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CRISIS POLÍTICA EN BRASIL

Cómo queda el Gobierno de Bolsonaro tras la escandalosa reunión ministerial

Contra toda expectativa, el video de la escandalosa reunión ministerial que tomó estado público esta semana no fue demoledor contra el Gobierno de Bolsonaro. La reunión había sido señalada por el exministro de Justicia Sergio Moro en el caso de la injerencia presidencial en la Policía Federal, que desató el conflicto que terminó en la renuncia del exjuez de la operación Lava Jato. Sin embargo, las denuncias de Moro no salieron fortalecidas.

Domingo 24 de mayo | 19:43

Nuevos roces con gobernadores y la Corte Suprema se dibujan a partir del video, posiblemente varios ministros serán blanco de procesos judiciales, pero el Gobierno no quedó en la cuerda floja. El proceso de fortalecimiento institucional del gobierno por la vía de la compra de diputados del “gran centro” parlamentario y la fuerte alianza con la cúpula militar del Ejército puede, si no hay nuevos hechos en la política, en la economía u oriundos de la pandemia, seguir su curso.

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Aunque en la coyuntura inmediata hay impactos menores, en el plano del régimen político instaurado por el golpe institucional, las contradicciones se incrementan.

El video puso de manifiesto la escoria de la política brasileña, donde el general Braga Netto, jefe de Gabinete, tutela a los otros ministros, lo que desnuda esta característica cuyo crecimiento hemos remarcado. La imagen de Bolsonaro sentado al lado de dos militares, Braga Netto y el vicepresidente Hamilton Mourão, revela quién condujo la reunión y el peso de las Fuerzas Armadas en el régimen.

¿Qué revela la reunión sobre la ubicación de Sergio Moro y la prensa?

La parte del video en relación al exministro Sergio Moro era conocida, ya que la AGU, órgano que asiste jurídicamente al Estado, ya había divulgado una transcripción de ese fragmento. Después de la declaración que hizo Moro durante ocho horas a la Policía Federal, vimos que su denuncia al irse del ministerio no presentaba nada concreto contra el presidente que pudiese por sí solo, por su contundencia, llevar al impeachment.

En este escenario, Moro queda en una mala situación, y un ataque sin éxito puede fortalecer a quien está siendo atacado, en este caso Bolsonaro en alianza con los militares.

Afirmar que el video no acelera la denuncia de Sergio Moro contra el presidente no quiere decir que el archivo publicado no tiene otros escándalos que pueden traer complicaciones institucionales al bolsonarismo. En la reunión queda nítida la agresividad de varios ministros y golpistas, exponiendo su cara más asquerosa en diferentes ámbitos. El ministro Ricardo Salles, por ejemplo, jefe de la cartera de Medio Ambiente, afirmó que la pandemia del coronavirus es una “oportunidad para pasar a la desregulación”, y dar vía libre a la destrucción de la Amazonia. El ministro Weintraub, de Educación, además de poner de manifiesto su odio a los pueblos originarios, dijo que hay que meter preso a los jueces de la Corte Suprema. Damares Alvares, al frente del Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, aprovechó la crisis para pregonar contra el aborto diciendo que “van a liberar todo” y defendió el encarcelamiento de gobernadores.

El video también revela la ofensividad de Bolsonaro en relación a algunos gobernadores, como João Dória de San Pablo y Wilson Witzel de Rio de Janeiro. A ellos se refirió como “esa mierda del gobernador de San Pablo, ese estiércol de Rio de Janeiro”. Esta ofensiva se presenta después de una semana en la que hubo una reunión entre él y los gobernadores en la que se presentó con un tono acuerdista para conducir la apertura de la economía, algo que ni siquiera estaba pautado, pues había consenso en la posición de favorecer a los empresarios mientras los brasileños siguen sin camas hospitalarias, sin test y sin elementos básicos de protección. También había unidad, por supuesto, en cuanto a los ataques a los trabajadores. Así lo manifestó en la reunión el presidente de Diputados Rodrigo Maia, al decir que hay necesidad de nuevas reformas.

La divulgación del video marcó un hecho: estamos más lejos de una presión política que obligue al procurador general de la República Augusto Aras a hacer la denuncia ante la Corte Suprema, que llevaría al Congreso a tratar el impeachment. Aras venía jugando para los dos lados del régimen: abrió una investigación contra Moro y una contra Bolsonaro, aunque fortaleciendo al bolsonarismo. Esta tarea se hace más fácil con la divulgación del video, ya que había muchas expectativas sobre las denuncias concretas que traería el video y finalmente no llegaron. No es por nada que Bolsonaro y el bolsonarismo hicieron declaraciones fortalecidas.

