Cultura

BANDA ORIENTAL

Artigas: independencia y reforma agraria

La experiencia política artiguista despierta rechazos y fervientes adhesiones como promotora del primer intento de reforma agraria latinoamericano. De eso nos ocuparemos en esta nota.

Liliana O. Caló

@LilianaOgCa

Domingo 9 de julio

Los sucesos de mayo de 1810 y más tarde la declaración de la independencia en 1816 inauguraron en el territorio del Río de la Plata un proceso de cambios profundos que, con todas sus limitaciones, condicionaron la futura configuración política de los grupos dominantes del país. Del Congreso de Tucumán, convocado el 9 de julio de 1816, no participarán las provincias que integraban el Litoral y la Banda Oriental alineadas al proyecto artiguista.

Artigas, el “General en Jefe”

La expansión del proceso iniciado en 1810 en Buenos Aires llega también al Litoral y provoca en la zona de la Banda Oriental importantes tensiones pues el centro del poder urbano (grandes hacendados y comerciantes) residente en Montevideo se había mantenido fiel al poder realista. En enero de 1811, el por entonces virrey Elío declara la guerra a Buenos Aires y dará lugar al “Grito de Asencio”, como se conoce a la resistencia criolla oriental.

Artigas, como capitán de la tropa de Blandengues, ofrece sus servicios a la Junta de Buenos Aires y convoca a sus compatriotas a seguirlo. Obtendrá los primeros éxitos sitiando la ciudad de Montevideo. Su figura gana influencia y protagonismo y el apoyo inicial que le brinda Buenos Aires, interesada en debilitar la resistencia realista, contribuye a reforzarlo. Sin embargo será un episodio pasajero pues ante la amenaza de invasión portuguesa a la Banda Oriental, ese mismo año, Buenos Aires se resiste a asumir los riesgos que provocaría el triunfo portugués en un momento en el que mantiene abierto el frente con el Alto Perú. El Primer Triunvirato pacta con Elío y deja aislado el levantamiento artiguista. Ante este escenario, Artigas y los sectores de la campaña que lo siguen rechazan el acuerdo y ya como su “General en Jefe” encabeza la retirada de la ciudad, conocida como el éxodo oriental en octubre de 1811, reafirmando su liderazgo popular e iniciando un camino de tensiones con la elite oriental y de Buenos Aires.

Un nuevo poder

Los actores del campo artiguista se caracterizaron por su heterogeneidad social: desde vecinos emigrados de la ciudad, grupos propietarios [1], sectores populares (negros y zambos libres, gauchos y criollos pobres), ocupantes sin títulos de propiedad y originarios (como los guaraníes misioneros), todos vinculados mayoritariamente al mundo rural. La campaña se irá convirtiendo en el centro de un nuevo poder político en construcción, destacando liderazgos locales que, frente a los escenarios de guerra y las maniobras porteñas, contaban con recursos y condiciones para mantener y reclutar fuerzas para los ejércitos haciendo de los sectores rurales bajos su principal base de apoyo.[2]

El Reglamento Provisorio

Desde 1810 hasta 1815 el éxodo y las sucesivas guerras habían provocado en la campaña oriental no solo la ruina y desorganización de los circuitos y tierras productivas, sino que habían debilitado el poder de hacendados y comerciantes, los notables de Montevideo, que en función de conservar las prósperas relaciones comerciales con el mercado europeo ven la necesidad de poner fin a la inestabilidad regional.

El artiguismo supo aprovechar la coyuntura heredada luego de años de sitio y ocupación de Montevideo por las tropas de Buenos Aires (1812-1814) para lograr imponer y conciliar con la elite montevideana no sólo su proyección política sino un serie de reformas de inclusión, dentro de una nueva economía “legal”, de todos aquellos excluidos por el viejo monopolio español (como los hacendados ocupantes que no poseían títulos de propiedad y jornaleros eventuales, muchos habituados al pillaje).

