro en diferentes sectores. Desde el oficialismo se manifestó la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INMujeres), Mónica Bottero, quien expresó en los medios que la cuestión iba más allá de lo presupuestal y que el asunto era una cuestión de voluntad política. Además añadió que el organismo ofrecerá parte de sus recursos para revertir la situación.

Bottero también fue crítica con algunos posicionamientos del sistema judicial. Señaló que aún se puede encontrar una visión muy masculina y pasada de época que consideran a los temas de género como de segunda categoría. Mencionó lo sucedido con la Fiscalía General de la Nación y la decisión de que durante el 2021 no funcionará la Unidad de Género como unidad autónoma de la Fiscalía General de la Nación, sino que será fusionada con Unidad de Víctimas también por falta de presupuesto. Señaló: "Cada vez que falta un peso dicen que van a cortar algo de género, ¿son cosas accesorias? ¿Lujos que se dan en los organismos públicos? Lo veo como una visión muy antigua de las decisiones políticas que se toman."

También hubo declaraciones al respecto de la vocera de la Red Uruguaya contra la violencia Doméstica, Marina Morelli,que describió como preocupante la decisión del Poder Judicial, y cuestionó el que no haya detallado de forma específica los destinos del dinero que se precisa.

"Ha dado la idea de que hace falta poco más que salir a comprar bloques, ladrillos, construir todo cuando en realidad ya está todo. Lo que se requiere es la transformación, que es un mecanismo muy utilizado excepto con esta ley", remarcó Morelli.

Valeria Caggiano, vocera de la Intersocial Feminista mencionó que para tener un compromiso real por parte del Estado y asegurar una vida libre de violencia basada en género es necesaria una asignación presupuestal, y que hay cierta resistencia al respecto desde el Poder Judicial.

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Solo promesas y los derechos en lista de espera

Desde que se sancionó la Ley Integral de Violencia basada en Género, aún no se ha podido implementar por la falta de recursos. Esta situación se viene presentando desde la gestión del Frente Amplio. El gobierno de aquel entonces hizo alarde de una ley que en la práctica no se podía aplicar porque no había presupuesto. El tiempo pasó y en el gobierno actual de la Coalición Multicolor la situación es la misma. De distintas áreas se van pasando las responsabilidades de mano en mano para desligarse, y en el medio quedan las mujeres que se encuentran en vulnerabilidad sin ninguna solución real.

Desde Pan y Rosas hace tiempo que manifestamos que la ley sancionada es insuficiente para afrontar la difícil realidad de miles de mujeres, sin embargo consideramos que es un importante avance y que es urgente que se comience a aplicar.

Pasaron varios años, y siempre las excusas son las mismas: el presupuesto y la carencia de enfoque con perspectiva de género del Poder Judicial. Desde el año pasado que estamos en un contexto muy complejo por la pandemia y que ha empeorado la situación de muchas mujeres. La falta de empleo y el confinamiento ha provocado que muchas tengan que depender aún más de sus abusadores o pasar mucho más tiempo con ellos. La pandemia está siendo una gran tragedia para muchas mujeres y sus hijos a cargo, más que nunca precisan que este tipo de leyes estén funcionando. Todas las excusas y explicaciones que proporcionan vienen de larga data y parecen a esta altura una burla.

Tanto el gobierno anterior y el actual se excusan con los famosos números que nunca dan, siempre algo falta, nunca llegan. Los cálculos jamás juegan a favor de las mujeres, nosotras siempre seguimos en la lista de espera. Sin embargo, las cuentas siempre dan de forma positiva a favor de las multinacionales y el empresariado, a cuesta de los abusos y atropellos a la clase trabajadora y de los recursos que tendrían que ir a las verdaderas necesidades de la población.

Nuevamente los hechos nos muestran que seguimos dentro de un sistema capitalista y patriarcal, donde los presupuestos nunca están a nuestro favor y las instituciones siguen infectadas de visiones patriarcales. La única forma de revertir este tipo de situaciones es con la lucha organizada y exigiendo lo que nos corresponde, así hemos conseguido cada uno de nuestros derechos y así seguiremos conquistando más.






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