La debilidad de Moro hizo que todos los medios en las últimas horas pongan el foco en polemizar con las amenazas golpistas del general Heleno, el ministro jefe del Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia, o salir al ataque contra ministros como Salles, Weintraub y Damares, y dejar un poco más de lado la denúncia de Moro en sí, o justificarla con otros elementos, como declaraciones de la Policía Federal o del empresario Marinho. La discusión de si Bolsonaro seguiría en el poder o no se dislocó, sin con eso aplanar los choques entre las fuerzas del régimen golpista.

Consecuencias institucionales de la divulgación del video de la reunión ministerial

La profundización de la disputa en el régimen deja planteada la incógnita de cómo impactará en el Congreso y en las negociaciones que venían en curso. Aunque hoy pareciera que no serán afectadas, la cuestión sigue abierta. El tuit del expresidente noventista Fernando Henrique Cardoso revela la ubicación de la oposición burguesa que no ve mucho un camino inmediato: “Veo a juristas hablando de impeachment. Pregunta de quien desconoce: ¿no agregaríamos otro complicador? El caso es de impedimento por falta de sensatez. No se si existe en el arsenal jurídico. Lo hubo con Delfim Moreira, caso clínico. ¿Se aplica aunque sea difícil de comprobar? Lo dudo”.

Existen diversos crímenes por los que Bolsonaro podría ser acusado, vistas sus incontables acciones absurdas, como los actos frente al Planalto. La cuestión fundamental es que el gran escándalo nacional que haría insostenible la permanencia de Bolsonaro en la presidencia es una prueba cabal de que él quería interferir en la Policía Federal para ahogar la investigación sobre sus hijos involucrados en actos de corrupción y con las milicias, entre otras cosas.

En cuanto a cómo puede caer el video en la población, quizás podríamos ver una tendencia al fortalecimiento de los polos, aunque es muy pronto para establecerlo. Puede ser que quienes están en contra de Bolsonaro fortalezcan su odio luego de la podredumbre revelada al interior del Gobierno que odia a los pobres, a los pueblos originarios, a las mujeres y a los negros. La base social de Bolsonaro, que se viene manteniendo alrededor del 30 % (no necesariamente es siempre el mismo 30 %, ya que se modifican según la región del país, el nivel de ingreso, la escolaridad y el género).

La disputa entre bonapartismos en el régimen

Desde el comienzo de la pandemia se aceleró una disputa entre actores del régimen para ver quién asumiría el protagonismo en la crisis y en la configuración del régimen golpista. Los militares, más aliados a Bolsonaro sobre todo después de la salida de Sergio Moro del Gobierno, buscan distintas maneras para preservar el poder Ejecutivo y su campo de acción, mientras la Corte Suprema intenta controlar la situación política con sus ritmos, debilitando el Ejecutivo. Esa disputa quedó bien marcada en varios momentos, por ejemplo cuando la Corte Suprema definió por unanimidad que serían los gobernadores quienes decidirían sobre las cuarentenas, quitando ese poder de las manos del Ejecutivo, y por lo tanto de los militares que controlan el ministerio de Salud.

Ahora es evidente que la relación del gobierno con el Tribunal Supremo se degrada aún más y los elementos de la reunión ministerial son esenciales para traer una reflexión que se acelera: la disputa entre bonapartismos en el régimen.

Los militares muestran cada vez más su faceta autoritaria. El viernes pasado el general Augusto Heleno hizo una publicación con tono de amenaza refiriéndose a la intervención de las fuerzas armadas en la política tras el pedido que dirigió la Corte Suprema a Augusto Aras para la aprehensión del celular de Bolsonaro. En un tuit abiertamente golpista, Heleno afirmó que es intolerable que la Corte Suprema tome medidas como esa, y que si eso ocurriera, sería considerado “intento de comprometer la armonía entre los poderes” y “podría tener consecuencias imprevisibles para la estabilidad nacional”. Esa declaración brutal, que va más allá de lo que ya había dicho el general Villas Bôas cuando amenazó a la Corte Suprema en 2018, muestra que están escalando su papel en el régimen no sólo para controlar a los ministerios e iniciativas, sino para intentar imponerse sobre los poderes.

Después de la divulgación del video el presidente fue ofensivo, como se pudo ver en la entrevista que le dio a la radio Jovem Pan, donde dijo que no entregaría de ninguna manera su celular, desafiando a la Corte Suprema. Frente a eso, en seguida el juez supremo Celso de Mello afirmó que lo que dijo Bolsonaro podría ser un crimen de responsabilidad, por no atender una determinación de la Corte Suprema. Esto muestra una postura agresiva del Poder Judicial, respondiendo a la altura y marcando una correlación de fuerzas. El hecho es que estas cuestiones sin duda generan incomodidad en las Fuerzas Armadas, y la declaración de Celso de Mello marcó un ataque al Poder Ejecutivo que el Ejército no podría dejar pasar ya que él mismo se siente debilitado.