De este modo, hacia 1815 admitirán la necesidad de avanzar en la normalización del poder político, restablecer el orden y resolver la incerteza que rodeaba la propiedad de las tierras y los ganados (la principal mercancía era el cuero y la tierra el principal medio de producción), la normalización y control de los ingresos fiscales con los que se habían buscado fuentes alternativas de recursos. La urgencia económica y la confluencia de estos intereses serán las condiciones que permitirán la inestable convergencia entre el movimiento artiguista y las elites tradicionales y harán posible la promulgación del Reglamento Provisorio. En estos términos lo plantea Halperín Donghi: “La promulgación del reglamento se debe a una iniciativa del cabildo; en las primeras etapas de su preparación tuvo un papel dominante la opinión de los hacendados (impacientes porque no cesaban las exacciones arbitrarias de ganados por parte de las fuerzas militares artiguistas en la campaña”. Es decir, un intento de programa para la reconstrucción del orden social y productivo compartido por Artigas.

Reactivación productiva

El “Reglamento Provisorio de la Provincia Oriental para el Fomento de la Campaña y Seguridad de sus Hacendados” cuenta con 29 artículos. Su objetivo estratégico era recomponer el orden, reconstruir una autoridad y administración civil y asegurar la vía más inmediata para la recuperación económica, a través de la reducción de la gran propiedad de tierra y el incremento de su rendimiento.

Los primeros artículos apuntan a reconstruir y delimitar las atribuciones de los poderes políticos locales, dejando en el gobierno de Montevideo el mando de las decisiones finales.

Se necesitaba recomponer y disponer de fuerza de trabajo. Para ello los artículos 6 y 7 plantean que “el señor alcalde provincial y demás subalternos se dedicarán a fomentar con brazos útiles la población de la campaña” y “para ello revisará cada uno, en sus respectivas jurisdicciones, los terrenos disponibles; y los sujetos dignos de esta gracia con prevención que los más infelices serán los más privilegiados. En consecuencia, los negros libres, los zambos de esta clase, los indios y los criollos pobres, todos podrán ser agraciados con suertes de estancia, si con su trabajo y hombría de bien propenden a su felicidad, y a la de la provincia”.

El artículo 27 en el mismo sentido planteaba que las autoridades deberán “velar sobre la aprehensión de los vagos”. Señalaba que era una tarea de los hacendados otorgar “papeletas a sus peones, y los que hallaren sin este requisito, y sin otro ejercicio que vagar, serán remitidos” o reclutados para los ejércitos. Se obligaba a formar “un rancho y dos corrales en el término de dos meses, los cuales eran extensibles a tres” a riesgo de perder sus terrenos.

Para obstaculizar la tradicional matanza de ganado salvaje y restablecer el stock perdido por los años de conflicto, el artículo 23 planteaba la prohibición de “las matanzas a los hacendados, si no acreditan ser ganados de su marca”. Del mismo modo, el ganado al que podían acceder provenía de las estancias europeas o de los “malos americanos”, como quedaba estipulado en el artículo 22. Los artículos 25, 27, 28 y 29 cerraban las disposiciones estableciendo las autoridades y atribuciones para resguardo de la propiedad y el orden.

Reforma agraria

El Reglamento cuenta con artículos y disposiciones económicas claves para asegurar la recuperación y rápida explotación de la tierra. De carácter provisorio como el mismo Reglamento, los artículos 12 y 13 promovían la distribución de la tierra para que “los más infelices sean los más privilegiados” (artículo 6) y representan las propuestas más populares al beneficiar a quienes más habían sufrido el empobrecimiento general que provocaron los años de guerra y la apertura comercial.

El artículo 12 planteaba que las tierras a distribuir serían obtenidas de “aquellos de emigrados, malos europeos y peores americanos que hasta la fecha no se hallan indultados por el jefe de la provincia para poseer sus antiguas propiedades”, es decir, aquellos sectores que habían abandonado su residencia en la región, rechazado la ruptura con la metrópoli y emigrado. O como señalaba el artículo 13, “serán igualmente repartibles todos aquellos terrenos que desde el año 1810 hasta el de 1815, en que entraron los orientales a la plaza de Montevideo, hayan sido vendidos o donados por ella”.

Es decir, la reforma agraria restringía la distribución de la tierra a las públicas y abandonadas. Por eso, al tiempo que realizaba esta distribución entre “los más infelices” o que nada tienen, preservaba la estructura de propiedad que concentraba extensas tierras entre pocos dueños. No era la expresión de un proceso popular revolucionario sino resultado de una combinación de intereses económicos y políticos que buscaban la reactivación de la economía rural y la consolidación del poder de Artigas como caudillo popular. Lejos estuvo del contenido revolucionario que se le atribuye, en el sentido de una reforma agraria radical de transformación de la propiedad de la tierra o de promover un nuevo orden productivo. Para completar el cuadro, se dejaba asentado el carácter provisorio de dicha distribución al explicitar en el artículo 19 su vigencia hasta el “arreglo formal de la provincia”.

El Reglamento de implementación relativa no cumplió sus objetivos. La elite montevideana lo abandonará rápidamente, e incluso algunos de los líderes artiguistas optaron por mantener las más redituables prácticas de la campaña en guerra.

Final

La experiencia que promueve Artigas contiene elementos innovadores frente a las propuestas conservadoras y centralistas de las elites montevideana y la hegemonía porteña, para la que el proyecto artiguista de conjunto significaba no solo la resignación de tierras valiosas y recursos sino también reforzar la potencial amenaza que el puerto de Montevideo representaba para el circuito comercial del litoral.

El proyecto económico y político de Artigas no encontrará aliados duraderos, a excepción del Litoral cuyas oligarquías vieron en la solución artiguista una alternativa realista para alejarse del centralismo que Buenos Aires, la antigua capital del Virreinato, se negaba a abandonar, rechazando el establecimiento de nuevas condiciones para la distribución de los ingresos aduaneros, la libre navegación fluvial y los proyectos de centralización política.

Será en el terreno político donde reside la real disidencia de la elite con el poder artiguista. Este movimiento venía acompañado de un alegato político sustentado en la “soberanía de los pueblos” (de la tradición hispánica) que si bien no significaba el ejercicio efectivo del poder popular ponía en cuestionamiento las jerarquías tradicionales y se traducía como una tensión amenazante, agitando el fantasma de la insubordinación. En el contexto de debilitamiento del poder estatal, la elite oriental deseosa desde 1810 de encontrar un nuevo equilibrio, sostuvo como prioridad asegurar el fin de la movilización, fuente del poder político artiguista. Ese momento llegará. La invasión luso-brasileña de 1816 le ofrecerá una oportunidad para cambiar esta relación de fuerzas y desterrar cualquier vestigio de la experiencia artiguista.

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[1] Entre los hacendados orientales se encontraban los vinculados al monopolio español y aquellos que bregaban por el libre comercio, de los cuales un sector se sumará al exilio con Artigas, en el llamado éxodo oriental, mientras que otro permanecerá en la ciudad.

[2] Esta confluencia no estuvo exenta de conflictos. Más de una vez Artigas debió mediar entre sus comandantes y su Estado mayor, compuesto por intelectuales hacendados partidarios del libre comercio y en su mayoría poseedores de esclavos. Un registro censal del propio Artigas, durante el éxodo, refleja de un total de casi 900 familias, sin contabilizar la tropa que: 25 familias con muchos esclavos (más de cinco), bienes de 700 pesos por persona. Entre ellas estaba la propia familia Artigas liderada por don Martín que llevaba consigo 8 esclavos. Otra familia eran los Rivera que llevaban 16 esclavos; 130 familias con varios esclavos (hasta cinco) y bienes en promedio de 125 pesos por persona; 450 familias que poseían un carro propio con sus cosas, pero no tenían esclavos, bienes promedio de 50 pesos por persona. Estos representaban el sector mayoritario, eran los llamados ocupantes sin títulos de propiedad bajo el régimen colonial; 270 familias sin transportes, esclavos, ni bienes. Se contabilizan en total 500 esclavos. Artigas aclara que no contabiliza tropa, hombres sueltos, ni familias que acampan distantes, ni a "los que van llegando", como muchos esclavos que se sumaban a sus filas.

Fuentes

  •  Tulio Halperín Donghi, Revolución y guerra: formación de una élite dirigente en la Argentina , Siglo Veintiuno Argentina, 2005.
  •  Milciades Peña, Historia del pueblo argentino, Emece, 2012.




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