La postura de la Corte Suprema de ubicarse como árbitro en la disputa por la conducción de la pandemia ya estaba explícita con el hecho de elegir cuándo suelta lo que tiene encajonado, con posibilidades de hacer investigaciones arbitrarias. Un ejemplo es la investigación conducida por el juez Moraes contra quienes critican la Corte Suprema, en el roce con militares, al amenazarlos con obligarlos a declarar por la fuerza, a pesar de que son solo testigos y no reos.

Con este nuevo escenario, la disputa se profundiza y ambos actores siguen avanzando con sus métodos autoritarios. El pedido de la Corte Suprema a la Procuraduría General de la República sobre el celular hizo que Heleno, con el apoyo declarado tanto de Bolsonaro como del ministro de Defensa Fernando Azevedo, muestre su ADN golpista y amenace a la Corte Suprema, además de hacer que Bolsonaro desafíe al Poder Judicial por la radio diciendo que “solo una rata entregaría el teléfono”.

Este contexto de disputa entre la Corte Suprema y los militares se da en un momento de crisis orgánica, como definía Gramsci, donde hay ausencia de una hegemonía, varios factores que antes estaban subordinados hoy emergen en la disputa por imponerse a otros, y como marcaba el revolucionario italiano, trae consigo el peligro de soluciones de fuerza, de fortalecimiento de hombres carismáticos y el fortalecimiento de los sectores no elegidos por el voto popular.

Según Gramsci, “Cuando estas crisis tienen lugar, la situación inmediata se vuelve delicada y peligrosa, porque el campo queda abierto a soluciones de fuerza, a la actividad de potencias oscuras representadas por los hombres providenciales o carismáticos (...) Se habla de ‘crisis de autoridad’ y esto precisamente es la crisis de hegemonía, o crisis del Estado en su conjunto”. (C13 §23, redactado entre mayo de 1932 y primeros meses de 1934).

Frente a esto, hay en el escenario político un fortalecimiento de los actores no elegidos por el voto popular y el avance de sus métodos autoritarios. Estamos en una disputa entre bonapartismos, como definía Daniel Matos en octubre de 2018:

“Trotsky definía más en general al “bonapartismo” como forma de gobierno que busca elevarse por sobre los campos en lucha apoyándose más directamente sobre las fuerzas armadas en detrimento del parlamento para preservar la propiedad capitalista e imponer el orden. Ahora bien, en el caso de un gobierno de Bolsonaro en Brasil, no parecería necesitar todavía prescindir del parlamento (...) Para un gobierno así, que más bien corresponde a un período de incubación del bonapartismo, resulta útil la categoría de Trotsky de ‘pre-bonapartismo’”.

Hoy vivimos todavía un pre-bonapartismo en el que hay un avance autoritario para preservar la propiedad capitalista e imponer el orden, pero no hace falta prescindir del parlamento, como señala Mattos, o de la Corte Suprema, agregamos. Es posible comprar el parlamento, como intenta hacer ahora, o combinarlo con amenazas de los militares, como están haciendo ahora con la Corte Suprema. Ese proyecto bonapartista incluye en sí ocasionales tintes fascistas de Bolsonaro y de una parte de sus seguidores, que generan como respuesta la ubicación del Ejército como “árbitro” y que vaya ganando creciente poder en el régimen.

Esa fuerza que incluye como binomio a Bolsonaro y militares, muestra esta alianza pero no permite reducir una parte en la otra, y sin los militares el Gobierno de Bolsonaro tendría una debilidad muy profunda. En este ámbito, a pesar de la diferencia de quien aparece más, quien parece tener la primacía son los militares. Del otro lado vemos a la Corte Suprema y su protagonismo, junto con los gobernadores neo opositores como Dória y Witzel, Moro, sectores del Congreso y buena parte de los grandes medios de comunicación, batallando para preservar el protagonismo adquirido por la Corte Suprema en la creciente degradación bonapartista del régimen brasileño de 2016 a esta parte.

Está a la vista que la disputa fortalece el aspecto autoritario de ambos lados. Celso de Mello amenazó con usar la fuerza para llevar a declarar a los militares a la Policía Federal. Lo mismo con las absurdas declaraciones del general Heleno. Si de un lado el Poder Judicial puede conducir operaciones judiciales como se le plazca, por el otro tiene encima la amenaza de golpe por parte de la cúpula militar.

En “Bonapartismo y fascismo”, texto publicado en 1934, León Trotsky escribió: “Un gobierno del sable como juez-árbitro de la nación: precisamente eso se llama bonapartismo. El sable no se da por sí mismo un programa inde­pendiente. Es el instrumento del ‘orden’. Está llamado a salvaguardar lo existente. El bonapartismo, al erigirse políticamente por encima de las clases como su predecesor el cesarismo, representa en el sentido social, siempre y en todas las épocas, el gobierno del sector más fuerte y firme de los explotadores. En consecuencia, el actual bonapartismo no puede ser otra cosa que el gobierno del capital financiero, que dirige, inspira y corrompe a los sectores más altos de la burocracia, la policía, la casta de oficiales y la prensa”.

Retomando el concepto de bonapartismo que busca “elevarse por encima de las clases”, Trotsky nos ayuda a entender los movimientos de los militares y de la Corte Suprema, que buscan ser “instrumentos del orden” y actuar como “juez-árbitro de la nación”. En este fragmento, sin embargo, el gran revolucionario ruso también pone de manifiesto un aspecto fundamental, que desarrollaremos más adelante: el bonapartismo no puede ser otra cosa que el gobierno del capital financiero y eso queda evidente en la acción de cada una de las fuerzas bonapartistas por más que estén en conflicto.

La influencia del capital financiero

Después de que la reunión ministerial se hizo pública, un embajador estadounidense trumpista publicó un tuit hablando de la gran sociedad entre el gobierno estadounidense y el brasileño. Esa es una señal importante de Trump a su lamebotas en Brasil. Este hecho puede poner en escena otra señal importante de sostenimiento del Gobierno, un apoyo contundente que pesa en todos los actores institucionales brasileños.

Esta semana vimos que la reunión entre los gobernadores y Bolsonaro marcó un escenario de presión empresarial superior por la reapertura económica, lo que impuso un clima armonioso entre ellos. La publicación del video puede impactar en esa aparente armonía y afectar la relación de los gobernadores con el presidente, considerando su ofensiva y la de los ministros contra Doria y Witzel que se ve en la reunión. Sin embargo, la presión de los empresarios es un factor que marca la posición de un factor superior al que ambos actores responden.

O sea, los empresarios también disciplinan a los gobernadores, la Corte Suprema, los militares, como vimos durante la semana y se mantiene hasta ahora. Incluso la respuesta inmediata del mercado financiero en relación al video fue positiva. No es por nada que esto ocurre, considerando que en la reunión, lo que quedó patente no fue una preocupación con las vidas de las personas en medio de la pandemia, sino los debates de cómo atraer el interés del capital estadounidense a Brasil. Esto es explícito en los diálogos como el de Braga Netto con Guedes para facilitar la presencia extranjera en las licitaciones públicas, lo que podría ser uno de los motivos del apoyo de Trump al ingreso de Brasil a la OCDE.

Encontramos entonces una mayor presión para una penetración imperialista al país, y también de los empresarios que están preocupados en no perder mercado en la pandemia, mostrando la sumisión de los actores políticos al capital financiero y sus monopolios allí instalados, sean ellos las global players brasileñas o las multinacionales que de manos dadas se reunieron con Bolsonaro y la Federación de Industriales del Estado de San Pablo (Fiesp) el 14 de abril para organizar las aperturas de las cuarentenas. Bolsonaro intentó apoyarse primero en sectores como el de Luciano Hang, que proponía la misma apertura radical y abrupta, despuès en los empresarios que quisieron presionar con él a la Corte Suprema, y sin lograr consenso empresarial, mantuvo su intento sistemático de minar el aislamiento social día a día hasta que ahora, confluyendo con las aperturas en Estados Unidos y Europa hay un cierto consenso empresarial de abrir, tal vez no con la rapidez de Bolsonaro sino con un ritmo que implementen los gobernadores, aun en el pico de la pandemia, para salvar y garantizar las ganancias a costa de las vidas.

Entre las atrocidades de todo tipo vomitadas por las bocas de quienes apoyaron la dictadura, ninguno de los ministros, ni Bolsonaro, ni los militares ni la Corte Suprema hablaron de las más de 20.000 muertes en Brasil por la pandemia. Este es el futuro que quieren para los trabajadores: reformas para precarizar aún más y mantener las ganancias de los patrones; muertes, sea por el coronavirus o por la policía, como las de João Vitor, Rodrigo, Juan Oliveira y João Pedro, de tan solo 14 años, que ocurrieron esta semana. La crisis se desarrollará y la situación será cada vez más aguda desde el punto de vista sanitario, económico y social, pero en algún momento los trabajadores se van a levantar, imponiendo nuevos escenarios para el régimen político brasileño, y para eso hay que prepararse. Para que el descontento que esta situación fomenta encuentre una fuerza de izquierda que lucha para extender el odio contra Bolsonaro a su aliado Mourão, al todopoderoso Braga Netto, y que confíe que no vendrá de las manos de la Corte Suprema o del Congreso sino de la clase trabajadora y el pueblo pobre una respuesta no solo contra el Gobierno sino contra todo el régimen degradado.






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